El 21 de marzo del 2014 a Belén la panza le dolía de un modo insoportable. Su mamá decidió acompañarla a la guardia del Hospital Avellaneda, en San Miguel de Tucumán. Nunca se imaginó que –en busca de calmar el dolor– encontraría el dolor más grande de su vida. Belén tenía 25 años y no tenía panza ni sabía que estaba embarazada, pero la acusaron de homicidio por la muerte de un feto, encontrado en el baño del hospital, y con el que jamás realizaron pruebas de ADN. A pesar de la falta de pruebas y pericias, el 19 de abril de este año la Sala III de la Cámara Penal la condenó por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. Su condena se convirtió también en una forma de disciplinamiento ideológico a todas las mujeres que pueden llegar a un hospital pública con dolores, sangrados o infecciones, después de un aborto espontáneo o provocado. La condena de Belén fue la condena a todas al callejón sin salida de la cárcel o la muerte. La decisión de la Corte Suprema tucumana de decretar su liberación también fue un triunfo colectivo del movimiento de mujeres que expandió como un grito la victoria de la orden de liberación. El viernes 12 de agosto, en todo el país, hubo marchas para pedir su libertad. Y esa libertad resopló, como viento de alivia, para Belén y para todas.

–Ni loca volvería a un hospital –le dijo Belén a Las/12, a través de una carta entregada a su abogada, en una nota publicada el 29 de abril del 2016. La sentencia a Belén no es inocente en un contexto de reacción conservadora frente a las mayores demandas del movimiento de mujeres contra la violencia machista y por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero sí tiene graves consecuencias. Cualquier mujer que pierda un embarazo buscado o por accidente o que tenga dolores o hemorragias después de un aborto con misoprostol puede tener miedo de entrar libre a un hospital y no volver a su casa ni caminando, ni en ambulancia, sino ser llevada en patrullero ante las sombras de su cuerpo.

Belén se acostaba por las noches con el aire ahogado en encierro y con la presente ausencia del padre (que no quería verla presa sino esperar a reencontrarse con ella en libertad) como el horizonte cortado por los pasos cercados. Solo Belén sufría el encierro. Pero la pluralidad de voces que dijeron “Belén somos todas” tampoco era solo una consigna. Su causa judicial se convirtió en un caso testigo que podía arrinconar a más mujeres a doblegar su vientre con tal de no concurrir a un hospital teñido de enemigo. Y su libertad, en cambio, se vuelve un desafío al encierro del cuerpo.

¿Tu caso puede espantar a otras mujeres de los hospitales?

–Creería yo que sí, por miedo –dijo Belén.

¿Te enteraste de que hay mujeres de todo el país pidiendo tu libertad?

–Les agradezco de corazón porque de sentirme tan sola pase a estar acompañada –resaltó los lazos del movimiento de mujeres.

El principio del fin de la injusticia

Por eso, el martes 16 de agosto la decisión de la Corte Suprema de Tucumán (con la firma de Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse) de terminar con la detención de Belén generó una ronda de palabras, abrazos y alivios. Las rejas a la salud de las mujeres se volvían a abrir. No sin costos y sin vendettas. El nombre real de Belén –que pide explícitamente resguardar su identidad para preservar su intimidad y la de su familia en un barrio popular de la ciudad de Tucumán– fue revelada por los mismos jueces (Dante Ibáñez, Fabián Fradejas y Rafael Macorito) que la condenaron en una nota del diario local La Gaceta.

La causa era insostenible procesalmente por falta de pruebas. Pero la defensora oficial –lo de defensora no es literal– no la defendió a pesar que había diferencias entre la edad gestacional que constan entre los testimonios de los médicos que la atendieron, las actas policiales y la autopsia del feto que varían entre las veinte y las treinta y dos semanas. Y nunca, en dos años de proceso judicial se corroboró, a través de un ADN, la relación genética con Belén. La abogada de Católicas por el Derecho a Decidir Soledad Deza se enteró del caso y, a partir de su estrategia jurídica, comenzó la pelea pública y la adhesión de organismos de derechos humanos y de Amnistia Internacional que juntó 120.000 firmas para su liberación. Además, el ministro fiscal Edmundo Jiménez recomendó la liberación de Belén por falta de fundamentos para extender su prisión preventiva.

Por supuesto, el camino de la orden de liberación es apenas un primer paso. Pero un paso fundamental fuera de prisión. “Con Belén lloramos y nos abrazamos. Ella quiere reencontrarse con su familia, pero no se sabe donde va a estar porque el asedio de los medios es muy fuerte, en parte, promovido por los jueces que la condenaron y salieron a hacer una nota en el diario La Gaceta revelando el nombre verdadero de Belén. Hay una especia de vendetta que es lamentable. Hay un ensañamiento con ella como una muestra más de poder de la lógica patriarcal y de un ego herido. Ojala le permitan que retome su vida”, reclama Soledad Deza.

Deza aclara la dimensión de la decisión de la Corte Suprema de Tucumán y valoriza: “No le dieron detención domiciliaria, ni cese de presión, lo que hizo la Corte que es mucho más importante, es anular la prorroga de la prisión preventiva que había impuesto la Cámara en la sentencia del 19 de abril. No hay justificación para el encarcelamiento preventivo y han valorado que nunca hubo riesgo de fuga. La vamos a tener libre como queríamos y la vamos a tener absuelta. Es el principio del fin de la injusticia”.

El principio del fin de la injusticia no es el final. Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) nombra lo que falta: “Ahora la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) tiene la oportunidad de dictar una sentencia que se asiente en los derechos humanos de las mujeres y que anule la condena de Belén y que de un mensaje claro a los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas y a las mujeres y niñas de Tucumán que no las desaliente a asistir a los servicios de salud. Belén va a recibir la sentencia de la Corte en libertad. Esperamos que la decisión de la CSJT permita modificar esas prácticas para garantizar plenamente los derechos humanos a las tucumanas: a la salud, a la justicia, a una vida libre de violencias”.

Ni la cárcel ni la muerte

–“Hija de puta, mirá lo que hiciste, mataste a tu hijo”, me dijo un enfermero que me maltrató física, moral y psicológicamente –recordó Belén palabra por palabra la violencia institucional y a su salud sexual y reproductiva, incluida en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 24.685- que sufrió en el Hospital Avellaneda, de San Miguel de Tucumán.

“Lo más violento de este caso es que Belén va al hospital con un problema de salud y el equipo viola la privacidad, la confidencialidad y judicializa una situación a partir de asumir prejuiciosamente que Belén se había inducido un aborto. Es la subversión del principio de confianza en el hospital y en el equipo de salud. El hospital no debe denunciar porque, como dice el plenario (en el fallo) de Natividad Frías, incluso, la autoincriminación obtenida bajo la coerción de salvar su vida no tiene validez”, señala la médica Mariana Romero, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Por eso, el caso de Belén es testigo en su prisión (para asustar a muchas otras mujeres) y en su libertad (para preservar su vida y su integridad):

“Si creamos ese clima de denuncia las mujeres no van a ir a los hospitales o van a ir muy tardíamente y las consecuencias sociales van a ser el aumento de la morbilidad (las secuelas para la salud como quedar estéril o con una infección crónica) y la mortalidad materna. Las mujeres tienen que ir al hospital cuando están con un aborto en curso y no tener miedo que las denuncien”, resalta Romero.

La salud de las mujeres es una deuda de la salud pública con sus ciudadanas y con sus compromisos internacionales. En 1990 Argentina firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con Naciones Unidas, en donde se comprometía a bajar, en el 2015, tres cuartos de su mortalidad materna: la cantidad de mujeres que se mueren por embarazo, parto o puerperio. En la Argentina la primera causa individual de la mortalidad materna son los abortos clandestinos. Sin embargo (aún cuando todavía se desconocen las cifras del 2015) se estima que nuestro país no cumplió con su compromiso. La Argentina tendría que llegar a una tasa de 1,3 muertes de mujeres por cada 10.000 nacidos vivos y, en cambio, en el 2014 murieron 3,4 mujeres cada 10.000 nacidos vivos.

¿El caso Belén implica un antes y un después en el sistema de salud? Sí, para la médica Viviana Mazur, integrante del Programa de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Trasmisión Sexual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipo de Salud (Amges). “Los profesionales de la salud debemos aprender de estas situaciones que tanto dolor producen y que nos alejan de la misión fundamental que es la de cuidar la salud de las mujeres. Belén no tuvo la suerte de cruzarse con un profesional que actúe en ese sentido. Eso imprimió un costo personal a la joven y a la sociedad que tiene que servirnos como ejemplo de lo que no se debe hacer. La denuncia por parte de los profesionales sobre las mujeres que transitan una situación de aborto solo empeoran los indicadores de mortalidad materna e implican una mala práctica que va en contra de los deberes éticos de la medicina.”

Vanina Escales, integrante del colectivo Ni Una Menos enfoca la desigualdad económica y social que representa el caso de Belén: ¿Hay alguna chica de clase alta o media presa por abortar? No. Hay un trato estatal clasista hacia las mujeres contra el que vamos a tener que seguir saliendo una y otra vez. Tucumán no tiene ni siquiera protocolo de acceso al aborto legal, ¿qué garantías van a tener las mujeres que se acerquen a un hospital? Con Ni Una Menos vamos a seguir reclamando aborto legal, seguro y gratuito y nos vamos a acompañar con solidaridad en el mientras tanto.

Otra dimensión que refleja el caso Belén es el contrapunto entre el avance de un movimiento de mujeres fuerte, horizontal y con la voz y el cuerpo en la calle y medios de comunicación que cuentan noticias con perspectiva de género como excepción y no como regla informativa. Una de las honrosas excepciones que llevo su cámara y su voz a Tucumán fue la periodista Gisela Busaniche que realizó un informe especial sobre Belén para Telefe Noticias. “Belén ni siquiera sabía que estaba embarazada. Tenía un antecedente, lo mismo le había pasado a su madre, pero no fue usado en el juicio por la defensa. Belén no tenía panza, pero tampoco la defensa pidió foto para presentarla. Belén no tuvo defensa hasta el día anterior a su condena cuando la abogada Soledad Deza se entera que hace dos años hay una chica presa por un aborto espontáneo sin complicaciones”, subraya los baches de la causa Gisela. Y cuenta su recorrido periodístico: “El caso me llegó por Rodolfo Barili. Sí. Me llegó por un hombre que leyó lo que pasaba, le llamó la atención y pensó en mi para que lo siguiera. Ahí empezaron los llamados a Tucumán. Sé que informar desde un medio hegemónico, desde uno de los noticieros más vistos del país es un desafío. Sé que los diarios tradicionales no tocaron el caso Belén objetivamente o al menos de manera neutra y la criminalizaron sin preguntar. Sé de la lucha de las organizaciones sociales y de mujeres para visibilizar su caso. Pero, esta vez, y otras tantas veces, un medio importante como Telefe Noticias le dio el espacio necesario para generar conciencia. Y me siento orgullosa de eso. No sólo por mi, sino por ese jefe que me acercó la noticia, por las productoras comprometidas con el caso y por el equipo de camarógrafos tan sensible y atento a todo lo que pasaba y por la edición y montaje, tan involucrada en contar bien la historia. Contamos la historia del sufrimiento de Belén y en nombre de ella, la de muchas chicas que pasan lo mismo con una causa judicial que se abre por un embarazo perdido. Valió la pena. Bienvenida Belén a la libertad”, augura Gisela.

En el diario La Nación la renovación digital trajo mucha noto y foto hot, pero el sexo es solo para calentar la pantalla touch. El recambio en pos de mayor libertad todavía es una deuda. “Tucumán: condenan a una mujer por matar a su bebé y ella dice que fue un aborto espontáneo”, titularon, por ejemplo, el 29 de abril. Hay algunas noticias que La Nación, La Gaceta e Infobae no apuntaron: cualquiera de sus lectoras podría tener un aborto (espontáneo o provocado) y terminar presas. Y Argentina podría convertirse en El Salvador del sur donde hay mujeres (ver página 6) condenadas a prisión por perder un embarazo. No son fenómenos azarosos, sino la reacción contra los pedidos de aborto legal o la implementación de abortos no punibles o legales en toda Latinoamérica. Las condenas judiciales son un ensañamiento que no tienen una larga historia, sino que son fruto de una reacción conservadora contra la libertad de las mujeres.

En Argentina la gran deuda de la democracia es el aborto legal, seguro y gratuito y la aprobación del proyecto presentado en el Congreso de la Nación. Sin embargo, sí todos los casos de interrupciones voluntarias del embarazo pueden ser legales ya que el fallo F.A.L., de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 2012, establece que en casos de violencia sexual, embarazo inviable, riesgo para la salud o vida de la madre los abortos pueden practicarse o facilitarse (generalmente a través de misoprostol) en centros de salud y hospitales públicos. Si una mujer cree que un embarazo puede perjudicarla en su salud física o mental puede acceder a una práctica segura. En abril del 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó la última versión del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. El documento obliga al sistema sanitario a cumplir con todos los abortos de las personas víctimas de una violación o cuya vida o salud corre riesgo. Y el criterio de salud debe ser amplio e incluye la salud emocional y mental y los riesgos del parto.

De hecho, si bien las cifras reales son más altas (por cinco provincias que no notificaron sus datos y otros centros de salud con sub registros), según cifras oficiales a las que tuvo acceso Las/12, en el 2014 se realizador 400 interrupciones legales del embarazo y, en el 2015, 500 abortos legales en hospitales públicos de todo el país registrados por el Ministerio de Salud de la Nación.

El avance no fue co el título de la aprobación de una ley de aborto legal, pero sí de abortos legales avalados por la Corte Suprema de Justicia y normativas sanitarias. ¿El aborto es legal? No. ¿Hay que dejar de reclamar que el aborto sea legal? No. ¿Una mujer puede pedir un aborto legal si es violada, si va a sufrir depresión por un embarazo o no quiere pasar por un parto o si el feto tiene anencefalia? Si. ¿Hoy por hoy todas las mujeres pueden reclamar por una interrupción voluntaria del embarazo? Sí. El aborto no es legal, pero los abortos sí son legales.

La diferencia e inequidad está entre las mujeres con lupa para conocer y exigir sus derechos y los equipos de salud y jueces que se encarnizan con las mujeres más vulnerables como reacción conservadora frente a la conquista de más derechos. El abismo se da entre mujeres de distintas clases sociales; distintas edades y niveles de empoderamiento, acompañamiento y autonomía y distintos servicios de salud amigables o –llanamente– enemigos.

Belski describe los obstáculos para que las mujeres puedan acceder a los abortos legales en nuestro país: “La influencia de la iglesia sobre los sectores populares y sobre los gobiernos nacional y locales; la falta de incorporación normativa expresa de las prestaciones que demandan los casos de aborto no punible como prácticas esenciales del servicio de salud”.

La abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) remarca: “El caso de Belén muestra un patrón de violencia institucional. En este caso se violó el secreto profesional y se empezó una investigación, plagada de irregularidades, que terminó en la escandalosa condena a Belén. Los protocolos para la interrupción legal del embarazo, que están vigentes a nivel nacional y en varias provincias, tratan de establecer los mecanismos para la adecuada atención para evitar la violencia institucional a la que se enfrentan muchas mujeres cuando la interrupción voluntaria del embarazo debería estar disponible en los centros de salud como cualquier otra práctica médica para que la atención del aborto legal sea accesible, rápida, segura y eficiente”.

La activista feminista de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Celeste Mac Dougall subraya: “El caso de Belén muestra las trabas y dilaciones en relación a los abortos que sí son legales en nuestro país y la constante negativa del Estado de debatir y sancionar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todas las acciones que no respeten los derechos de las mueres son medidas aleccionadoras para todas las mujeres. Por eso nosotras tomamos ese eje y lo invertimos. Belén somos todas y por eso la vamos a liberar”.