Galeano tiene que rendir cuentas de qué hizo durante la investigación. Creo que antes de fin de año el plenario tomará una decisión (por la destitución o no), debería hacerlo dada la gravedad institucional”, afirma la diputada Marcela Rodríguez, miembro del Consejo de la Magistratura. Desde que, la semana pasada, el presidente Néstor Kirchner no aceptara la renuncia del juez Juan José Galeano, el Consejo tiene vía libre para decidir si las irregularidades por las que se lo acusa –lo actuado durante los 9 años que estuvo al frente de la Causa AMIA– permiten su destitución. El jueves 30, el juez deberá ejercer su legítima defensa y hacer su descargo frente al Consejo, el cuerpo encargado, entre otras cosas, de seleccionar y evaluar la conducta de los jueces federales en actividad. Está formado por 20 miembros, entre diputados, senadores, jueces, abogados, académicos y representantes del Ejecutivo y de la Corte Suprema.
La causa contra el juez Galeano empezó en diciembre de 2001. La instrucción estuvo en manos del diputado justicialista Jorge Casanovas hasta el año pasado, cuando adujo que debería llevarla la Comisión de Acusación por la gravedad del hecho. Desde entonces, el abogado Beinusz Szmuckler y Rodríguez impulsan la investigación.
–¿Cuál es la situación hoy?
–Para mí en este momento las medidas de pruebas ya están agotadas. Ya hemos recolectado toda la documental, tenemos los testimonios que fueron necesarios para impulsar la investigación y presentamos, casi al unísono que saliera la sentencia del Tribunal Oral, un pedido para que venga Galeano a hacer un descargo.
–Además, del pago de 400 mil pesos/dólares a Telleldín y del famoso video entre éste y Galeano, ¿cuáles son los cargos?
–Durante el debate del juicio oral ante el Tribunal Oral de la AMIA, una serie de testigos, unos 17, dicen que fueron coaccionados, intimidados, amenazados por personal a cargo de Galeano. Lo cual marca que el juez de ninguna manera podía estar ajeno: o bien era un juez permisivo o bien lo ordenaba o bien no podía controlar absolutamente nada de lo que sucedía en su juzgado. La otra cuestión era que había cámaras en el juzgado que filmaban a los testigos y a los imputados sin avisarles. Y en algún momento, cuando aparece el video con Telleldín, manda a destruir todos los demás.
–También abría legajos paralelos.
–Sí. Tenía un expediente principal y armaba expedientes paralelos, que no permitía ver a las defensas o alguna de las partes. Había cientos de legajos paralelos. Después, hay una falta de preservación de prueba. Esos 66 casetes que se dieron a conocer cuando Kirchner dijo que los habían encontrado y después dijeron que no los habían encontrado, eran casetes con escuchas al teléfono de Telleldín que había en Policía y en la SIDE. Y dicen que los volvieron a grabar. En realidad lo que no había era una orden judicial que los resguardara, como tampoco se preservaron los escombros. De la misma manera, llegó tarde a pedir los libros de guardia de las comisarías que estaban custodiando la sede de la AMIA para saber quiénes estaban ese día. Además, para resumir, no avanzó en la pista internacional.
–¿Cuál es la hipótesis del Consejo?
–Te puedo decir la que tiene el Tribunal Oral: dice que Galeano construye una hipótesis incriminatoria, por un lado, para satisfacer las demandas lógicas de la sociedad y, por otro lado, para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos.
–¿Quiénes son esos gobernantes?
–Lo que hace el Tribunal Oral es denunciar a la SIDE, a (Carlos) Corach y yo creo que la responsabilidad va más arriba y le llega a (Carlos) Menem. En uno de los atentados más graves que hubo en la historia argentina es inconcebible suponer que el presidente no sabe lo que está sucediendo.
–¿Qué puede pasar después del descargo de Galeano?
–El puede ofrecer prueba. Hasta ahora ofreció una prueba a la que todavía no le hicimos lugar: que vinieran a declarar (el juez de la Corte, Eugenio) Zaffaroni y (el ministro de Seguridad bonaerense, León) Arslanian. Ellos habían sido contratados o convocados por una de las querellas a hacer un informe sobre las dificultades que enfrentaba la investigación del caso AMIA. Yo en su momento dije que no servía como prueba porque en realidad lo que hacen estos juristas es ir hacia los obstáculos que Galeano enfrentaba hacia fuera para seguir adelante con su investigación pero no analizan las irregularidades que pudo haber cometido Galeano. Después del descargo se decide si se formula la acusación y se pasa al plenario, en el que se necesitan dos tercios de los votos, lo que no es un dato menor porque durante este año ya llevamos cuatro casos con un dictamen acusatorio y no llegamos a tener los dos tercios para acusarlo.
–¿Y cómo evalúa este caso?
–Me parece que acá hay una gravedad institucional muy importante. Hay mucha atención de la opinión pública, cosa que no pasaba en otros casos. Y la contundencia de la decisión del Tribunal Oral también es muy fuerte.
Pero también hay otra discusión. La diputada Lelia Chaya quiere que vayan a declarar todos los miembros de la Comisión bicameral de seguimiento a los atentados de la embajada y la AMIA, lo cual implicaría un retraso importante en la investigación. Porque, entre otras cosas, el Tribunal Oral denuncia a muchos de los miembros de la Comisión, por lo tanto podrían estar en situación de tener que declarar contra ellos mismos.
–¿Este es el juicio más grave que afronta el Consejo?
–En realidad no tenés ningún hecho tan grave como el atentado, podés tener irregularidades pero en otro contexto. Acá lo que me parece que da mayor gravedad institucional es justamente el marco de la irregularidad y el hecho de que a diez años del atentado estemos ante esta situación de impunidad. Galeano tiene que rendir cuentas de qué hizo durante la investigación.
Actualmente, Galeano sigue en funciones y tiene, entre otras causas, un juicio por enriquecimiento ilícito contra (Néstor) Kirchner. Por eso algunos creen que habría recibido un guiño del entorno presidencial para presentar la renuncia, escapando así al juicio político y asegurándose el cobro de la jubilación de privilegio. Si el Consejo se pronuncia a favor de la destitución del juez, será un paso adelante para empezar a destejer estos diez años de impunidad. Además, recién a partir del pronunciamiento Galeano podría ser obligado a cesar en el ejercicio de su actividad. El paso siguiente sería someterlo a un Juri (Jurado de Enjuiciamiento), que tiene la última palabra.