La casa de los padres de Angela queda en un barrio popular alejado del centro de la ciudad. Algunas mujeres conversan en las veredas, hay ropa secándose en los patios y bandadas de perros olisqueando las calles. Unos niños bailan y cantan: “Mami, mami... Yo voy a toa’ por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, a cualquier hora”. Una señora con cara de enojada abre la puerta y me pregunta bruscamente qué quiero.
–Soy periodista y vengo a hablar con Mariano y Claudia de Sánchez, padres de Angela –comento mientras le entrego una caja de donas.
–Ellos no están y no creo que tengan nada que decir a la prensa –responde intentando cerrar la puerta, pero mi pie no se lo permite.
–Tal vez podríamos hablar sólo un momentito, es importante que estas cosas se conozcan.
–¿Para qué? La única justicia posible está en las manos de Dios. Yo ya les he dicho a ellos que no se metan en líos, que a mi nietecita no se la puede revivir.
A media cuadra de la casa de los Sánchez está la estación de los bomberos municipales, la misma que a principios de junio atendió la llamada de emergencia de un vecino que escuchó cinco tiros frente a su casa. El oficial Erick Arroyo no se acuerda del caso en particular pero me cuenta que ellos siempre son los primeros en llegar al “suceso”. Cuando la persona ya está muerta deben proteger los alrededores de los curiosos para que no se pierdan evidencias. En diez años de ser bombero ha observado que son los mismos policías los que cometen errores garrafales, como caminar sobre charcos de sangre, levantar y tocar los casquillos de las balas o mover el cadáver; es decir, en palabras del mismo oficial, “hacer pozoles la escena del crimen”. De pronto, Arroyo parece recordar el caso de Angela.
–¡Ah, fue la niña de quince años que apareció aquí en el sector 6 hace algunos meses! Tenía cuatro orificios de proyectil –comenta, mientras señala en su propio cuerpo los puntos en los que sangraba–. Recuerdo que la encontramos todavía viva; la llevamos al hospital pero falleció a los cinco minutos.
Regreso con los padres de Angela, que me dan sólo unos minutos de su vida.
–Mi hija “se creció” mucho, por eso ya no quiso seguir estudiando, sólo sacó su tercero primaria. Tres días antes de que la mataran, vino a visitarme una patoja; me dijo que tuviera cuidado porque iban a matar a mi hija. Yo le dije a la nena que no saliera, pero me pidió permiso para ver al novio, un piloto de bus. Ella estaba esperando, parece que tenía cuatro meses de embarazo y se iba a ir a vivir con él, aunque él era casado. Esa fue la última vez que la vi. Al principio, íbamos al juzgado a ver cómo iban las cosas, pero un día apareció la casa pintada con spray. A saber qué decía, yo no entendí las letras, pero me amenazaron. Tuvimos que alquilar en otro lado pero sólo pudimos un mes, entonces mejor regresamos con la suegra, ya ve que tengo otros cuatro hijos y no quiero líos.
Por las características del asesinato de Angela, seguramente su caso será engavetado y clasificado por la policía como “problemas de pandillas o maras” y pasará a formar parte del 81% de las muertes de mujeres en las que nunca se logra hacer justicia.

“El oficial tiene sus grupitos de asesinos y les dice cómo tienen que matar. Hoy van a degollar o guindar con alambres, hoy violan a todas las mujeres (...) las violaban, las ponían a cuatro patas, luego les disparaban metiendo el arma en el recto o en la vagina... También mandaban a hacer percha con las mujeres... por una sola pasan 20 o 30 soldados. Si caía bien la mujer, la dejaban ir, a otras las mataba el último que pasaba con ella...”, así describió un soldado un procedimiento que se convirtió en rutina durante los 35 años de guerra contrainsurgente en los que el Estado guatemalteco “diseñó y ejecutó acciones precisas y con efectos a largo plazo de violencia física y sexual contra las mujeres, mayormente indígenas (en un 89,39% contra mujeres de etnias mayas), es decir que el ejército entrenó a sus miembros para la violencia sexual”, según consta en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999. También en el libro Guatemala Nunca Más, presentado un año antes por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, se describe la violencia contra las mujeres como un acto planificado, orientado tanto a “mejorar la raza” –igual que los españoles lo hicieron durante la conquista– como a “dejar la semilla del triunfador”. Cuando todavía no se han cumplido diez años desde la firma de la paz en este país de Centroamérica, resulta imposible separar aquellos hechos de los feminicidios que, desde 2002, cuando se empezaron a registrar las muertes violentas por sexo, ya suman 1049 –la gran mayoría con signos de violación–, sin contar con el subregistro que todas las autoridades asumen. En lo que va de este año ya se han anotado 400 muertes violentas de mujeres y apenas un 10 por ciento fueron esclarecidas. Es que esa “cultura de la violencia” está profundamente arraigada en el inconsciente colectivo de las y los guatemaltecos.
Alfonso Bauer, diputado de izquierda, asegura que en tiempos de guerra los judiciales miraban a una muchacha bonita y se la llevaban. “Disculpe la expresión pero qué de a huevo. ¿Qué derecho tienen esos tipos para hacer esas cosas? Por eso le digo, me gustaría ser Mike Tyson y con un lanzallamas matar a esos tipos”, comenta, aún con lágrimas en los ojos, Rosa Franco.
El caso de la hija de Rosa, María Isabel, fue seleccionado por Susana Villarán, relatora para los Derechos de la Mujer de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para ser juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
–Antes yo no le hubiera podido contar esto así tan serena como ahora. Ese día me costó reconocerla porque mi hija era muy linda. Tenía los ojos inflamados de tanto golpe, parecía chinita: la cara y el cuello lleno de hoyitos, puyones en todo el cuerpo. Después me enteré que los hoyitos eran porque la habían tenido amarrada con alambre de púas, de manos a pies. La violaron, le fracturaron la pierna izquierda, la patearon. Tenía el pantalón de lona manchadísimo de semen por atrás y adelante. La herida más criminal, la que la mató, fue un golpe que le dieron en el cráneo, parece que fue con hacha. Tenía marcas en el cuello de que la habían ahorcado y estaba metida dentro de una bolsa de basura con una toalla alrededor del cuello.
María Isabel tenía 16 años y fue encontrada muerta en un terreno baldío. Un testigo vio cuando tiraron su cadáver desde un Mazda último modelo, lo siguió y dio aviso a las autoridades. Apuntó la dirección de la casa en la que se metió el auto y el número de placa. Los fiscales también tenían un identikit de la persona que secuestró a la adolescente en las afueras de la boutique donde trabajaba durante sus vacaciones. El expediente de este caso pasó un año rebotando entre varias comisarías policíacas distintas. En dos años, los investigadores nunca solicitaron exámenes de fluidos en el cadáver, ni órdenes de allanamiento en la casa, mucho menos capturas.
–Una vez, la investigadora que llevaba el caso tuvo el descaro de decirme que a mi hija la habían matado porque era una cualquiera. Me dijo que viera las evidencias de semen en su pantalón. Es que... ¡no hay derecho! Otro día, un agente me dijo que eso nos pasaba porque éramos mujeres. Como que no fuéramos personas, como si no valiéramos nada. Un machismo tremendo que hay, es que me da rabia, en vez de hacer su trabajo andan prejuzgando a las personas que ya están muertas y que no se pueden defender.
Si se lo pidieran, si fuera necesario aclarar más, Rosa podría exhibir pruebas escritas de ese machismo que tanta rabia le da: recién en 1998 se derogó el artículo del código civil que exigía a las mujeres permiso de sus maridos para poder trabajar. Sin embargo, todavía sobrevive el artículo 113: “La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique el interés y el cuidado de los hijos, ni las demás atenciones del hogar”.
Los noticieros, la televisión y la prensa escrita suelen reproducir las declaraciones de los agentes policíacos sin cuestionarlos. Tener un tatuaje en cualquier parte del cuerpo es suficiente razón para ser clasificado como “marero” (las “maras” son pandillas de jóvenes que tienen su origen en los barrios latinos de Los Angeles, en Estados Unidos; según los datos oficiales habría 200 mil jóvenes agrupados en maras en El Salvador, Honduras y Guatemala). Para la oficial Marta Leticia de la sección contra homicidios de mujeres de la PNC, creada en abril de este año, la mayoría de muertes de mujeres se debe a las maras o problemas con las drogas. “Algunas patojas (pibas) se hacen novias de mareros, luego cuando los dejan o se van con otros, las matan. A veces temen fuga de información o es una manera que tienen de marcar territorio y crear terror y tensión”, puntualiza.
La Fiscalía de la Mujer era la dependencia encargada de llevar los casos de asesinatos de mujeres. Pero este año se creó la fiscalía de delitos contra la vida, que se encargará de resolver cualquier asesinato o suicido de mujeres, hombres, niños y niñas. Sandra Sayas, fiscal a cargo de 20 casos de feminicidio, considera que así es mejor porque no hay motivo para hacer diferencia entre asesinatos de mujeres y hombres. Le pido que explique las múltiples quejas que existen acerca de la lentitud e ineficiencia de los oficiales para resolver un crimen.
–Yo te mentiría si te digo que aquí a todos los casos se les da atención, es imposible. Yo le decía a las personas: “Yo tengo cien casos más, si yo lo veo a usted aquí todos los días, su caso va a caminar porque me voy a recordar de darle seguimiento”. La colaboración de la familia es imprescindible. Ellos son fundamentales para presentar pruebas. Si la familia sólo presenta la denuncia y se sienta a esperar, no funciona la cosa. Aunque la mayor obligación es del Ministerio Público, el interés es de la familia. Si yo tengo aquí cinco padres llorándome, que los he tenido, diciendo trabajemos, hagamos, ¿qué quiere?, ¿qué necesita? Así sí, sí avanzamos –concluye con una sonrisa.

Fue en el último año que desde el movimiento de mujeres de Guatemala se empezó a denunciar que esos cuerpos que aparecían a los costados de las rutas, en toneles de basura o en plena calle, con signos de saña y violencia sexual, cuerpos envueltos en bolsas negras que contestaban la búsqueda de paradero de una mujer, hablaban de una forma particular de la violencia: la violencia de género. Los medios de comunicación empezaron a usar la palabra feminicidio en sus páginas centrales, al mismo tiempo que la mirada internacional hacía foco en ese pequeño país de América Central. Sin embargo, desde el gobierno, el problema es minimizado o diluido en “la violencia generalizada que se heredó de la guerra”, aun cuando las causas de muerte sean distintas de las de los hombres y las formas en que son muertas también. Ni siquiera la fiscal de la Mujer, Sandra Sayes, es capaz de advertir estas diferencias: “La violencia en nuestro país ha aumentado indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños. Lo bueno, en el caso de las mujeres, es que ahora hay muchas asociaciones que se preocupan por darle la importancia que cualquier delito contra la vida merece. Ellas sacan sus estadísticas, hacen sus investigaciones, presentan sus propuestas; por eso es que se les ha dado a estos casos de asesinato más presión últimamente. A diario aparecen 10 personas fallecidas, sólo dos son mujeres. La violencia no es de género, no es que por ser mujer te van a matar”.
“Hemos hecho el camino de la víctima. Hemos ido desde la policía al ministerio, al organismo judicial, a la morgue... y al final, a la salida de este camino, no hemos encontrado justicia”, dijo Villarán, ahora que faltan pocos días para la presentación del informe oficial. También descartó la versión coral de muchas de las autoridades de gobierno sobre la participación de las maras: “Las principales causas son la violencia intrafamiliar y los grupos del crimen organizado”, e incluso de grupos clandestinos de seguridad que actúan en el país. Lo que en Argentina se llamaría mano de obra desocupada. Y es que “los abusos en los cuerpos de las víctimas y el lugar en que son dejados los cadáveres indican que se persigue enviar un mensaje de terror e intimidación”, agregó la relatora de la OEA.

El año pasado, la Fiscalía de la Mujer contabilizó que el 31% de los feminicidos habían sido cometidos por la pareja o la familia. Y la gran mayoría de esas mujeres tenían una denuncia previa de maltrato.
La PDH sólo cuenta con un albergue en toda la capital para las mujeres que han comprobado que no tienen a dónde ir y que tienen peligro real de muerte. Este es uno de los mayores problemas que existen para resolver los casos de violencia y maltrato dentro de la familia, que son sumamente comunes. En eso coinciden la Fiscalía de la Mujer, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos y las organizaciones feministas: en la importancia de los albergues y en la urgencia de modificar algunas leyes que violan los derechos de las mujeres.
–Viera, nosotros encontramos estas instituciones al borde del colapso material y moral. Hemos tenido que empezar de cero. De entrada realizamos talleres en toda la capital para que los fiscales se conocieran con los comisarios y explicarles a cada uno cuál es su trabajo y cómo tienen que actuar en conjunto –comenta Juan José Villacorta, viceministro de Gobernación–. Y es que el sistema de justicia es complicadísimo.
Ileana y María Peralta se sienten sumamente frustradas con el sistema de justicia. Dentro de dos meses se cumplirán tres años del asesinato de su hermana Nancy y la Justicia parece haber enterrado el caso. La mayor de las hermanas tenía treinta años, estudiaba auditoría, era trabajadora, tranquila y hasta podría decirse, sumisa. Fue secuestrada de la universidad, apuñalada 48 veces y degollada. Para las hermanas hay suficientes pruebas y evidencias para girar una orden de captura.
–Una compañera de clases resultó con la bolsa y la identificación de Nancy. Alguien más contestaba su celular. Había claros indicios de que gente de la universidad estaba involucrada. Yo me cansé de ir a la fiscalía para saber cómo iba el caso. Me negaban información, me preguntaban que si no tenía nada mejor que hacer que estar molestándolos. Trataron de desacreditar a mi hermana, dijeron que su caso no era importante y hasta llegaron a decir que estaba viva porque apareció este año inscrita en la universidad –comenta entristecida María, quien ha comenzado a estudiar Derecho para poder llevar el caso de su hermana.
Para Ileana, la más pequeña de las tres, lo peor de todo es la poca preparación que tienen los encargados de investigar. “Les da igual las pistas que uno les lleve, no saben tratar a las personas. En estos años, han llegado incluso a seguirnos y amenazarnos por querer saber la verdad.Y es que en esta situación estamos completamente solas. No hay nadie que nos apoye.”
Sin embargo, Anabella Noriega, de la Procuraduría de Derechos Humanos de la Mujer, piensa diferente. “Nosotros somos un ente fiscalizador de la policía, los hospitales y los juzgados. Aquí prestamos atención a la víctima, le damos asesoría legal. Tenemos trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas que apoyan a las mujeres que lo solicitan. Acompañamos también a los familiares de las asesinadas para que pidan información de su caso, porque si van solos, no les hacen caso.”
Sólo en lo que va del año, en todo el país la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha atendido a seis mil denunciantes que se quejan, en su mayoría, de violencia intrafamiliar. Pero más allá de escucharlas y decirles lo que deberían hacer, no ofrece soluciones prácticas para ellas.
–La ley de violencia intrafamiliar no da respuesta a ciertas problemáticas. En la fiscalía recibimos 500 denuncias mensuales de ese delito y lo único que autoriza la ley es a dar una medida de seguridad, esto es un papelito donde consta que el agresor no debe acercarse a la mujer. Esto no funciona para nada –comenta la fiscal Sayas.

Gracias al Movimiento de Mujeres y a la Red de la No Violencia contra la Mujer, este año visitaron Guatemala Yakin Ertürk y Susana Villarán, relatoras de la ONU y de la OEA, respectivamente.
–Nosotras también presionamos para que los informes policíacos dividieran los casos por sexo. Antes del año 2002, los reportes de asesinatos de hombres y mujeres estaban todos juntos. Por eso no se pueden hacer comparaciones de las muertes de mujeres con años anteriores, porque no hay registros –comenta Giovanna Lemus, coordinadora de la Red.
Además, confiesa que falta mucho por hacer, ya que las autoridades son demagógicas, dicen que harán cambios pero no accionan. “Por ejemplo, aprobaron el Plan nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres, pero no le asignaron ni un centavo.”
Son muchos, dentro y fuera de los poderes del Estado, los que excusan la muerte de mujeres comparándola con la de los hombres, que sucede con más frecuencia. Pero para la abogada Hilda Morales Trujillo, quien acaba de ser nombrada Embajadora de Conciencia por Amnistía Internacional, gracias su trabajo en pro de las mujeres, esto no puede juzgarse igual.
–La primera diferencia es que los hombres se matan entre sí, son hombres contra hombres en un plano de igualdad. Pero en el caso de las mujeres es distinto, ya que algunas aparecen con señales de violación, otras mutiladas y aparecen, casi como una constante, fuera del lugar donde llevaban a cabo sus actividades. Algunos cadáveres son lanzados de carros en bolsas de basura y otros aparecen en barrancos. Eso marca una diferencia. Es como una señal de que el poder de los hombres se impone para matar a las mujeres. El otro gran porcentaje muere en manos de conocidos, novios, esposos, convivientes y ex parejas –comenta la abogada que hace una semana recibiera de manos de José Saramago el nombramiento como embajadora a modo de premio.
El Premio de Morales Trujillo es importante porque pone los ojos de la comunidad internacional en Guatemala: “La gente de AI ha puesto el tema en la agenda. Cuando se habla del número de mujeres asesinadas en Guatemala, la gente se queda admirada de no saberlo, y eso que nosotras, como red de mujeres, hemos dado entrevistas a muchos medios internacionales. La comunidad internacional tiene la facilidad de señalar, de hacer quedar mal al país. Ya que son los que dan financiamiento y pueden restringir el dinero hasta no ver cambios”.
En muchos países, cuando se habla de feminicidio, inmediatamente la gente piensa en el caso de Ciudad Juárez, México. La fama de esa área fronteriza dio la vuelta al mundo por la impunidad y cantidad de asesinatos de mujeres. En esa ciudad se registraron 400 casos en 10 años, mientras que en Guatemala esa es la cifra que se maneja para 2004. Desde el año 2002, van 1049 mujeres asesinadas, sin contar con la cantidad de subregistro (casos nunca denunciados) que existe, como es el caso de Margara Zetino quien murió a los 65 años de edad.
En el informe forense se dice que murió de un infarto. Pero la realidad es que la encontraron ahogada en la pila de su casa, su cabeza estaba dentro de una bolsa plástica y sus largos cabellos negros eran lo único que sobresalía bailando en la superficie del agua. Su hija Maribel sabe que no fue un accidente, ya que Margara llevaba meses sin poder levantarse de la cama. Y aunque sospecha de su mismo padre, que la maltrataba constantemente, tiene miedo de denunciarlo porque sabe que ha pasado mucho tiempo y que quizá ya no se encuentren pruebas.
En otros países, la policía está especializada en medicina forense y cuentan con tecnología avanzada que los ayuda a reconstruir un asesinato a partir de un hueso o un pelo, incluso años después de que ocurrió. Pero eso no sucede en Guatemala, donde incluso un caso relativamente fácil, con pruebas y testigos, difícilmente llega a juicio por infinidad de razones.
Este 25 de noviembre, cuando se conmemoró en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer, las organizaciones feministas en Guatemala marcharon por la capital para exigir que se aprueben las modificaciones al Código Penal, que están en proceso de ser aprobadas desde hace algunos años. Para exigir, en definitiva, que la Justicia llegue a las guatemaltecas.