Cuando se habla de trata de personas, la imaginación suele depositarnos en los comienzos del siglo XX, cuando se decía “trata de blancas” para referirse al tráfico y la explotación sexual de mujeres. O también podemos pensar en el comercio de personas con fines migratorios. O exclusivamente en la prostitución. Sin embargo, desde hace cuatro años, la palabra “trata” incluye estos y otros delitos. Fundamentalmente, se transformó en una palabra que abarca muchas de las formas que asume actualmente el crimen organizado internacional.
Cuando en diciembre del 2004, en el marco de las Naciones Unidas, se firmó la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la trata fue definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción (...) o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Y la explotación fue definida como sexual o laboral, y se incluyó también la sustracción de órganos.
Con esta resignificación y actualización del término se pretende hacer frente al tercer gran negocio ilegal de la economía globalizada (después del narcotráfico y la venta de armas). Nombrarlo, identificarlo, es darle entidad. Intentar que tenga un status dentro de las políticas públicas de las naciones, algo que apenas ha sucedido. En marzo del 2003 se conformó en Argentina la Red No a la Trata (integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales) con el objetivo de instalar el tema en la agenda pública, y a comienzos de noviembre se realizó en Buenos Aires un seminario-taller en el que se debatieron algunos de los aspectos más importantes de este crimen en el que todavía es difícil inmiscuirse abiertamente sin temer represalias. La jueza de Tres Arroyos, Mirta Guarino, denunció durante su exposición las agresiones sufridas por investigar una red de prostitución de adolescentes en su ciudad. Y pocas horas después de la apertura del evento, Monique Altschul, presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la ong que coordina la Red, recibió un llamado desde un juzgado de provincia pidiéndole explicaciones porque, en su disertación, ella lo había mencionado debido a que allí no avanzan las causas vinculadas al tráfico y la explotación.
La invisibilización de la trata tiene que ver fundamentalmente con dos factores: las víctimas principales son mujeres y niñ@s, a quienes recién en las últimas décadas se les han reconocido sus derechos y se les prodiga respeto, y, por otra parte, es un delito vinculado a la globalización de la economía, el creciente flujo migratorio y las fronteras flexibles a partir de los acuerdos económicos internacionales.
Por otra parte, la precaria legislación que hay todavía en cada país hace que sea un negocio más que apetecible para quienes ya están involucrados en el comercio ilegal. Muchos de los invitados al seminario señalaron la creciente incorporación de la trata como una rama más dentro de la economía del narcotráfico. Con penas mucho menores para traficantes, proxenetas y explotadores de todo tipo, y con un valor agregado mucho más importante –una persona puede ser vendida y revendida varias veces, mientras que la droga se vende y consume–, el comercio de gente se está transformando en un negocio rentabilísimo.
En el trabajo Trata de personas, Sara Torres, educadora sexual y referente en Argentina de la Coalición contra el tráfico de Mujeres (CATW), señala seis "factores estructurales promotores de la trata": la demanda, es decir el cliente consumidor; las políticas económicas de ajuste, que pauperizan y vulnerabilizan a sectores cada vez más grandes de la población; la creciente industria del sexo, un negocio sin fronteras y cada vez más siniestramente creativo en sus formas de reclutamiento; la oferta de mujeres basada en la desigualdad de los sexos; los conflictos militares, ya que la industria del sexo florece en las zonas donde los soldados necesitan compañía, y las políticas de inmigración restringidas, que hacen que muchas mujeres sean consideradas inmigrantes ilegales, y por lo tanto tratadas como delincuentes, en vez de víctimas de la explotación laboral o sexual.

País de tránsito
“Puede considerarse que la trata de personas tiene tres etapas –señala la diputada nacional María Elena Barbagelata en la fundamentación del proyecto de ley Programa nacional de prevención y asistencia a las víctimas de la trata de personas y explotación sexual–. La primera consiste en la captación o el reclutamiento de las personas que puede producirse de múltiples maneras: ofreciendo empleo en países económicamente más redituables; por conocidos o familiares de las víctimas; a través del uso de la fuerza, el rapto, la amenaza o intimidación. La segunda etapa consiste en el transporte y recepción en el país de tránsito o destino de la víctima, dicho traslado e ingreso puede ser legal o ilegal. La tercera etapa se concreta en el lugar de destino a través de la explotación.”
Pero la trata no siempre involucra a diferentes países. Puede ser tanto interna –dentro de las fronteras– como internacional. Argentina, de hecho, fue un país de destino durante los años de la convertibilidad. El caso más conocido es el de las inmigrantes dominicanas que trabajaron en la industria del sexo (se calcula que fueron unas 5 mil mujeres que llegaron con promesas de trabajos legales y redituables). Pero actualmente el país sigue plagado de inmigrantes de países vecinos –mujeres, hombres y niños– que trabajan en condiciones de esclavitud en talleres o sembradíos clandestinos, y tampoco cesaron los casos de explotación sexual (en el 2001 se supo que 200 jóvenes paraguayas, que habían llegado con promesas de trabajo, terminaron prostituidas en burdeles de San Miguel, provincia de Buenos Aires).
Un efecto del aumento del dólar es el aumento de la trata interna, que diariamente se vuelve más evidente con las denuncias de jóvenes aparentemente secuestradas, sobre todo en las provincias. Un caso paradigmático es el de Fernanda Aguirre, desaparecida en julio en Entre Ríos; la sospecha de sus familiares y de los investigadores es que se la está explotando sexualmente en prostíbulos del interior del país. “La trata interna es lo más complicado actualmente, sobre todo la relacionada con menores –confirma Torres, panelista del seminario–. En Argentina no debería haber burdeles porque somos un país abolicionista, pero existen. Y lo que sucede es que como la policía y los funcionarios judiciales participan del negocio, cuando saben que va a haber una inspección o una clausura, les avisan a los dueños y éstos los van girando de una zona a otra de la misma provincia, o de diferentes regiones, para que no los clausuren, y ahí aparece todo el tema de la trata, porque las mujeres son revendidas muchas veces.”
Torres menciona la palabra abolicionismo porque Argentina firmó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Ajena, sancionado por Naciones Unidas en 1949, que adjudica carácter ominoso al tráfico del sexo y a los actos relacionados con la prostitución. Pero además, desde 1936, cuando se sancionó la Ley 12.331 de Profilaxis de enfermedades venéreas, en nuestro país están prohibidos los prostíbulos, y se prevén penas para quienes los regenteen o inciten a la prostitución. Sin embargo, los burdeles son una realidad tan fácil de desenmascarar como quitarse el maquillaje cada noche, pero nadie quiere hacerlo y, lo que es peor, los responsables de que se cumpla la ley no están muy convencidos de la ilegalidad del proxenetismo. “Ayer, cuando inauguramos el seminario en La Plata –continúa Torres–, les preguntamos a los funcionarios judiciales si había prostíbulos en la provincia de Buenos Aires y nos dijeron que sí. Y se supone que si saben que existen, deberían tomar alguna medida, pero no lo hacen, porque en el imaginario están instalados como negocios legales. Argentina no se reconoce como signataria de la Convención de 1949.”
Laura Langberg, que participó del seminario como responsable de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), y que fue una de las que más avanzó en la definición de la trata como un crimen internacional organizado que es necesario combatir en forma interdisciplinaria y multinacional, señala algo similar en términos globales: “Un aspecto que a veces se nos pierde es la responsabilidad de los municipios. Porque los traficantes van moviendo a las víctimas y las ponen a trabajar por un tiempo en provincias o ciudades de frontera, en lugares habilitados por la municipalidad que aparentemente funcionan como restaurantes, bares, hoteles o casas de masajes, pero no para el comercio sexual. Hay una responsabilidad de los inspectores laborales locales de verificar qué están haciendo estos lugares. Y a lo mejor no hay que ir muy lejos. Aquí se podría ir hasta la calle Corrientes, la avenida Córdoba, y ver si hay corrupción”.

Acabar con el negocio
El estudio de la OEA Tráfico de Mujeres y Niños, presentado en el 2002, señalaba que la falta de respuestas concertadas al tráfico en las distintas partes del mundo se debía a diferentes razones: “Primero, las víctimas raramente denuncian a los traficantes. Las personas traficadas son mantenidas en lugares fuera de las redes de apoyo, con frecuencia se les retienen los documentos que las identifican y los documentos de viaje, y pueden ser amenazadas por sus custodios. Además, los traficantes ejercen poder sobre las víctimas porque en muchas instancias son del mismo país de origen y tienen posibilidades de perjudicar a los familiares de las víctimas. Segundo, las mujeres y los niños traficados con frecuencia provienen de los estratos económicos y sociales más bajos de la sociedad y sus familias carecen del poder económico o político para ejercer presión en las autoridades del Estado. En algunas sociedades, es en efecto la pobreza lo que empuja a las familias a vender a sus niños. Tercero, la mayor parte de las legislaciones penales nacionales son inadecuadas”.
Para Langsberg, “el problema central al que nos enfrentamos es el del tratamiento de las víctimas. Y en este sentido, lo ideal es una ley separada, no incluida en el Código de Familia o en el Penal, como sucede con la Ley de Violencia contra las Mujeres. La trata es un crimen tan complejo... hay reclutadores y reclutadoras, intermediarios que transportan, explotadores que compran a las víctimas... Esto requiere una ley especial que enfoque los distintos ángulos de la lucha contra la trata, pero también establezca normas muy claras de protección y asistencia a las víctimas. La ley ideal sería la que eduque para la prevención, sancione adecuadamente a los traficantes y brinde asistencia y protección a las víctimas”.