Sobre la mesa del bar que está frente al hotel Plaza, en La Rioja, alguien convirtió el diario del día en una especie de mapa circulado a birome que desemboca, por todo destino, en el aviso poco discreto de “La Porteñita”, un servicio local que brinda “la compañía” de niñas y señoritas, con sólo marcar el número del celular publicitado. “Hice llamar y comprobé que ofrecen a chicas menores de edad que las tienen sirviéndoles como prostitutas. Uno se comunica con ellos, se acuerda la cifra, la acompañante que quiere, y le dicen a qué hora y dónde se va a realizar el encuentro. Nadie se conoce, el domicilio de la cita también es anónimo y la chica desaparece de la misma forma que apareció.” Susana Trimarco desanda el relato con frialdad porque lo fue aprendiendo hasta la repulsión desde principios de 2002, cuando su hija, María de los Angeles “Marita” Verón, fue secuestrada en Tucumán y luego trasladada a La Rioja para ser prostituida. Por estos días, Susana está en esa provincia exigiendo que se cumplan los allanamientos y las excavaciones previstas para dar con alguna pista que le devuelva el cuerpo de su hija, vivo o muerto.

No hay que ser experto en leyes para detectar una cantidad de irregularidades que nada tienen que ver con la imprevisión o el desmanejo de los procedimientos. Por caso, las whiskerías Candy y La Isla, donde mantenían prisionera a Marita y donde la semana pasada se iniciaron las excavaciones y el secuestro de documentación, cartas, cepillos con cabellos humanos y ropa interior femenina, nunca fueron preservadas ni tuvieron custodia policial para resguardar la escena de posibles “depredaciones”. “Yo creo que hay que dejar de ser hipócritas. Esto no se trata de negligencia judicial o policial, sino de un engranaje de complicidades y encubrimientos que involucra a la Justicia, a la policía y al poder político riojano, que no pueden ni quieren descubrir una red de trata y tráfico de mujeres y niñas que desde hace años funciona aquí con contactos fluidos en provincias vecinas, aunque algunos cabecillas estén presos. Son negocios mafiosos que mueven muchísimo dinero y no pueden dejar de funcionar, entonces toman la posta otros socios o los mismos parientes: hijos, padres y hermanos que siguen haciendo crecer esa mina de oro construida en base a vejaciones, sometimientos, tormentos, esclavitud y hasta muertes.”

Todos los días, desde que llegó a La Rioja y se hospedó en el Plaza, recibe llamados anónimos, cartas y mensajes de personas a las que el miedo les selló cualquier voluntad de denuncia. Todos revelan sitios donde mujeres cautivas son obligadas a prostituirse (“me dijeron que atrás de la fábrica de la ‘cocacola’ hay unas treinta propiedades donde hacen trabajar a nenas de 13 y 14 años, algunas brasileñas”) y nombres de personajes públicos que frecuentan estos “servicios” y luego se rasgan las vestiduraspor la presencia de travestis en la calle. “El otro día se me acercó un hombre y me confesó que vio a Marita embarazada, que después le hicieron tener a ese hijo y lo vendieron, y que a ella la sacaron de La Rioja. Para muchos está viva.” Entre los “mensajes piadosos”, como define Susana a esas voces cansadas de no hacerse oír, se filtró uno que le advirtió sobre otra joven, la turista suiza Annagreth Würgler, desaparecida hace cinco meses en el departamento Felipe Varela, de La Rioja. “Una persona me paró en la calle, dijo que sabía quién era yo y por eso me contaba que a la chica suiza la drogaron y la secuestraron para entregarla a una red de prostitución, pero que se les fue de las manos y la mataron”, precisamente, una de las principales líneas investigativas que sigue la fiscalía a cargo del caso y la hipótesis que manejan el novio de la joven y sus padres, quienes la semana próxima volverán a La Rioja para presionar “hacia arriba”, a funcionarios y jefes policiales.

El tráfico sexual de mujeres es el cuarto negocio clandestino en el mundo por su rentabilidad, y si bien en la Argentina no existen registros oficiales, se rumorea que financia carreras políticas, engorda las cajas negras de la policía y es abordado por una Justicia que persigue a los más débiles, empeñada en caratular esos casos como “desaparición de persona” o “privación ilegítima de la libertad”. Cada vez que se descubren hechos de estas características, resuenan con estruendo desde los medios, son planteados con estupor por opiniones publicadas y hasta suelen hacer rodar algunas testas pesadas de comisarios “con años en la fuerza”. Pero días después se diluyen en el mismo silencio tabicado del que escaparon con desesperación. Los casos de Fernanda Aguirre, la nena de Entre Ríos que fue secuestrada y permanece desaparecida, con las chicas esclavizadas y ocultadas en el pozo de un terreno en Córdoba, con la treintena de mujeres desaparecidas de Mar del Plata y, semanas atrás, con tres jóvenes de entre 20 y 23 años que escaparon del prostíbulo de José C. Paz donde las tenían encerradas (esquivaron la comisaría más cercana porque sus uniformados eran clientes del lugar y volvieron a escapar de una segunda seccional porque protegía al dueño del boliche), asoman como bombas mediáticas que en la explosión salpican a diestra y siniestra, aunque pronto su sustancia se agote.

“A nadie le interesa rascar un poquito más, llegar al fondo de cada una de estas historias”, se lamenta Trimarco. “Todos levantan el dedo y condenan, dicen qué barbaridad, las tenían semidesnudas, mugrientas, encadenadas a un caño para que no pudieran escapar, tiradas en un pozo a metros de la superficie... La cosa queda ahí, en el horror del descubrimiento. Cómo llegaron esas criaturas a ese lugar, quiénes las entregaron, quiénes fueron sus secuestradores, dónde las prostituían, quiénes eran los clientes. Para responder esas preguntas hay que desenmascarar internas del poder y esa puerta no la quiere abrir nadie.”

Para Juliana Di Tulio, representante del área de Cancillería encargada de la resolución de casos específicos de trata y tráfico de personas, “no son casos aislados. No se puede seguir tratando la problemática de esta manera si se pretende pensar una solución integrada. Lecturas como ésas hacen imposible políticas claras que aborden este flagelo, por ese motivo lo primero que debe hacerse es difundir la problemática para que todos tomemos conciencia. Por historia social, la Argentina no puede tolerar estas prácticas”.

En su casa de Jujuy, “Emilia” pensaba sus 13 años con alguna ilusión de creer. Imaginaba que un suceso inesperado podía cambiarle la pobreza de su familia, ese cuadrado entendido como casa, la tierra de los zapatos. Lo inesperado entró por la puerta una mañana, con forma de mujer, se sentó a la mesa, charló vaguedades con los confiados dueños de casa, que conocíana la visita, y pronunció la frase mágica: trabajo en un supermercado de Bolivia. Ninguno dudó demasiado, ni siquiera la propia Emilia, que por fin lograba entender cómo darle un nuevo rumbo a sus 13 años. Había llegado a esa bisagra de su historia con poco y nada en la maleta: alguna prenda gastada, sus documentos y, por toda carta de presentación, el analfabetismo, condición que la hacía desconfiar del interés de sus empleadores a la hora de contratarla, aunque la sospecha duraba los segundos en que su benefactora agitaba la cabeza en señal de disgusto. La mujer la convenció de que su horizonte más próximo era una casa donde dormir y comer, y el ahorro de un sueldo seguro. El día que llegaron al domicilio de la capital boliviana, Emilia dejó su bolso al costado de una puerta que no volvió a abrirse durante meses en los que fue violada, golpeada, esclavizada hasta la servidumbre y donde debía estar dispuesta para los hombres que entraban a su habitación de prostituta. Sólo veía el sol si salía acompañada por alguno de sus secuestradores, y su salud física y mental quedó reducida a polvo. Descubrió que todavía acariciaba algún instinto de supervivencia la mañana que logró escapar de esa cárcel y correr enloquecida hasta sentir un hormigueo caliente en la planta de los pies. Sólo se detuvo en seco cuando alzó la vista hacia el cielo y observó una bandera celeste y blanca que flameaba en el mástil de un edificio extraño. Emilia no sabía leer ni escribir, pero identificaba los colores que la impulsaron a entrar y pedir ayuda en ese sitio que resultó ser el consulado argentino en Bolivia. “Esto ocurrió a mediados del año pasado. La niña pudo volver al país y de inmediato se le dio asistencia médica y psicológica, más el compromiso del seguimiento de su caso en el tiempo”, explicaron en la Dirección General de la Mujer, de Cancillería. Sin embargo, la historia dejó al descubierto una descoordinación desde el propio Estado para actuar con la celeridad que requieren estas cuestiones. “Nos volvimos locos para volver a traerla al país, porque nos encontramos con que existe una fragmentación total de las diferentes áreas para encarar estos temas”, recuerda Di Tulio.

“Emilia” se impuso como caso emblemático del área Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, articulado en punto focal de referencia internacional para el abordaje de trata y tráfico, mientras que la Procuraduría General de la Nación concentra la atención de estos casos en el ámbito nacional. “A partir de lo que ocurrió en Bolivia, advertimos que es necesario implementar una capacitación especial en los consulados y trabajar el problema con fuerzas como Gendarmería o las áreas de mujer de cada ministerio público”, reflexiona Di Tulio, que junto con representantes de la Oficina Nacional de Asistencia a la Víctima, de Derechos Humanos y del Consejo de Minoridad y Familia integra el flamante Consejo contra la trata y tráfico de personas. De esta unión se espera poder elaborar un protocolo sobre trata y tráfico, y ejercer el monitoreo permanente de convenciones internacionales, partiendo de la de Beijing.

Pero acaso el proyecto más ambicioso se cristalice este año, a partir de la creación de un espacio consultivo asistido por “comités de frontera”, que pongan el acento sobre los desplazamientos humanos en áreas limítrofes de alto riesgo, como las del Nordeste, entre Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, consideradas rutas de trata y provincias de destino y salida.

“Este es, a todas luces, un tema recortado por la pobreza, y en la zona del Nordeste representa con obviedad una salida económica –advierte Di Tulio–. En infinidad de casos los padres ayudan a cruzar las fronteras a los hijos; hay un acompañamiento, un consentimiento de un adulto a un menor, por lo que también resulta muy difícil registrar o determinar que se está ante un caso de trata o tráfico de persona.”

Se conocieron entre empujones y gritos, porque las tres se quedaron a vivir en “Sabor Bar Show”, al fondo de José C. Paz, por la fuerza, luegode comprobar que las esperaban para prostituirlas. Todas muy jóvenes, entre 20 y 23 años, sólo una argentina y de la zona: sus compañeras llegaron de Paraguay, la más grande casada, con su marido desocupado, y además madre de cinco hijos. Las chicas esclavizadas por Alejandro Gorgone hasta el 3 de enero último entraron al circuito de la trata engañadas por la esposa de aquél –sospechada de reclutar mujeres en el Paraguay y el conurbano bonaerense–, quien les proponía trabajar como meseras en el bar de su marido, contra promesa de sueldos que oscilaban entre 1000 y 1500 pesos. A Gorgone, su mujer y su hermano se les dictó prisión preventiva; a las jóvenes se les dio nuevo alojamiento en algún lugar de esta ciudad para declarar en la causa como testigos protegidas. El caso tendría más de una arista similar al de la red de prostitución de San Miguel, que hacia el 2000 involucró a la cabeza de la organización, Vicente Serio -condenado por “facilitar la prostitución” de dos chicas–, rozó al entonces intendente Aldo Rico y provocó la renuncia del ex jefe de la bonaerense, Amadeo D’Angelo.

“Todavía no está comprobado, pero es muy probable que Gorgone tenga alguna vinculación con Serio. Probablemente sean socios”, advierte un vocero de la fiscalía de San Martín a cargo de la investigación. Lo que sí quedó a todas luces confirmado es la vinculación firme de los policías de la Comisaría 2ª de Barrio Frino, todos clientes de Sabor, y el paraguas de protección de la comisaría Moreno Cuartel Quinto: mientras las mujeres hacían la denuncia, uno de los bonaerenses llamó por celular a Gorgone, que a los pocos minutos se presentó en el lugar y les ordenó que volvieran con él al boliche. Sólo en la Comisaría 1ª de José C. Paz les tomaron la denuncia como “amenazas”.

En su relato a la fiscal María Billone, las jóvenes pusieron en blanco sobre negro un patrón común de secuestro y esclavitud que opera desde estas redes hacia mujeres y niñas de los estratos sociales más empobrecidos. “Cuando llegaron al bar, les quitaron los documentos, les cambiaron los nombres y las encerraron a las tres juntas en una pieza de la planta superior del lugar”, explica el vocero de la fiscalía general de San Martín, Hernán Zuazo. “Ellas declararon que Gorgone les ordenó no salir, no hablar con nadie ni intentar comunicarse con sus familias, todo esto dicho mientras les mostraba una pistola que llevaba en la cintura o amenazándolas con romperles la cara. Sólo podían pisar la calle por alguna necesidad extrema pero acompañadas por alguien del local.” Si cumplían con todas estas condiciones, su “empleador” les pagaba cinco pesos diarios a cada una. Un error cometido, en cambio, implicaba descuentos por multas sobre esa cifra. “Todos estos sitios funcionan de la misma manera –apunta Zuazo–; siempre está presente el sometimiento físico y psicológico sobre las mujeres.”

Susana Trimarco espera ahora la llegada de “Claudia”, una mujer que fue secuestrada en Misiones y trasladada hasta La Rioja para prostituirse en uno de los locales donde estuvo Marita Verón. “Claudia vivió ocho años ese infierno hasta que la rescatamos en un allanamiento. En 2002 conoció a Marita y me dijo que ella me escribía cartas. También me contó que a mi hija se la llevaron y que Liliana Medina –dueña de uno de los prostíbulos y presa junto con otro cómplice, Fernando Gómez– decía que nunca la iban a encontrar porque la habían mandado a España.” Desde que inició su búsqueda, Trimarco rescató una veintena de niñas y mujeres que permanecían cautivas en prostíbulos de Tucumán y La Rioja, y junto con Interpol logró repatriar a otras que habían sido vendidas a España. “Las vendían en La Rioja por 3500 euros y cuando llegaban a España, las mafias que operan allá las trasladaban a la ciudad de Burgos”, la otra gran “caja” de estas organizaciones, que utiliza a las menores como carne de tráfico interno entre provincias, o de pasos fronterizos –hacia Bolivia, Brasil oParaguay–, en tanto que a las adultas se las reserva para su venta en Europa, con destino a España e Italia. De hecho, hasta el fallecimiento del ex procurador general de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de la Cruz, la Justicia investigaba la posibilidad de que algunas de las mujeres desaparecidas en Mar del Plata en los últimos años estén con vida y hayan sido trasladadas a España por organizaciones dedicadas a la trata y el narcotráfico, para ejercer la prostitución o ser utilizadas como “mulas”. Sin embargo, desde 2001, cuando De la Cruz pateó el tablero que sostenía la hipótesis de “El loco de la ruta”, hasta la fecha, la Justicia avanzó poco y nada sobre redes que operan en Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata y Necochea, algunas con cabecera en Paraguay.

Susana llegó a La Rioja acompañada por su nieta Micaela, la hija de Marita que cumplió seis años y que cada día suma preguntas a la ausencia de su madre. “La chica arranca conmigo a la mañana, corriendo como locas por las oficinas del juez, de los comisarios, de los funcionarios desde hace veinte días, pero cuando llega la noche y nos sentamos al borde de la cama me pregunta cuándo va a ver a su mamá, o por qué estamos tan lejos de casa. Y yo tengo que tragarme las lágrimas y decirle que falta poco, que tenga paciencia. Al otro día todo empieza de cero otra vez y encima tengo que escuchar a algunos atorrantes de este gobierno, que salen indignados a decir que en La Rioja no hay redes de prostitución, cuando en esta provincia rescatamos a chicas de 15 y 19 años que estaban prisioneras en la whiskería de Liliana Medina, donde las obligaban a prostituirse, las golpeaban, las tenían encerradas, las drogaban y las amenazaban con matar a sus familiares. Y ahora sale este caradura de Alberto Paredes Urquiza (ministro de Gobierno y Derechos Humanos provincial) a “rechazar categóricamente”, como él dice, que La Rioja integra una red que opera en el noroeste argentino. El caso de mi hija prueba lo contrario y yo lo voy a demostrar.”