Les prometen un trabajo, pero queda lejos: deberán aceptar trasladarse de ciudad, de provincia, de país. Una persona generosa se ofrece a costear el dinero del viaje y del alojamiento: ellas quedan en deuda. Y es que su situación económica, más que precaria, es desesperante. Dejan su casa, a su familia y a sus amigas; ya no conocen a nadie, y de todas maneras tampoco se les permitirá realizar llamadas. Lo que empieza como una buena oportunidad laboral, y en algunos casos como un secuestro, una desaparición inexplicable, un esfumarse, termina convertido en la puerta de ingreso a un mundo que gana en la opacidad. Esas mujeres, esas adolescentes, esas niñas a quienes una serie de violencias transforma en lolitas de alquiler en cabarets y whiskerías, son las víctimas de la forma más moderna de la esclavitud: una global, basada en la explotación sexual, la trata de blancas y el tráfico de personas.

En 1999, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres advertía: “El desafío de los gobiernos es penalizar al número cada vez mayor de explotadores sexuales, proxenetas, chulos, comerciantes de mujeres y dueños de burdeles”. En ese momento, se estimaba que solamente en Bangladesh –por entonces el país era la capital mundial del turismo sexual y el tráfico de personas para explotación sexual– 200.000 mujeres y niñas eran compradas y vendidas como esclavas sexuales. La cifra ya era escandalosa, pero a seis años de esa declaración emitida tras la Conferencia Global Organizándonos Contra la Explotación Regional y Globalmente, todo indica que la trata y el tráfico de personas han crecido a un ritmo vertiginoso, hasta haberse convertido en el tercer negocio clandestino más redituable, luego del tráfico de drogas y de armas. Al tratarse de un mundo oculto que convive y se entrecruza en la superficie de una cotidianidad ciega a sus evidencias, las cifras no son exactas sino estimaciones que permiten dar una idea de las magnitudes. Pues bien, no son despreciables: en todo el mundo, unos cuatro millones de mujeres y niñas son vendidas cada año para ser sometidas a la esclavitud o a la prostitución. Sólo en 2002, afirma un estudio de Unicef, un millón doscientos mil niños y niñas fueron traficados internacionalmente con fines de explotación sexual o laboral. Más recientemente, en América latina, dos millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual comercial y laboral, dentro y fuera de las fronteras de sus países de origen. En todo el mundo, se estima que 50 mil colombianas, 60 mil dominicanas y 75 mil brasileñas pueblan la industria sexual: entre el 10 y el 30 por ciento de ellas son menores de edad. En la triple frontera que comparten la Argentina, Paraguay y Brasil al menos 3500 niñas, niños y adolescentes sufren explotación sexual. En la Argentina, ya hay casos resonantes que hablan más de redes organizadas y prácticas habituales que de casualidades azarosas: Marita Verón, Fernanda Aguirre, Annagreth Würgler. La Organización Internacional del Trabajo estima que en nuestro país hay al menos medio millón de personas involucradas en trata y tráfico sexual: en promedio, se notifican diez casos por día.

El mercado de la carne crece y se expande al ritmo de la globalización que, inclusive, ha transformado y aceitado los procesos mercantiles que lo sustentan: se ramifica por todo el mundo; diferencia entre países emisores (donde las mujeres, adolescentes y niñas son captadas, o, mejor dicho, secuestradas), de tránsito (donde se las comienza a “ablandar”, o bien a preparar para llevarlas a otro país en el que su desamparo sea total) y receptores (donde finalmente son obligadas a prostituirse para beneficio económico de su nuevo propietario). El mercado de la carne, además, ya tiene sus rutinas: en Europa las investigaciones relatan historias de remates en determinados cruces de rutas (“en el cruce esperaban dueños de prostíbulos del norte de España, citados allí por mafias especializadas en la trata de blancas. Por ellas, de 20 años, no muy altas, el dueño de un local de alterne de Galicia, pujó –y pagó– 300 euros”; “lo de ese cruce de carreteras era como una feria de ganado”); de entrenamientos en burdeles y de traspasos de propiedad; de mujeres obligadas a mantener diez, veinte, relaciones sexuales en un día a cambio de un dinero que nunca terminará de pagar la deuda contraída con quienes la secuestraron y mantienen en cautiverio. Si alguna vez tramaron rutas de escape o intentaron ponerlas en práctica, una maquinaria de terror y violencia especializada se encarga de disuadirlas: no volverán a intentarlo, porque la próxima vez será peor.

“Las tendencias de la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes en América latina –señaló el representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Eugenio Ambrosi– son su alcance y magnitud creciente, la ampliación y diversificación de las rutas, el hecho de que las víctimas son cada vez más jóvenes, el aumento de la proporción de niñas y adolescentes victimizadas, la ampliación de las conexiones entre las redes criminales de los países de origen, tránsito y destino y la modificación constante de los procesos para hacer más difícil su detección.” En la reciente consulta regional sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes, la trata y el tráfico de personas fueron nombrados con recurrencia, lo que da una idea de las dimensiones que van adquiriendo a nivel internacional. “Esta reunión es un ejemplo de que hay una intención de los Estados por hacer algo. Sí, creo que hay conciencia de parte de los gobiernos y que están avanzando, pero también creo que el crimen organizado transnacional, y este tipo de violaciones a los derechos en particular, han avanzado mucho, te podría decir que mucho más que los gobiernos”, afirma la costarricense Gabriela Rodríguez Pizarro, relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de las Personas Migrantes. “Realmente siento que es importante, pero a la vez que todo es insuficiente, tenemos que hacer más, y no solamente en el Poder Ejecutivo: tiene que llevarse al Poder Legislativo, a los parlamentos, ¿quiénes hacen las leyes? ¿Por qué quedan impunes estas redes, estas agencias de viajes que en realidad no son tales, estas agencias de empleos que tampoco son tales?” La pregunta dibuja en el aire un silencio inquietante: el argentino es uno de esos parlamentos que pecan, al menos, por omisión (ver Un negocio redondo).

“La trata de personas en el caso de menores no se da solamente en el caso de la migración internacional, también se da en el espacio nacional, también se da al interior de los países, pero las redes, en la medida en que se trata de crimen organizado, son transnacionales. Son dinámicas, además, en la medida en que, desde un país de origen, utilizan otro de tránsito y hay un país de destino”, recuerda Rodríguez Pizarro. Y es que es precisamente en esos circuitos, en esas circulaciones de cuerpos y vidas robados a sus mundos para forzarlos a servir en otro que los rastros se pierden. “Creo que, en principio, ocurre que en los últimos años ha aumentado la compra de bienes y de seres humanos: se puso precio a todo. Todo tiene un precio, todo se puede comprar. Históricamente, la trata de mujeres ha estado asociada con la explotación sexual, y la trata de hombres con el trabajo forzoso. En este momento se reproducen esos patrones respecto de la infancia”, asocia la asesora regional de Protección de la Región de América Latina y el Caribe para Unicef.

–Ahora, niños y hombres son utilizados para el trabajo forzado, mientras que las niñas y las mujeres son utilizadas fundamentalmente para la explotación sexual, además del trabajo forzado, porque las mujeres hemos trabajado toda la vida. No es que te excluyen de una cosa por la otra: es trabajo forzado y, además, violencia. entonces, cuando decimos que una persona menor de edad es víctima de la trata, podemos decir que es víctima de las violaciones de todos sus derechos humanos. Esa persona vive inmersa en el miedo, con lo cual no tiene muchas posibilidades de denunciar, porque sabe cuáles son las represalias. Pero, por otro lado, la trata es una realidad cotidiana que se relaciona con procesos económicos y con sociedades en las que no existe la adolescencia. En los países en vías de desarrollo, en los países pobres, el niño, la niña, dejan de ser infantes muy jovencitos para hacerse adultos. Hay, por ejemplo, una concepción social de que una niña de 13 años es ya una mujer. Eso lo ves también en una situación de la que no se habla mucho: la de las niñas modelos. Lo impresionante de todo eso es que pareciera normal.

“En este caso, lo que ocurre es que no sabemos si hay más casos ahora o si ahora sabemos más –señala Juan Miguel Petit, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía–. Lo cierto es que vemos muchos casos y los detectamos, y que hay menos excusas para no actuar. La buena noticia es que son temas que empiezan a estar sobre la mesa. Por otro lado, también otra pregunta: ¿por qué pasa esto y ahora? Yo diría que porque todavía no hemos logrado la manera de llegar a generar en las poblaciones con más riesgo las condiciones para proteger un crecimiento en forma sana.” En los recovecos de un sistema económico que expulsa y mantiene en los márgenes, y que termina por disolver algunos vínculos sociales, cree Petit, también se encuentra una respuesta al crecimiento de la trata: una lazo social débil, un temor de denunciar y un silencio que resulta más seguro o cómodo se convierten en aliados de las redes de explotación sexual. “Lo importante es realizar acciones para que no sea socialmente aceptado traficar con personas, explotar personas, o para que las situaciones sospechosas puedan ser denunciadas. Muchas veces, después de que se esclarece un caso, uno se encuentra con testimonios de gente que vivía cerca, que vivía enfrente, o que pasaba por la esquina y dice ‘a mí siempre me llamó la atención, era raro’. Es importante lograr que estas cosas no generen resignación sino una actitud activa, y que sea responsabilidad de todos los ciudadanos también.” Sin embargo, aclara, el panorama “es preocupante. Las mafias actúan muy eficientemente, estas redes actúan con mucha velocidad y están dispuestas a todo”.

“No puede ser”. “Nadie puede ser retenido contra su voluntad en un lugar”, “la esclavitud de ese tipo existe sólo porque las propias víctimas lo permiten”. Créase o no, esas frases pueden caer en el momento menos esperado de las bocas más progresistas o bienintencionadas cuando de hablar sobre trata y explotación sexual se trata.

–Cuando se plantea la existencia de redes, lo primero que se instala es la sospecha, la desconfianza en que eso efectivamente exista.

–Es que el inconsciente colectivo es profundamente machista –acota María Jesús Conde–, entonces enseguida te dicen: “¡No puede ser! ¡No puede ser!”, y sobre todo mientras las víctimas y las que hablan sobre el tema sean las mujeres. La cosa va a cambiar cuando el hombre diga basta, cuando sean hombres los que se meten. Cuando pienso en estrategias de comunicación en lo relacionado con la trata y la explotación de mujeres, digo: “yo me niego a que para hablar de esto me traigan a una mujer”. Yo quiero que se involucren hombres: quiero que me traigan futbolistas, yquiero que me traigan boxeadores –que son modelos para muchos hombres– para que hablen de esto. Y como el inconsciente colectivo es machista, dice “no, es cosa de putillas”. Y sobre todo cuando se trata de menores de edad, donde claramente el consentimiento no existe, no son putillas: son víctimas de explotación.

Los intentos por iluminar una zona oscura y oscurecida son, por lo general, clásicos: lentamente, las investigaciones y noticias sobre trata y tráfico empiezan a realizarse y difundirse, para chocar de lleno, en algunos casos, con la visión romántica de las prostitutas (tienen poder, hacen lo que quieren, no sufren) que todavía está en vigencia. Otras veces, encuentran solamente el silencio. Pero hay, también, algunos intentos asombrosos y cuyos alcances son todavía una incógnita, como Matrioshki, una miniserie belga (que en nuestro país, justamente, la señal Movie City estrena este domingo a la noche) que –sin apelar a lentejuelas y brillos glamorosos, sin largar discursos de barricada, y echando mano de una estructura dramática de suspenso e intriga– recrea, a partir de investigaciones reales, el funcionamiento de la mafia rusa a la hora de traficar mujeres de Europa del Este para explotarlas sexualmente. Significativo, el cruce de fronteras, y por más de un motivo: objeto de preocupación estatal trasnacional, objeto de acciones de ONG, ahora el abordaje de la trata y el tráfico intenta adoptar uno de los rasgos de las redes (la mutación, la ubicuidad) para batallar en otros terrenos y tejer alianzas. Matrioshki será usada por Amnesty International para un documental que presentará en escuelas de Europa del Este.

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Otro caso en Gualeguaychu

Un salvavidas de plomo para M.

En la misma provincia donde desapareció Fernanda Aguirre el año pasado, una niña de 15 fue dada en guarda a una familia, que se dedicó a explotarla.

Por Sonia Santoro

En Gualeguaychú se los conoce como “los chanchos embarrados”. Rondan la decena y viven todos en la misma casa, aunque no los unen lazos de parentesco tradicionales. En esa casa pobre del sur de la ciudad criaban chanchos. Pero también se sabe que ocurrían otras chanchadas, por llamarlo de alguna manera. Se habla de prostitución, violaciones y hasta de una muerte. A los chanchos embarrados fue dada en custodia por el Consejo del Menor de la provincia de Entre Ríos, M.V.L., una chica de 15 años que vivía en hogares de menores desde los 6. En apenas 8 meses, la adolescente fue obligada a ejercer la prostitución, y fue esclavizada y torturada.

La jueza María Angélica Pivas, del juzgado de Instrucción Nº 1 de Gualeguaychú, está a cargo del caso. En la madrugada del viernes pasado hizo varios allanamientos en aquella casa, en hoteles de Gualeguaychú y en la Isla Ibicuy, delta del Paraná.

Detuvo a 7 personas por distintos delitos que todavía se están investigando: promoción y facilitación agravada de prostitución de menores, promoción de corrupción de menores, rufianería y homicidio calificado por alevosía y encubrimiento de homicidio calificado. No se investiga el delito de trata de personas, porque todavía no está tipificado por la ley, aunque le cabría.

M.V.L. cumplió 15 años el 29 de abril. A los 6 años fue separada de su familia por maltratos de parte de su padre biológico. Desde entonces pasó por distintos hogares de Paraná y Gualeguaychú. A los 14, ingresó en el hogar José León Torres, del que se escapó varias veces. Fugada, se arrimó a la casa de los chanchos embarrados. Y allí, una mujer obtuvo su guarda provisoria el 17 de agosto de 2004. El papel que se la concede está firmado por la directora del hogar Viviana Assi, aunque avalada por autoridades provinciales.

Pivas comenzó la investigación a raíz de que la guardadora de M.V.L. denunció a su cónyuge: dijo que se fue con la chica a buscar trabajo en Ibicuy y después de un mes y medio no había vuelto. El hombre se presentó ante la policía y quedó detenido. M.V.L. fue encontrada sobre una ruta de San Fernando, en una zona de villas.

Apenas obtenida la guarda, quien debía cuidarla la hizo “debutar en la casa de un viejo” porque la chica nunca había tenido relaciones sexuales, y luego la obligaron a ejercer la prostitución en Gualeguaychú. Ni siquiera le daban profilácticos para evitar que contrajera alguna enfermedad, sólo una inyección anticonceptiva. “Funcionaba como una red de prostitución de menores: la hacían trabajar en Gualeguaychú, y en la Isla Ibicuy iba a casas particulares u hoteles”, dijeron fuentes allegadas al caso.

En los allanamientos de la semana pasada encontraron fotos de la chica que corroboran su presencia en Ibicuy. Pero además se supo que algunos clientes le tomaron fotos desnuda con fines de pornografía infantil. M.L.V. no es la única. En época de carnaval, Gualeguaychú es una zona caliente. También encontraron muchas mujeres de Misiones, víctimas de trata de personas.

Pero M.L.V. no sólo fue obligada a ejercer la prostitución sino que tenía que hacerse cargo de la limpieza de la casa, atender a los 6 chicos que había allí y llevarlos al colegio. “La situación de ella, conforme a los pactos internacionales, se asemeja a servidumbre y tortura”, aseguraron las fuentes consultadas.

Ahora, la investigación ha puesto la lupa sobre la muerte de un bebé de un año y tres meses que vivía en esa casa. En enero de este año se supo que se había ahogado en una pileta, pero algunos indicios señalan que en realidad, podría haber sido un homicidio. La pregunta que se hacen quienes conocen el caso es ¿cómo es posible que hubieran dado en guarda de esta familia a una adolescente? Mevia Carraza, de la ONG Centro de Estudios de Investigaciones de la Mujer–CEIM de Gualeguaychú y de la Red No a la Trata, apunta a la ineficacia e ineptitud de las autoridades: “Lo que me preocupa enormemente es que la etapa de sacarle la careta a los responsables de esta entrega termine”, dijo a Las/12. “Es muy grave que la chica fue entregada por el Consejo del Menor de la provincia a dos personas que la hicieron prostituir inmediatamente. Y una jueza avaló esta entrega”, dijeron las fuentes allegadas a la causa. La presidenta del Consejo provincial del Menor es Dora Javega de Garcilazo y Liliana Ríos, técnica en turismo, es la coordinadora local. “Yo las invité a todas a capacitarse y nunca han aparecido”, dijo Carraza. La jueza es María Victoria Solari, a cargo del Juzgado de Familia y Menores Nº 2 de Paraná, y tiene la causa de M.L.V. desde que fue separada de su familia. Solari ha sido cuestionada por mal desempeño en otras causas.

La vida de M.L.V. continúa en un hogar de menores. Esta vez nuevamente en Paraná, a donde fue trasladada por pedido de Solari. ¿Cómo estará ella? Imaginémonos a una chica que desde los 6 años está institucionalizada y la primera vez que tiene contacto con una familia resulta explotada. Le pusieron un salvavidas de plomo y la hundieron en el barro.

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Legislación penal

Un negocio redondo

Hay dos proyectos que modificarían el Código Penal para incluir el delito de trata y buscan que esta nueva forma de esclavitud deje de ser, al menos, un negocio de bajo riesgo y altas ganancias.

Por Sandra Chaher

Una de las razones por las que el delito de trata y tráfico de personas es difícil de combatir es la carencia de legislación específica. En los países en los que aún no fueron sancionadas normas especiales, los jueces legislan apelando a figuras del Código Penal que penan la explotación sexual o laboral, pero la ausencia de una normativa integral limita su accionar y el desarrollo de políticas públicas para combatir este crimen.

El impulso para que cada país sancione leyes nacionales fue dado a nivel internacional con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado, en el año 2002 en Palermo, Italia. La Convención –y sus dos protocolos para prevenir, suprimir y sancionar la trata y el tráfico de personas, conocidos como Protocolos de Palermo fue ratificada por Argentina en diciembre del 2003, pero el país se encuentra en mora ya que aún no tipificó los delitos de trata y tráfico, ni implementó políticas públicas para lo que los organismos internacionales ya denominan "forma moderna de esclavitud".

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) viene trabajando desde hace 10 años a nivel mundial para prevenir la trata y asistir a las víctimas. En América latina, una de las regiones del mundo donde el delito aumenta con más rapidez, hay países, como Colombia, que cuentan desde hace unos años con programas específicos de la OIM. En Argentina, que desde el 2004 comenzó a ser visualizada como un país de riesgo creciente, la OIM lanzó este año el Proyecto para el Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en la Argentina (Fointra), que en principio, durará un año y tiene como objetivos la capacitación de los funcionarios gubernamentales y no gubernamentales comprometidos con el tema, la reflexión sobre un Plan de Acción Nacional que pueda ser utilizado para el diseño de futuras políticas públicas, el desarrollo de una campaña masiva de prevención, y la promoción de la sanción de legislación específica.

Al compás del dolar

Hasta la crisis de diciembre del 2001 Argentina era tipificada como país de destino de personas sometidas a la trata y tráfico. El caso más público fue el de las más de diez mil mujeres dominicanas que llegaron en la década del '90 con la promesa de trabajo en condiciones medianamente dignas y terminaron ejerciendo la prostitución. Pero también vinieron mujeres y hombres, adultos y niños, del resto del continente –y también de Europa y Asia– atraídos por un dólar alto y con falsas promesas de trabajo, que una vez en el país fueron privados de su documentación, sometidos a condiciones de esclavitud –privación de libertad, abusosexual, obligación de consumo de drogas– y finalmente destinados al mercado laboral o sexual.

Con el cambio de valor del dólar, el estatus actual de Argentina es el de país fundamentalmente emisor, y con un fuerte crecimiento de este delito fronteras adentro. Marita Verón, Gabriela Salinas, Florencia Penacchi, Fernanda Aguirre, y las turistas extranjeras Annagreth Würgler y Nikola Henkler, son sólo algunas de las mujeres que está confirmado, o se supone, que cayeron víctimas de redes de trata y tráfico.

Con el objetivo de promover la sanción de leyes específicas en Argentina, el Proyecto Fointra realizó el 19 de mayo el Seminario de Propuestas Legislativas para la Lucha contra la Trata de Personas en el que fueron presentados los dos proyectos de ley que existen hasta el momento y también expusieron representantes de Colombia y Perú sobre la situación en sus países.

En el año 2004 la diputada María Elena Barbagelata presentó el proyecto de ley Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las víctimas de trata de personas y explotación sexual, que aún no fue tratado en comisión, y en los próximos días ingresará al Senado el Proyecto de Ley de represión de la trata y tráfico de personas y delitos conexos y asistencia a sus víctimas, elaborado por Eugenio Freixas, Director de la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación. El proyecto de Freixas es integral, ya que contempla todo lo previsto por el de Barbagelata en cuanto a la asistencia a las víctimas, pero además tipifica los delitos de trata y tráfico de manera de crear una legislación específica.

El objetivo de Fointra es que antes de que finalice el 2005 la conjunción de ambos proyectos sea tratada al menos por una de las cámaras. Esto permitiría, de acuerdo al análisis de la OIM, salvar uno de los grandes escollos de la lucha contra la trata y el tráfico en la región. Al referirse a las dificultades con que se encontró en América latina para combatir este delito, Eugenio Ambrossi, representante regional de la OIM para el Cono Sur de América latina, se refirió a la carencia de legislación federal y del delito tipificado como uno de los obstáculos más importantes. Otros escollos que quedan por salvar, señaló, son: la invisibilidad del tema de la trata y la falta de información precisa y confiable; la corrupción de los organismos de control y seguridad; el desconocimiento de la normativa existente por parte de las autoridades y la sociedad civil; y la falta de coordinación y cooperación institucional, y de canales de acción para atender los casos.

Algunos de estos escollos podrían quedar salvados por los proyectos de ley, o programas como Fointra que prevén, entre otras cosas, capacitación, asistencia a las víctimas, coordinación interinstitucional, y campañas de prevención.

Las últimas investigaciones disponibles señalan que el crecimiento de este delito se debe en gran parte a la carencia de legislación punitiva específica. Lo cual estaría generando que quienes habitualmente se dedicaron al tráfico de armas, pero sobre todo de drogas, se estén pasando al negocio de la compra y venta de personas: porque es más fácil sortear la ley; porque las rutas nacionales e internacionales son similares, lo cual entre otras cosas hace que ya estén aceitadas las redes de corrupción; y finalmente porque una persona es un producto con alto valor de reventa. Las drogas se venden y consumen, las armas pueden ser revendidas, pero pierden valor. Una persona esclavizada, en cambio, puede mantener y hasta aumentar su valor de reventa durante varios años.