Durante la última marcha por el esclarecimiento del crimen de la adolescente catamarqueña Rocío Ubilla, cuando algunas voces que intentan lavar de culpas al policía acusado de su violación y asesinato deslizaron públicamente que miembros de su familia habían sido los autores del hecho; su madre, Ivana Ubilla, sencillamente clamó: “Me dan vergüenza ajena”.

A pocas horas de hallarse el cadáver de la joven tucumana Paulina Lebbos, el abogado de la familia, Emilio Mrad, lamentó que se actuara “con mucha lentitud en el caso”, mientras que su padre, José Lebbos —en una desesperada toma de conciencia— aseguraba que cuando volviera su hija a casa le regalaría libros para que entienda que lo que le pasó —de lo que nunca volvió— no era un hecho aislado sino consecuencia de una sociedad profundamente patriarcal.

Rocío Ubilla

Tras la violación y el asesinato de Lidia Beliza Quipildor en la localidad jujeña de Campo Quijano, el intendente, Manuel Cornejo, concluyó que sus agresores sólo eran “el producto de la fatalidad”, una manera extraña de describir la violación y muerte de la joven pastora puneña en manos de cuatro chicos ricos y dentro de una camioneta 4x4, justo el día en que Lidia dejaba el trabajo para bajar al pueblo a divertirse.

Después de que el cadáver de Evelyn Ferreira apareciera enterrado bajo la parrilla de una casa vecina, prácticamente en la misma semana en que se conoció el crimen de la adolescente de Catamarca, al menos dos diarios nacionales se hicieron eco de cierta tendencia: “Cada vez son más los crímenes cometidos por conocidos de las víctimas”, obviando que ésta es una constante cuando las víctimas son mujeres. Y que ésta no es la única constante.

Entonces, frente a la acumulación de casos que podría seguir por más páginas que las que insume este suplemento, surge la urgencia de preguntarse por qué cada vez que aparece el cadáver de una mujer —de una mujer que no ha muerto ni en ocasión de robo ni en accidente de tránsito o por causas más amables que el homicidio— se pretende envolverlo en una maraña de perversidades que remiten a actos privados, negándose a reconocer patrones culturales de apropiación e intolerancia que los definen como feminicidios. Homicidios en los que la víctima es —y no podría ser de otra manera— una mujer. Una que cumple con las condiciones de vulnerabilidad y victimización que, aunque resulte obvio enunciarlas, siguen pasando inadvertidas.

Paulina Lebbos

En su investigación “¿Qué el feminicidio?”, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde da cuenta de la brutalidad de esas omisiones en las que “concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la oclusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes”. Acaso las dudas sobre la honradez de la maestra Fabiana Gandiaga hasta que se halló su cuerpo en un sótano del Club Gimnasia y Esgrima, en 2004, o el manto de sospechas sobre las adolescentes Natalia Di Gallo y Natalia Mellman, quienes habían ido a bailar y días después aparecieron violadas y asesinadas, sean disparadores de esa trama de invisibilidad que se teje sobre cualquier intento de feminización del fenómeno. “Todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y deshechables”, sentencia Lagarde.

No es casual que esta semana, las participantes del encuentro organizado por Unicef en la Facultad de Derecho para discutir la situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes, advirtieran sobre el capítulo que se abre en la escalada de hechos violentos contra mujeres, en un contexto de pautas culturales profundas. La abogada Nelly Minyersky, una de las que alzaron su voz a propósito de los ataques que ocurrieron en los últimos tiempos, sostiene que el asesinato de mujeres “no es el primer signo de violencia que debe leerse. Deviene del signo de apropiación; hay una especie de no tolerancia a la autonomía femenina. Habría que preguntarse si hacemos debida prevención de violencia, si no deberíamos cambiar esta conciencia social”.

Lidia Beliza Quipildor

Que el vecino acusado por el asesinato de Evelyn Ferreira haya acompañado a la abuela de la niña en la búsqueda masiva que organizó el barrio, puso de relieve el cinismo de la violencia masculina y la utilización y elección de un modelo, en tanto mujeres vulnerables. “Hay razones culturales muy antiguas que se imponen en estos casos, donde la sociedad no termina de visibilizar que se trata de mujeres —enfatiza Minyersky—. Y el homicidio es la culminación de no reconocer la autonomía de esa persona.”

ENFOCAR EL ESCEPTICISMO

La campaña internacional por los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que en esta edición busca reforzar el enfoque de los derechos humanos sobre la temática, identificó los feminicidios en la Argentina como síntoma de dominación sobre las mujeres “por el hecho de ser tales”, y relevó diez casos emblemáticos en quince años, entre ellos los crímenes de María Soledad Morales, Ana Fuschini, Sandra Reitier, Carolina Aló, Ana María Domínguez, Marela Martínez, Paulina Lebbos y el de Liliana Tallarico, en 1994. Sobre esta última en particular, se subrayó el escepticismo judicial hacia las declaraciones de la hija, Valeria Jara, quien en 2001 terminó acusando a su padre, Luis Jara, por abuso sexual y por el asesinato de su madre. La Sala IV de la Cámara penal platense consideró que el testimonio de la entonces adolescente de 17 años “no era creíble”.

La representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Florinda Rojas Rodríguez, que coordina el grupo temático de género de Naciones Unidas, señala que en América latina los feminicidios siguen atrapados por el lazo del desinterés. “De diferentes sectores, que no tienen intenciones de profundizar en el tema mujer, y vuelven a dejarlo en segundo término.” De sociedades patriarcales y de ejercicios de un poder opresor habla Rojas Rodríguez, para quien la mujer se transforma en un fantasma “cada vez que en el análisis de estos crímenes no se enfoca el derecho a la vida. Una gravísima violación en tanto no se ponga énfasis en la responsabilidad institucional de asumir el asunto como tal”.

Sobre este punto, sería interesante recordar que cuando Fabián Tablado asesinó a Carolina Aló de 113 puñaladas, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional determinó que el crimen no se cometió con alevosía ni ensañamiento, sino que se trató de un homicidio simple. “Estas miradas tratan hechos gravísimos como si estuviéramos ante cuestiones domésticas o relaciones de conflicto de dos, cuando por alguna razón el hombre-agresor se siente fuera de su centro, y su reacción es responder agrediendo al más débil, es decir a la mujer.”

En una entrevista reciente, la antropóloga argentina Rita Segato precisó la necesidad de clasificar los crímenes de mujeres “para poder entender el fenómeno con claridad”. En la Argentina, la ausencia de estadísticas oficiales empantanan cualquier intento serio de abordar una problemática en permanente jaque. “Cómo puede decirse que porque hubo un acto sexual, el móvil o la razón de ese crimen fue sexual —se pregunta Segato—. Lo primero que debe hacerse es parar eso, no especular de una forma frívola y veloz sobre lo que tendría que ser una larga investigación.”

Desde el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), su representante en la Argentina, Andrea Rodríguez Goñi, coincide en que la falta de registros apropiados “es una de las grandes limitaciones que vuelven a invisibilizar” la cuestión. “Necesitamos un punto de partida para poder evaluar: la Argentina ha demostrado empuje en su accionar por los derechos humanos, pero las mujeres siempre estamos al final de la cola. A esto debe sumársele la sensibilidad de los medios de comunicación, que desgraciadamente no le dan un tratamiento razonado al tema y suelen revictimizar”, las más de las veces husmeando en su historia en busca de datos al sindicarlas como “chicas malas”, las recortaría como víctimas posibles. En el caso de la catamarqueña Rocío Ubilla, por ejemplo, cada vez que los medios se referían a ella lo hacían poniendo por delante que su efímero oficio de modelo —a los 15, cualquier oficio debería ser efímero— como si esa actividad la distinguiera mejor que su nombre. También se puede recordar —entre millones de otros— un título de Clarín aparecido en septiembre de este año: “Condenado por descuartizar a prostituta que trabajaba para él”, la mujer asesinada, merced a esta redacción, queda en la memoria gráfica juzgada como prostituta, obviando que ese “trabajaba para él” implica una situación de explotación que merece carátula aparte, al menos para la Justicia ¿o el proxenetismo no está penado?

Hacia una búsqueda de instrumentos precisos y la promoción de cambios de conducta que alteren el pretendido “orden imperante” del colectivo masculino deberíamos correr, concluye Minyersky, “para así poder construir leyes paradigmáticas que defiendan y hagan visibles los derechos de las mujeres”.