Como titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18, María Cristina Camiña sostiene que “una parte no menor de la tarea del juez es hablar”, que lo del magistrado que sólo se expresa mediante sus fallos “quedó en el pasado. Estoy de acuerdo con el tipo de juez que muestra la cara y está en contacto con la gente: ése es el juez del Estado de derecho. Yo, como jueza, tengo que hablar”. Y es que la jueza Camiña, actual presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, está convencida de que el rol institucional de magistradas y magistrados excede lo vinculado a los fallos por una razón sencilla y contundente: la comunicación que de las decisiones judiciales se haga es, también, parte de su tarea por la invitación al debate y la formación de corrientes de opinión pública que eso genera.

Ese mecanismo, explica, es el que permite la evolución en las interpretaciones de la letra de la ley, algo que deriva en decisiones como la de la jueza Silvina Darmandrail, en el consentimiento para la realización del aborto terapéutico a V. O. en un hospital público.

Foto: Bernardino Avila

–Creo que el hecho de que se haya dado una decisión como ésta tiene que ver, también, con el número de casos. Así como muchas veces la prensa influye desfavorablemente, en algunos casos, con la difusión, puede ser favorable. Porque ¿qué hace esa difusión? Que la gente tome conciencia de lo que ocurre, de los avatares que tiene una mujer violada o una mujer deficiente mental, como ha habido también casos donde se ha dejado avanzar el embarazo hasta cuando ya era tarde para tomar una decisión. Y acá hace falta, yo creo, una cuota de valentía del juez y también de los médicos. El Código Penal es claro. A mí en algún momento me ha tocado decir: “pero usted no me tiene que preguntar, señor médico, porque usted tiene que constatar si la persona tiene una deficiencia mental y proceder según la ley”.

Pero ese mismo texto del Código Penal generalmente fue interpretado desde otra perspectiva. Esta es una interpretación más bien novedosa.

–Para mí, insisto, tiene que ver un poco con la difusión, eso ayuda a generar una toma de conciencia. El artículo 86 es clarísimo. Dice, por ejemplo, que el aborto no es punible si se realiza “con el fin de evitar un peligro para la madre”, y sin embargo con los casos de fetos anencefálicos se produjo también una discusión, aun cuando era clarísimo que se trataba de vidas no viables. Pero también es preciso que los médicos comprendan que, comprobada la situación que el Código establece como no punible, no es necesario que pidan autorización judicial.

Desde el ámbito médico siempre se argumenta que quien lo realice puede quedar desprotegido sin una orden judicial.

–Sí, el argumento es que necesitan una orden judicial, que necesitan cobijarse en una autorización, pero en realidad también esto habría que transmitirlo: el médico eventualmente puede ser sometido a un proceso, porque nada quita la posibilidad de que lo denuncien. Pero si yo soy médico y tomo esa decisión tengo cómo comprobar que actué de acuerdo a la ley, de acuerdo a derecho. Es un tema que hay que instalar. Lamentablemente, pareciera que la manera de instalarlo es a través de casos, pero es parte de un proceso. Todos somos pro vida, nadie quiere estar en contra de la vida. Pero como jueces y médicos no pueden dejar de ver a esa madre, es preciso asistirla porque ella está viva, y lo otro es una expectativa.

Justamente las respuestas desfavorables a esos pedidos llevaron a un debate largo e intenso, y entonces se habló y planteó claramente. En casos de aborto o de infanticidio, en cambio, de tanto en tanto pareciera que empieza un debate pero no, porque finalmente queda obturado. ¿Cree posible que con casos de pedido de aborto como el de V.O. y los de infanticidio posteriores a Romina Tejerina esta tendencia avance?

–Yo en la facultad siempre planteo un debate sobre el perfil del juez, que no es fácil de constituir, sobre todo en este momento, donde el juez está muy expuesto. No es el juez de antes, que estaba encerrado en su despacho y lejos de la opinión pública. Yo estoy de acuerdo con este juez que muestra la cara y está en contacto con la gente: es el juez del Estado de derecho. Pero cuando se habla de las cualidades del juez, los alumnos enumeran que sea independiente, imparcial, idóneo... Y yo siempre agrego, porque nunca la consideran, que es preciso que tenga coraje. Porque a veces es muy difícil fallar en contra de la opinión pública. Si yo tengo en las puertas del tribunal una manifestación pidiendo la cabeza de alguien y sin embargo yo siento que debo absolverlo, hay que ser muy valiente para asumir la responsabilidad de ese fallo. Esa presión de la opinión pública se siente.

En el caso de Mar del Plata, la jueza concedió una entrevista para explicar su decisión.

–Es que además era un fallo correcto, porque se trataba claramente de un caso de violación. Y obviamente no hay que esperar que pase el tiempo cuando hay un embarazo de por medio. Yo pienso que ahora se siente un cierto amparo ante la opinión pública ante estos casos. Y además, esta decisión está marcando una línea de a poco. Las líneas que implican un avance siempre se hacen paso a paso; yo no creo en las revoluciones, creo en los procesos. A veces uno empieza a transitar un camino y está solo, pero después empieza a estar acompañado; cuando mira atrás, ve que muchos siguen. Por ejemplo: ésta fue una decisión que se tomó rápido, que rápidamente fue confirmada por la Cámara. Hay que prestar atención a lo que pase con el tema de los hospitales y las amenazas. Porque siempre hay gente con estos casos que se rasgan las vestiduras, pidiendo por la vida de ese eventual niño. Eventual, porque todavía no es nada. Y yo digo que qué lástima que no se rasguen las vestiduras por todos los niños que viven en la calle. Sin ir a los pobres del Africa, no, yo digo acá, en la ciudad, por ejemplo, con los niños que piden plata en los semáforos, ¿alguien se preocupa por la vida de esos niños?, ¿tiene sentido que tengan esa vida? Es paradójico defender una vida potencial, una posibilidad de vida, y no la vida concreta.

¿Y en cuanto a los casos de infanticidio?

—Es un tema difícil. Yo formo parte de una asociación, en este momento soy la presidenta, que se dedica mucho a los derechos humanos, en especial los de las mujeres, pero se trata de los derechos humanos, y no soy una especialista en infanticidio. Pero sí puedo decir que la derogación del artículo que preveía atenuantes por estado puerperal no fue favorable.

No se puede obviar que en esos casos hay un componente psicológico si yo tengo un embarazo no deseado producto de violación, o es de un señor que me tortura, o siento que mi vida se acaba por esa criatura que va a nacer. No se trata de justificar el matar a un bebé, pero la mujer que hace eso puede estar trastornada, en un estado particularmente sensible. Eso hay que considerarlo.