Por Delia Bisutti *

Esta historia empezó el día en que los compañeros de IMPA llamaron a mi despacho para avisarnos que Gendarmería tenía la orden de ingresar –y reprimir si era necesario– para levantar la toma de la fábrica que mantenían pacíficamente los trabajadores de la imprenta Chilavert, con la intención de evitar que sus antiguos patrones los sacaran con todas las máquinas y los dejaran en la calle, con varios sueldos atrasados, muchas deudas y un proceso de quiebra en curso.
Primero los acompañamos en la toma, luego en las tramitaciones ante la Justicia para evitar el desalojo, y más tarde analizamos la factibilidad de la empresa. Así nació el proyecto de ley de mi autoría para la “Cooperativa Chilavert Artes Gráficas”, que declara de utilidad pública sujetos a expropiación los bienes inmuebles y las máquinas de esta antigua imprenta de Pompeya.
Ese fue el puntapié inicial del proceso de protección al trabajo en la ciudad de Buenos Aires con el único objetivo de asegurarles a los trabajadores las herramientas legales necesarias para mantener sus unidades productivas y no ser un número más en las largas listas de los que reciben un subsidio al desempleo.
Desde la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura porteña, nos pusimos, entonces, a buscar todos los caminos legales que garantizaran a los trabajadores el control y el funcionamiento de las fábricas, en las que muchos de ellos han invertido años de trabajo.
Finalmente, hace una semana, el voto unánime de la Legislatura porteña aprobó, mediante la ley de expropiación de la Ciudad, los proyectos de la Cooperativa Chilavert, especialista en la edición de libros de arte de pintura argentina, y de la Cooperativa Vieytes, productora de insumos para heladerías y confiterías. Los dos primeros en nuestra ciudad.
Esta fue una larga lucha que requirió templanza, mucha organización y compromiso; no sólo de los trabajadores que estaban al lado de sus máquinas paradas, esperando, sino también de sus propias familias que los acompañaban resistiendo desde sus casas.
Sólo quien ha estado sin trabajo durante mucho tiempo sabe lo que significa la angustia y el desánimo que produce el paso de los días sin una respuesta positiva. Por suerte, los trabajadores de estas cooperativas estaban juntos y se movilizaron hablando todo el tiempo en plural: “nosotros”, “los compañeros”, “queremos”. Cada uno de ellos echó por tierra el mito de que los obreros organizados no pueden progresar, autogestionarse y llevar adelante –con la protección del Estado– sus producciones de manera óptima.
Muchos de esos trabajadores tuvieron que arremangarse para, por primera vez, leer y comprender la ley de quiebras y la de expropiación, asesorarse legalmente para construir sus propias cooperativas, empezar a funcionar y a pensar como socios. En fin, un proceso hecho con dos pesos en los bolsillos y con la urgencia de llevar pronto un sueldo a casa.
Y si hablamos de urgencia, la próxima deuda que deberíamos saldar legislativamente, pero ya a nivel nacional, sería la reformulación de la actual ley de quiebras (Nº 24.522) que, si bien permite la continuidad de una empresa en manos de los trabajadores hasta la subasta o la compra por parte de un interesado en la etapa del concurso, no tiene ninguna herramienta que priorice el acceso de los trabajadores a la adquisición dela fuente productiva. Debemos lograr consenso en una legislación de fondo que permita unir los créditos de trabajadores y del Estado para facilitar que las empresas queden en manos de los que realmente las llevan adelante todos los días.
En las actuales condiciones se posibilita que lo que era una unidad productiva termine en un negocio inmobiliario y sus maquinarias, subastadas por nada. Tendremos que, en definitiva, corregir esa trampa y modificar el marco de la ley de quiebras.
Entre otras cosas, estos proyectos expresan la convicción de que es vital reforzar el rol del Estado en el estímulo al trabajo como bien social. Si bien falta mucho por hacer, los trabajadores de estas cooperativas probaron que con organización, solidaridad y resistencia, es posible.

* Diputada de la Ciudad de Buenos Aires (ARI). Preside la comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo.