Aunque Héctor Sylvestre Begnis es más conocido por haber sido ministro de Salud de Santa Fe en la gestión de Obeid (durante la cual defendió públicamente y en más de una ocasión la necesidad de limpiar de intenciones punitivas las miradas sobre el aborto), actualmente, y hasta el año próximo, tiene mandato como diputado nacional (FpV). En el Congreso, además de ser vocal en cuatro comisiones permanentes (Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales; Legislación del Trabajo; Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano), preside una que en estos días puede resultar fundamental: la de Acción Social y Salud Pública. Se trata de un espacio importante, habida cuenta de la sorprendente buenaventura que, en Córdoba, la demanda de la ONG Portal de Belén encontró en la Cámara en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación la semana pasada, y la decisión judicial de ordenar al gobierno provincial que “se abstenga de prescribir a través de sus profesionales médicos métodos anticonceptivos abortivos como el consistente en la ingesta del medicamento que contiene la droga denominada Levonorgestrel, conocido como píldora del día después”.

“Nosotros teníamos un proyecto que había impulsado Alicia Tate, y por el cual se incluía la anticoncepción de emergencia (PAE) en el Programa Médico Nacional de Procreación Responsable. Ese proyecto estuvo con orden del día y nunca le dimos media sanción; fue en 2006, y se cayó en febrero de este año.” Sylvestre Begnis explica que la postergación tuvo muchos motivos: por empezar (y esto es moneda corriente), son asuntos que no ranquean como prioridad cuando las emergencias políticas aprietan; por otra parte, también se creía “que no deberíamos estar haciendo una ley por cada nueva píldora que salga, algo que es entendible, pero que después, a la vista de lo que pasó en Chile, en Córdoba, o en Santa Fe a fines de la gestión de Obeid, todos casos en que por demandas de privados la Justicia ordena no distribuirla, no era tan así”. En los próximos días, es altamente probable que ese mismo texto sea re-presentado para evitar que la historia de Córdoba se repita. La experiencia, explica Begnis, ha demostrado que, “al tener ya forma de ley y al incluirlo por ley en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, muchos de estos problemas que han aparecido en algunos lados de la no distribución, como en San Juan pasó con el DIU y otros métodos, van cediendo. El hecho de que tenga fuerza de ley seguramente va a minimizar al menos las acciones en contra. El Programa Nacional y la ley dicen claramente que debe haber distribución gratuita en el sistema público de todos los métodos anticonceptivos autorizados en el mercado y los que en el futuro se pudieran incorporar. Eso sólo serviría para decir ‘la anticoncepción de emergencia está’. Pero también es cierto que hubo que hacer una ley para que se realizara la anticoncepción quirúrgica, lo cual terminó con la discusión de sí o no: ahora se aplica en todo el país, más allá de la objeción de conciencia que haga algún médico”.

En la Comisión que preside, 11 de los 14 integrantes varones son médicos (la comisión se completa con 15 mujeres, una de ellas vicepresidenta 1ª, otras dos secretarias y las demás vocales), y Sylvestre Begnis afirma que sus colegas comparten su posición frente a la necesidad de instalar el aborto no punible como práctica médica hospitalaria, vale decir, no judicializada. “Mi posición es clara, pero tiene que ver con que soy sanitarista, al igual que Ginés, por lo que nos basamos en esto: nuestra preocupación son los 700 mil abortos que se hacen anualmente en la Argentina, y también la mortalidad materna.” Por eso, el caso del intento de prohibir judicialmente la PAE tuvo un efecto colateral que está poniéndose en marcha: la aplicación a nivel nacional del protocolo para la atención de abortos no punibles, mediante la distribución del manual del Ministerio de Salud y la sensibilización al respecto. Para ello, la Comisión de Salud coordinará sus tareas con la de legislación penal. “Por lo menos esa discusión se va a dar”, pronostica Sylvestre Begnis.