El Congreso de la Nación sancionó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que es de cumplimiento obligatorio en todas las provincias y municipios y abarca la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. La nueva norma –que ya contaba con media sanción del Senado– fue aprobada –por 173 votos a favor y 6 abstenciones– el 11 de marzo por la Cámara de Diputados y prevé la creación de un Observatorio de Violencia que brinde estadísticas oficiales sobre femicidios y mujeres maltratadas.

La satisfacción de las legisladoras que batallan por la agenda de género fue clara. La diputada Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia y Niñez, remarcó: “Saldamos una gran deuda que teníamos pendiente con las mujeres de nuestro país”. Y puntualizó uno de los logros concretos de la medida: las víctimas ya no estarán sometidas a tener que negociar cara a cara –alimentos o regímenes de visitas con los hijos o el reparto económico– con sus agresores: “Se prohíben las mediaciones. La mujer ya no tiene que sentarse a hablar con la persona que la golpea”.

La diputada Silvia Augsburger valorizó: “Esta ley reconoce por primera vez que se ejerce violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, amplía el conjunto de personas que pueden denunciar hechos de violencia, da inmunidad a los denunciantes y amplía las medidas protectoras que pueden tomar los jueces”. La legisladora Cecilia Merchán se alegró por el avance pero advirtió que la agenda de género no se acaba en la aprobación de esta ley. “Hay que trabajar en temas pendientes como la figura del infanticidio, que mantiene aislada en un cárcel jujeña a Romina Tejerina y que lleva a la prisión a muchas mujeres víctimas de violencia y hay que incorporar el suministro de la pastilla del día después al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para contrarrestar los fallos judiciales en contra de su distribución. También la despenalización del aborto debe ser un debate del año.”

La presidenta del Inadi, que había mandado cartas de adhesión al proyecto de ley, se sumó al balance positivo por la nueva norma y la expectativa porque la ley genere acciones concretas para detener las agresiones: “Las víctimas de la violencia no pueden esperar ni un solo minuto porque cada minuto puede convertirse en una muerte”.