La Comisión de Familia, Mujer, Niños y Adolescencia de la Cámara de Diputados comenzará a analizar la semana próxima un anteproyecto de ley que impulsa penas de prisión a aquellos que faciliten, promuevan o sean intermediarios en la compra y venta de bebés y niños. La iniciativa de los diputados nacionales Fabiola Bianco y Miguel Iturrieta motivó una polémica reciente en varios foros de género y adopción porque, en caso de aprobarse, podría mandar a la cárcel a las madres que vendieran o entregaran a sus bebés.

Si bien los autores manifestaron que no está en el espíritu del proyecto la criminalización de mujeres en situaciones críticas, lo cierto es que de no modificarse la letra cruda del texto tal como se lee hoy las madres serían las primeras comprometidas en la cadena de penalizaciones.

De acuerdo con la iniciativa, “será reprimido con prisión de dos a ocho años el que entregare a otro una persona menor de 18 años, eludiendo los procedimientos legales para la adopción, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución”. La misma pena le cabe “a quien reciba al menor de edad”, en tanto que los que faciliten, promuevan o hagan de intermediarios serán castigados con penas de tres a diez años de prisión. La presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, Juliana Di Tullio (Frente Para la Victoria), dijo que ese espacio no otorgará dictamen a ningún texto que victimice a las mujeres y adelantó que se tendrá en cuenta “una mirada enfocada a la protección de las madres. Sabemos que será difícil plasmar un artículo de esas características, pero debemos buscar la forma de saltear el eslabón más débil en la cadena de las adopciones ilegales”.

Fuentes legislativas descartaron que el proyecto “avance en este contexto, porque existe un compromiso político de género. En general son las mujeres de las provincias más empobrecidas las que entregan a sus bebés, pero lo hacen bajo presión de una red mafiosa dedicada al negocio de la compraventa de niños. Por eso es necesario crear una redacción penal que no impute a las madres”.

Según se informó, la diputada Bianco “está buscando una figura consensuada”, donde se enfatice con claridad que la responsabilidad penal deberá caer sobre otros actores fundamentales de la cadena, como enfermeras, médicos, jueces, abogados y sacerdotes. “Hay una disposición a proteger lo desprotegido, y no se legisla para castigar a las madres –advirtieron–. Ellas son tan vulnerables como esos niños o bebés que se trafican.”

Por su parte, Bianco aclaró que el proyecto “es una herramienta más que queremos brindar a la sociedad, para luchar contra este delito horrendo por el cual una mamá entrega a su hijo a cambio de un pago en efectivo o en bienes”.

En el mientras tanto, organizaciones de mujeres están realizando un seguimiento del proyecto, con el fin de que el escarmiento judicial no desemboque en la revictimización.

Para la psicóloga social María Adela Mondelli, “debe evitarse que el hilo se corte por lo más delgado. En la circulación de niños y niñas, el tema con mayúsculas es el dinero y quién lo maneja. Y esencialmente el tema es que no lo maneje la mujer. Esto es una línea que continúa a la del no acceso al aborto: no se trata de ‘defender la vida’, sino de que no sea la mujer la que decida sobre ella. Aunque ese costo sea el de su vida”.

Un niño en el mercado “de la mal llamada adopción ilegal”, estima Mondelli, cuesta hasta 40.000 pesos. Pero la misma criatura “en el sistema asistencial del Estado no trae menos rédito, además de encubrir desocupación y ser fuente de prebendas políticas”. En un caso y en otro, precisa, “la mujer queda fuera de esta cuenta. Me pregunto cuántos niños entregaría una mujer al mercado, con el costo psicosocial que tiene ese salto que la pone por fuera del lazo social, si ese dinero fuera para ella. La finalidad de culpabilizarla es que siga entregando niños al mercado. Al del tráfico y al sistema asistencial”.

Otras voces manifiestan que el Congreso Nacional debería obligar a las provincias a incorporarse al Registro Unico de Adopción (RUA), institución creada por ley hace cinco años y que aguarda la adhesión de las legislaturas provinciales. “En nombre de una malentendida autonomía, juzgados y cámaras provinciales ignoran la normativa nacional, consolidando procedimientos que posibilitan el tráfico y la perpetuación de mecanismos de ‘entrega directa’ de niños, incluso con el aval de guardas judiciales locales”, explica la legisladora porteña María Elena Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, y ex presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.

“Más allá de todas las denuncias e intervenciones que se han llevado adelante hasta ahora, a medida que las brechas sociales de la desigualdad se profundizan, los circuitos de tráfico y de trata de niños y mujeres aumentan rápidamente. Por supuesto que vender un niño es un delito y en numerosas ocasiones se penaliza bajo diversas imputaciones. Muy posiblemente haya que revisar la legislación específica. Pero estoy convencida de que el esfuerzo hay que colocarlo en otra perspectiva.”

Muchos entienden que el RUA permitiría transparentar las inscripciones en todo el país y los otorgamientos de guarda con fines de adopción. “El sistema actual no funciona. En la práctica no se han desterrado las adopciones por canales ilegales –subraya Naddeo–. Y sería objeto de otro análisis más extendido la necesidad imperiosa de instrumentar políticas sociales y productivas necesarias para que las provincias del Norte, en particular Santiago del Estero, Misiones y Formosa, dejen de ser territorios donde entregar o vender a un hijo se convierte en una forma habitual de subsistencia.”