“La semana pasada fue en Olavarría, ayer en Santa Fe y mañana, o más tarde, en cualquier otra localidad de nuestro país, una vez más, una mujer joven y pobre lucha para salvar su vida, luego de haberse visto obligada a recurrir a un aborto inseguro. Una vez más los profesionales de la salud que la atienden (en lugar de poner el centro en su atención, cuidado, preservación y cumplimiento de los deberes que juraron) la denuncian en un intento de revictimizarla. Nos preguntamos: “¿Por qué la denuncia?” “Hay jurisprudencia y protocolos en el sistema de salud que claramente definen lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en estos casos. Un trato humanizado supone darle a la persona que está sufriendo no sólo la atención sanitaria, sino la afectiva y –fundamentalmente– la garantía de confidencialidad. Y no queremos ni una mujer muerta más por aborto clandestino”, apunta un comunicado de la Campaña por el Derecho al Aborto, Seguro, Legal y Gratuito.

“Cuando una mujer llega a un aborto inseguro es porque antes falló toda una cadena de medidas que podían prevenir esta situación. No se puede esperar más: debe haber educación sexual integral; programas de salud sexual y reproductiva con métodos accesibles y sostenidos en el tiempo sin interrupciones, en todos los centros de salud del país y se debe realizar un amplio debate en el Parlamento respecto del proyecto de ley de la campaña para despenalizar y legalizar el aborto”, acentúan.

El Congreso nacional no está discutiendo cómo salvar la vida de las 300 mujeres que mueren –aproximadamente– cada año por mortalidad materna. Mientras que el miércoles 4 de noviembre, en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el PRO mostró su falta de disposición a avanzar en los derechos reproductivos. En este sentido, la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña emitió dos dictámenes –uno de mayoría y otro de minoría– sobre el proyecto de ley que establece un procedimiento para los casos de aborto no punible contemplados por el artículo 86 del Código Penal, con el que las mujeres violadas o con problemas de salud –entre otras situaciones– que deseen interrumpir su embarazo no tendrían que recurrir a la Justicia sino ir directamente a un hospital público a realizarse la intervención ya contemplada por la ley argentina.

El dictamen de mayoría propone archivar esta iniciativa –y que las mujeres que pueden acceder por ley a un aborto seguro tengan tantas trabas burocráticas que sean desalentadas o maltratadas a poner en práctica su derecho– y fue firmado por Diana Martínez Barrios, Mónica Lubertino, Luciana Blasco y Victoria Morales Gorleri del oficialista PRO. En tanto, el dictamen de la minoría que apoya la sanción del proyecto para normativizar los abortos no punibles fue respaldado por Diana Maffía (Coalición Cívica), Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) y Gabriela Cerruti (Nueva Democracia).

Maffía remarcó: “La Legislatura debe garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, cuya vida y salud corren riesgo en situaciones de aborto no punible”.