Cualquier obra social tiene obligación de proveer anticonceptivos y cubrir el total del costo. Esto vale para todas las obras sociales, sean prepagas o no. Y vale para todos los anticonceptivos orales, cualquiera sea su combinación química. Así lo especifica la resolución 310 del Ministerio de Salud de la Nación. Cuando Magalí bajó el texto de Internet y lo leyó con atención, no pensó que tendría que repetirlo adelante de secretarias que le decían que el señor auditor no estaba, pero que ellas podían hacerle llegar cualquier mensaje. “Que se respeten mis derechos, eso necesito que le digan”, respondía Magalí, que se sentía un poco obvia afirmando esas cosas.

Todo empezó cuando su ginecóloga le sugirió cambiar de anticonceptivos. En esos días, Magalí había abandonado sus estudios de abogacía como pico de una crisis vocacional. Mientras, se había transformado en administrativa con la esperanza de aclarar sus ideas. Parte de su trabajo consistía en brindar asesoramiento sobre programas de salud a empleados de un sindicato. Así aprendió algunas cosas. “Hasta ese momento, yo presentaba la receta en la farmacia de la obra social y obtenía un descuento del 40 por ciento. Eso es, con porcentajes variables, lo que reconocen las obras sociales. Pagar los 20 pesos que me costaba cada cajita no me resultaba problemático hasta que me enteré con que en realidad no debía pagar nada”, cuenta. Así que llamó a la sede central de su obra social, explicó la situación y preguntó qué debía hacer para obtener el beneficio. “Debe venir a la sede”, le informó una secretaria.

Ahí le entregaron un listado bajo el rótulo “Anticonceptivos que se entregan de manera gratuita por ley”. Ninguno tenía la composición química que ella necesitaba. “Ustedes mienten porque todos los anticonceptivos deben ser gratuitos, no sólo esos”, objetó Magalí mientras le mostraba a la secretaria la resolución 310. “Bueno, si no está de acuerdo, puede elevar una carta y se la hago llegar al auditor”, respondió la mujer con voz de contestador telefónico. Magalí pidió papel y birome. Ahí mismo escribió “Estimado auditor” y formalizó el reclamo. A las dos semanas, la llamaron. “Le pedimos que llene un formulario y espere su respuesta en 48 horas”, sugirió la secretaria. La respuesta, consideró Magalí, debía ser una autorización avalada por la obra social. A los dos días, volvió. La había obtenido. El problema es que estaba invalidada por un “no autorizo” con la firma del auditor.

–Quiero hablar con él –exigió.

–Ahora no está. Y luego, andará sepultado de reuniones y compromisos –la desalentó la secretaria. Entonces Magalí devolvió la autorización junto con una fotocopia de la resolución donde marcó con resaltador fosforescente y flechitas escritas con birome las zonas que avalaban su reclamo. Esperó dos semanas más. La volvieron a llamar.

“La verdad es que no entendemos muy bien por qué usted insiste con esto”, la sermoneó otra mujer, que se presentó como asesora del auditor. Magalí no se inmutó. “Si su jefe no da el visto bueno, denuncio a la obra social en la Superintendencia de Servicios de Salud”, advirtió mientras se sentía extraña. Es que ella estaba acostumbrada a asesorar a otras personas más que a ser damnificada.

Finalmente, le entregaron una autorización curiosa: el casillero que decía “no” estaba marcado primero y tachado después. La rectificación decía “Sí autorizo” y abajo, en cursiva se leía “validez por un año”. Todo, acompañado por la firma del auditor y su sello. La asesora le explicó que cada mes debía presentarla en la farmacia, fotocopiada junto con la orden médica de su ginecóloga. Las dos mujeres se miraron un rato. La asesora dio por finalizado el asunto, deseándole a Magalí buenos días. Antes le ofreció caramelos ácidos que guardaba en una canastita, a un costado de su escritorio.