“Si hablo con mis viejos me van a decir que vengo de un repollo, pero no me van explican nada”, explica Hugo su desamparo, aunque parezca escudado por su cuerpo enorme y sea tan alto como un adulto, pero en realidad sea tan niño como en la etapa de los porqué y esté tan afuera de los estigmas sobre los jóvenes que se anima a escribir en el pizarrón su definición sobre el amor –“es un lobo viejo”– en una construcción mágica que se produce en una de las pocas clases de educación sexual que se dictó –por incentivo de la docente de Literatura María Victoria Arias, en el Liceo Nº 11 Cornelio de Saavedra– durante el año pasado, en la Ciudad de Buenos Aires.

Hugo parece grande. Pero porque su cuerpo lo parece. Y su cuerpo no sólo necesita parecer, también ser: libre y protegido. El es tan grande como para que su cuerpo pida roce. Pero es chico para saberlo todo (por eso va a la escuela). Y, al contrario de los prejuicios que dicen que si a los chicos no se les haba de sexo, ellos no tienen sexo; o que no es necesario hablarles porque ya lo saben todo, él pide deshojar el repollo y encontrar en su sexualidad placer, respeto, cuidado y futuro. Por eso, Hugo agradece poder ponerles palabras a sus dudas y sacar de su piel la incertidumbre de culpa y goce que –todavía– desata la pasión y que, todavía, le puede dar miedo o un hambre ciego como si –todavía– funcionara el cuento de Caperucita y el Lobo.

Sin embargo, hasta ahora, existen organizaciones que intentan entorpecer el libre acceso de los y las adolescentes a la búsqueda gratuita de preservativos y anticonceptivos en los centros de salud y hospitales públicos. ¿Puede invocarse la patria potestad como derecho superior a los derechos de las y los jóvenes menores de edad a decidir sobre su propio cuerpo, su sexualidad y las prácticas de cuidado y salud? La Justicia ya dio una respuesta: no. La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó (el 29 de diciembre del 2009, mientras las Fiestas opacaban el brillo de ese fallo) la decisión de primera instancia en la causa “Nobile Rodolfo y otra c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”.

La historia comenzó cuando la pareja Nobile presentó un amparo contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) con el argumento de que la educación sexual y la distribución de preservativos a menores de edad atentaba contra la vida, la salud y la patria potestad. El riesgo de que la batalla judicial paralizara la enseñanza de cuidar el cuerpo y el reparto de métodos para cuidarlo siempre es filoso. Sin embargo, la Justicia cordobesa confirmó la constitucionalidad de la ley 25.673, por la cual fue creado el PNSSyPR.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva –que costó más de diez años que el Congreso aprobara– intimó al Ministerio de Salud a ocuparse de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los y las adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Además, la ley 25.673 reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derechos, en sintonía con la Declaración de los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene estatus constitucional.

Pero la disputa judicial advierte acerca de la militancia de sectores conservadores para evitar avances que en materia de derechos sexuales. Paula Ferro, a cargo, del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, avala la sentencia y pone una barrera a los que quieren impedir que los y las jóvenes lleguen caminando sin correas a ver cómo se cuidan y cómo disfrutan de su cuerpo: “El programa se basa en la Constitución nacional y en principios de derechos humanos, por eso este tipo de cuestionamientos (en relación a la patria potestad) frente a los que decidió la Justicia de Córdoba no podían ser admitidos”. Y cree que la Justicia marcó un paso adelante: “Esta sentencia es muy positiva, sobre todo, porque reconfirma que el deber del Estado es asegurar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables y expuestos en nuestra sociedad”.

La sentencia no sólo habla por sí misma. También es avalada por otros sectores científicos. La presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, Miriam Salvo, respalda: “Nosotros manifestamos nuestro acuerdo con el fallo emitido por la Justicia cordobesa, ya que consideramos que se están refrendando de esa forma los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación”. ¿Y por qué si parece tan obvio que una chica que tiene relaciones con su novio o un adolescente que busca sexo casual en el verano puedan acercarse a un hospital a pedir preservativos o anticonceptivos igual que los adultos sin una nota de autorización de su mamá y su papá, como si estuvieran en tercer grado y fueran de visita al zoológico? Porque, a pesar de que los jóvenes no piden permiso para tener sexo, todavía hay muchos sectores conservadores que creen que es más importante decirles que “eso no se hace” a protegerlos cuando sí lo hacen.

“Nos cuesta creer que todavía haya personas que no entiendan que los jóvenes comienzan su actividad sexual sin pedirles permiso a sus padres, muchas veces adquiriendo conductas riesgosas que ponen en peligro su salud sexual y reproductiva actual y futura”, subraya Salvo. Y defiende que en los hospitales públicos y los centros de salud los y las adolescentes sean bien recibidos y los preservativos o anticonceptivos sean insumos accesibles para que ellos no se asusten por los pasillos con camillas y médicos con estetoscopios. “La posibilidad de contar con un programa nacional donde se implemente la consejería y el suministro de preservativos y de anticonceptivos apunta a disminuir los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y la morbimortalidad materna e infantil, y esto es apuntar a la salud, sin lugar a dudas”, subraya Salvo.

En la Capital Federal también respaldan la libertad de los y las adolescentes porteños/as. La ginecóloga Silvia Oizerovich, al frente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, resalta: “Nuestro programa atiende población adolescente, brindando consejería y los métodos necesarios para satisfacer las necesidades de este grupo trabajando junto al Programa de Adolescencia, Coordinación SIDA y el Ministerio de Educación de la Ciudad”.

Sofía Ganem es tucumana y todavía joven. No habla de los otros, sino de ella y sus nosotros/as. Pero además pertenece a una organización que no sólo habla de cuidarse, de no morirse, no embarazarse, no enfermarse. También de disfrutar. Y no es poco. Sofía es la coordinadora de Jóvenes por la Elección y el Placer, y desde ese lugar de reivindicar y defender su derecho al goce –a una caricia sin miedo, a una desnudez protegida, a un goce sin fondo y con risa– ella planta la bandera de una libertad apenas custodiada por el respeto y el motor del deseo. “Existe la creencia de que la educacion sexual integral implica y el reparto gratuito de anticonceptivos incentiva a los y las adolescentes a la promiscuidad. Pero es un mito. No podemos desconocer la realidad: los jóvenes mantienen relaciones sexuales cada vez a edades más precoces. Se estima que en nuestro país los y las adolescentes tienen una primera aproximación sexual a los 11 años y contacto sexual con penetración a los 14. Los/las adolescentes tienen derecho a gozar de una vida sexual plena y satisfactoria, sin riesgos de procrear, de elegir tener relaciones o no tenerlas, cuándo y con qué frecuencia. Por eso, la ley 25.673 ordena al Estado a garantizar insumos para prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Sin dudas, que la Justicia de Córdoba haya confirmado la constitucionalidad de la ley contribuye a su implementación y a que ya circule una información entre los médicos para que la entrega de preservativos sea a libre demanda, sin ningún tipo de pedido de identificación.”

Es más, el Ministerio de Salud recomienda: “Poner preservativos a disposición de la gente en lugares que sean visibles y accesibles a todos los usuarios del centro de salud, por ejemplo la sala de espera, en la farmacia, consultorio de ginecología, adolescencia. Se sugiere usar una canastita, caja o expendedor que esté disponible durante todo el horario de atención del centro y designar a una persona responsable de verificar que los lugares donde se encuentren preservativos cuenten siempre con existencia del insumo”.