“Mis nenas están mal, los comienzos de clases siempre son traumáticos, se ponen ansiosas, se bañan a cada rato, tienen miedo de que las pasen a buscar... Todas las madres compartimos este calvario después de cuatro años.” Quien habla es Ely, la madre de dos nenas –que ahora tienen 15 y 12 años– abusadas sexualmente en El Colegio Nuestra Señora del Camino de Mar del Plata (dependiente del obispado local), en el 2002, cuando tenían cuatro y cinco años e iban al jardín de infantes católico. En esa causa, en la que más de veinte alumnos y alumnas aseguran que el profesor de gimnasia los llevaba “al cuartito” para estar con el “hombre de negro”, el acusado –Fernando Melo Pacheco– fue absuelto de culpa y cargo el 27 de marzo de 2006. Pero no sólo él quedó libre. Además, la sentencia se convirtió en un caso testigo de la impunidad judicial a los abusadores sexuales y de la falta de escucha a la voz de niños y niñas víctimas de violencia sexual.

Después de ese cachetazo, muchas madres y padres hicieron marchas, incluso de espaldas a la catedral marplatense, para reflejar que la Iglesia no los respaldó a ellos sino a los acusados y empezó una nueva odisea de cuatro años más. Pero la Justicia volvió a fallar para fallarles. El 12 de marzo de este año, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia –uno de los expedientes más criticados en materia de abuso sexual en la Argentina– y dejó nuevamente libre a Melo Pacheco y bañado de impunidad a Félix Alejandro Martínez, el “hombre de negro”, el obispo que los chicos señalan como el que los tocaba y amenazaba para que no hablaran.

Aunque las madres y los padres van a seguir peleando a través de una apelación en la Suprema Corte bonaerense, los chicos y chicas crecen con miedo, el hombre de negro todavía da misa los domingos y Melo Pacheco camina en la misma vereda que sus ex alumnos/as. “Me lo crucé en la calle. El estaba en un auto. Frenó. Me miró. Se rió. Se fue. Y no pude hacer nada porque si hago algo voy presa”, relata Ely, sobre un encuentro que tuvo hace dos veranos con el hombre que sus hijas señalan como el responsable de una herida que las sigue dejando temblando cada vez que tienen que ir al nuevo colegio. “Yo no lo quiero ver muerto. Pero sí que la gente lo señale en la calle y que sufra, al menos una parte, de lo que sufrimos nosotros como familia”, pide Ely.

Valeria, que tiene dos hijos abusados (un varón de 14 y una nena de 11) siente que “esto es peor de lo que pasó en primera instancia. Nos vienen bicicleteando hace cuatro años y ahora la ratificación del fallo anterior nos tira abajo”. Y desnuda la naturalidad con que la Justicia todavía mide los abusos sexuales en la infancia. “Cuando fuimos a ver al juez Natiello, él nos dijo que no era psicólogo y minimizó la situación con la pregunta textual ‘¿A qué chico no le bajaron los pantalones alguna vez en un baño?’. Ya nos había dicho que iba a votar en contra nuestro y creo que ni siquiera leyó la causa.”

El caso testigo del Colegio Nuestra Señora del Camino no es sólo un expediente que demuestra las trabas para frenar y evitar los abusos sexuales. También son vivencias que laten, duelen y dejan secuelas. “Mi nena tuvo clamidia (una enfermedad de trasmisión sexual) y en la causa desestimaron esa prueba. Toda mi familia se sometió al análisis y a todos nos dio negativo: sólo la nena tenía clamidia”, subraya Valeria. Si el abusador no estaba en su familia y otros veinte chicos también acusaban al colegio ¿todo se trataba de una casualidad permanente? “Ahora mi hija está mal, tiene días que está muy angustiada, se despierta a la noche, me dice ‘¿por qué me tuvo que pasar esto a mí?’ y le cuesta concentrarse. Pero mi hijo mayor está todavía peor: se autolesiona, repitió dos veces en la escuela y necesita tratamiento psiquiátrico”, cuenta con la voz cortada, y agrega que una madre murió y otra padece cáncer de páncreas.

A pesar de la bronca, el abogado Maximiliano Orsini rescata que no haya sido un falló unánime porque el fundamento alternativo podría ser un buen antecedente para llegar a la Suprema Corte bonaerense: “En su voto disidente, el magistrado Horacio Piombo cita los casos de abuso sexual de la Iglesia hacia menores, pero los jueces Benjamín Sal Llargués y Carlos Natiello hablan de la falta de concordancia entre los menores, los padres y los psicólogos, lo cual es una aberración, ya que nunca coincide exactamente lo que el chico le puede decir a su padre con lo que declara en una Cámara Gessel, y por otro lado, el tiempo transcurrido entre que los alumnos mostraron la sintomatología y les tomaron las pericias fue de hasta seis meses”.

En Mar del Plata preparan una marcha, para el 26 de marzo, en contra de la doble victimización de los chicos por el abuso sexual y la acusación judicial que los tilda de fabuladores. “El primer fallo, ahora ratificado, es un monumento a la impunidad y un ejemplo del fenómeno del backlash (reacción violenta contra los profesionales intervinientes en casos de abuso sexual)”, remarca la psicóloga Patricia Gordon, Secretaria General del Colegio de Psicólogos Distrito X Mar del Plata y ex terapeuta de algunos niños abusados en ese colegio. Ella relata: “Durante el juicio, la mayoría de los profesionales aseguraron que los niños y niñas habían sido abusados sexualmente, violentados, sacados de la escuela, fotografiados y filmados. Muchos de ellos aún sufren las consecuencias y las secuelas del padecimiento. Pero ‘las pruebas materiales’ no les fueron suficientes a los administradores de la Justicia. Entonces, se apoyaron en la burda idea de una “psicosis colectiva”. Se silenció, hace justamente cuatro años, la voz de los niños que contaban que habían sufrido tocamientos genitales, salidas del colegio a una casa extraña, golpes y la continua amenaza de matar a la madre si ellos contaban ese secreto”.

Mientras que en Alemania el propio hermano del papa Benedicto XVI es cuestionado por haber dado clases en un colegio religioso donde –ahora– se descubre que hubo chicos abusados, en la Argentina la mordaza sigue atada. Pero no se trata sólo del comportamiento judicial. En el momento en que el Vaticano reconoce que hay tres mil sacerdotes investigados por delitos (en su mayoría sexuales), Ely apunta: “Obviamente la Iglesia está atrás de esto. No por nada recibimos presiones y nos amenazaron cuando decidimos hacer la denuncia”. “En este país, los abusos de la Iglesia continúan siendo silenciados –denuncia Gordon–. Cuando las madres y los padres de estos niños recurrieron al Obispado de Mar del Plata, la Iglesia cerró sus puertas. Mientras que es muy posible que el cura Alejandro Martínez hubiese sido otro sacerdote católico en la amplia lista de abusadores que la Iglesia intenta ocultar. Pero hoy tenemos que explicarles a los niños y niñas que los jueces no les creyeron y que la crueldad nos golpea nuevamente.”