Con la sanción del Código Civil argentino, encargado por el gobierno de Bartolomé Mitre y aprobado por el parlamento sin debate previo, en 1871 se abrió un capítulo oscuro en la historia de las mujeres argentinas, que recién se cerraría –parcialmente, claro, y sólo en lo relativo a la mayoría de sus derechos civiles–, casi cien años más tarde, irónicamente bajo el gobierno de facto de Onganía. En su letra, el Código redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield clasificaba a las personas en “capaces” e “incapaces”: la mujer, normalmente un sujeto considerado por la ley como jurídicamente competente, se volvía prácticamente inepta al casarse con un hombre. No bien pasaba por el altar (o el registro civil, a partir de 1888) toda argentina, e independientemente de su clase social o nivel económico, quedaba a cargo de su esposo, quien a partir de entonces la representaba en casi todos los actos jurídicos y se convertía en el único administrador de su dinero. Sin su permiso, ninguna esposa podía testificar en un juicio o ante un escribano, celebrar un contrato, hipotecar, vender, comprar o donar bienes. Toda denuncia contra ella debía ser dirigida a su marido, considerado por el codificador cordobés el jefe de la sociedad conyugal, y facultado para recurrir a la fuerza pública si su mujer dejaba el domicilio matrimonial.

Aunque muy estigmatizadas, sobre las mujeres solteras no pesaban la mayoría de estos preceptos que, a pesar de violar la Constitución Nacional (“todos los ciudadanos son iguales ante la ley”), reglamentaron una experiencia tan íntima como la matrimonial hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, el feminismo argentino, que por entonces daba sus primeros pasos, encontró en un joven estudiante un importante aliado en esta causa. Corría el año 1902 y Enrique Del Valle Iberlucea se recibía de abogado con una tesis que defendía la igualdad civil de las mujeres casadas y que proponía incluir el divorcio en la legislación argentina, señala Marina Becerra en Marxismo y feminismo (Prohistoria Ediciones). Recientemente editado, este libro repasa la vida intelectual y política de quien en 1913 fue elegido el primer senador socialista de Latinoamérica.

Nacido en España, Del Valle llegó a los ocho años a la ciudad de Rosario, donde se estableció junto a sus padres. Desde entonces, y hasta su muerte, la preocupación porque se lo creyera lo suficientemente argentino sería una constante. No bien recibió su diploma de abogado, se nacionalizó argentino y se enroló voluntariamente en el Ejército nacional. Afortunadamente, las armas no lo alejaron del trabajo intelectual. A los 25 años daba conferencias sobre teoría marxista y comenzaba a distanciarse ideológicamente de la línea trazada por el fundador del Partido Socialista argentino, Juan B. Justo. Esto no impidió que, luego de dar una charla a favor del divorcio en el Centro Socialista Femenino, en 1902, Del Valle se afiliara a este partido. Para entonces un diputado liberal había presentado en el parlamento argentino el primer proyecto de ley de divorcio vincular. Pero en esa conferencia, y frente a decenas de mujeres, Del Valle mencionó un argumento que faltaba en los encendidos debates que tenían lugar en el Congreso: el amor. Para el socialista, además de emancipar a las argentinas, el divorcio significaba una segunda oportunidad para todos aquellos y aquellas atadas por vínculos que “no nacían del corazón”. De ahí en más, y de la mano de su amiga y colaboradora Alicia Moreau (con ella fundó la revista socialista Humanidad Nueva), Del Valle abogaría por los derechos de los mujeres, un capítulo prácticamente ausente en la escasa bibliografía existente sobre el primer senador socialista argentino.

Discípula de la gran maestra e historiadora Dora Barrancos, la socióloga e investigadora del Conicet Marina Becerra salda esta deuda con el intelectual marxista y rescata el carácter precursor de su lucha por la emancipación de las mujeres de un país que sentía como propio. En 1920, ya como integrante del Senado argentino, Del Valle presentó un proyecto de despenalización del aborto. Dos años antes había elaborado un proyecto de emancipación civil de la mujer que, más tarde, serviría de base a la ley 11.357. Sancionada en 1926 y conocida como la “Ley de ampliación de la capacidad civil de la mujer”, esta normativa otorgó derechos civiles a las solteras, divorciadas y viudas, reconociendo su igualdad jurídica con los hombres. Sin embargo, a pesar de que eliminaba algunas restricciones para las mujeres casadas, como la administración de sus propios bienes –a título oneroso– y salarios, la nueva ley continuaba impidiéndoles abandonar el hogar conyugal o ejercer la patria potestad de sus hijos menores, entre otras cosas.

Del Valle nunca llegó a enterarse de la sanción de esta ley: murió en 1921, a los 44 años, de una enfermedad respiratoria. Semanas antes, había sido desaforado del Senado argentino por declarar en un congreso socialista su adhesión a la Tercera Internacional, la organización comunista fundada por Lenin. En una vergonzante votación, la mayoría conservadora y radical decidió el desafuero de uno de los legisladores más brillantes que haya tenido en sus bancas. Acusado de anarquista y antipatriota, se le hizo notar su origen extranjero y se lo condenó por el delito de “opinión”, como sostiene Becerra en su primer libro, consagrado a esta figura inexplicablemente poco nombrada por la historia.