La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales fue sancionada en el Congreso de la Nación en el mes de marzo de 2009 e implica un avance importante porque se refiere específicamente a la violencia contra la mujer, relaciona la definición de violencia con una situación desigual de poder y habla, inclusive, de la violencia mediática y la obstétrica. Sin embargo, se debe contar con el presupuesto adecuado para llevar a cabo la asistencia integral a las víctimas y las campañas de prevención en todos los niveles educativos.

Las leyes por sí solas no mejoran el problema si no vienen acompañadas del presupuesto necesario para poder implementar las políticas. Por ejemplo, para el cumplimiento adecuado de la norma se requiere de un fortalecimiento jerárquico y técnico del Consejo Nacional de la Mujer, una institución que –lamentablemente– ha ido perdiendo jerarquía dentro del organigrama del estado y –lo que es peor– disponibilidad de presupuesto.

También es fundamental la puesta en funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, encargado de monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e informaciones sobre la violencia contra la mujer. Asimismo, la norma insta a encarar políticas de prevención con el dictado de contenidos en el ámbito laboral, la escuela y la policía.

Es fundamental diseñar campañas de prevención y de capacitación a las fuerzas de seguridad, tal como lo establece el artículo 11 de la ley, en relación con las políticas públicas a implementar por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, pero para todo esto es elemental contar con fondos acordes para efectivizar estas políticas.

Cada vez son más los numerosos casos de violencia contra las mujeres que, con frecuencia, llegan a su expresión más extrema: el femicidio. Esta problemática se agrava año a año y es la principal causa de muerte en las mujeres. Por eso, es fundamental la inmediata reglamentación y puesta en práctica de la Ley 26.485 que debe adquirir plena vigencia ya que representa, sin dudas, un paso importantísimo para garantizar los derechos de las mujeres.

* Diputada de la Nación-Partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN).