La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sancionó una ley que establece un “Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia contra la Mujer en la Consulta Médica”, para su implementación por parte de las instituciones públicas y privadas de la salud en consultas o entrevistas profesionales.

“El presente Protocolo tiene por objeto la intervención activa del Estado en la disminución de los casos de violencia contra la mujer. La finalidad de su utilización, complementariamente con los procedimientos clínicos específicos de cada campo profesional y de los distintos niveles de complejidad en los que se implemente, es: la detección precoz e intervención temprana ante casos de violencia que afecten a la población femenina; la recolección y tratamiento de información estadística vinculada a la violencia contra la mujer en todas sus formas”.

La trascendencia de esta norma, que surge de una de las provincias más relegadas del mapa nacional, es que faculta a los centros de salud y hospitales públicos no sólo a curar un moretón, a calmar un ataque de angustia o a amortiguar los golpes de las mujeres maltratadas, sino que les da una entidad que quita a la violencia de género al lugar maldito de un accidente que parece inevitable y que pierde la continuidad del seguimiento estatal y que, además, le otorga una responsabilidad a la salud pública en la prevención y erradicación de la violencia de género tomada tanto en su aspecto físico, emocional, sexual, económica e, incluso, obstétrico, ya que toma las definiciones de la Ley Nacional 26.485 aprobada, a principios del año pasado, por el Congreso Nacional.

La responsabilidad de la aplicación de la Ley –porque del dicho al hecho en temas de género suele haber un filoso trecho– es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.

El presente proyecto tiene por objeto implementar en el ámbito de la salud tanto pública como privada un Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia contra la Mujer en la consulta médica. Los fundamentos de la nueva norma resaltan: “La violencia contra las mujeres tiene gran repercusión en su salud y en el sistema sanitario ya que muchas mujeres que resultan heridas en los episodios de violencia recurren al hospital en busca de cuidados médicos para sus lesiones. Generalmente tras largos años de violencia cuando la afectación de la salud mental es manifiesta, las mujeres acaban requiriendo también la atención de los especialistas en esta disciplina. Sin embargo, el mayor reto probablemente esté en la demanda repetida de asistencia por signos y síntomas inespecíficos de carácter físico o psicológico, en cuyo trasfondo subyace la violencia pero que ni la mujer ni el profesional relacionan con ella. Como consecuencia, se prescriben pruebas diagnósticas y terapéuticas que resultan poco efectivas, incrementando las consultas a diferentes especialistas que tampoco resolverán el problema. Por eso, es imprescindible la sensibilización, capacitación y formación de los profesionales”