La tasa de fecundidad en la ciudad de Buenos Aires es de 1,9 hijo y la edad promedio de las madres porteñas aumentó a treinta años. Pero, además de las enormes inequidades entre el norte y el sur –donde las mujeres tienen más hijos y más jóvenes–, a cualquier edad un hijo/a es una revolución. Pero, en la Argentina, el Estado tiene ex guarderías (ahora se supone que los bebés no se guardan, se cuidan) para siete o diez niños/as y conseguir una vacante es más difícil que lograr dormir una noche entera con una cunita agazapante al lado.

Se supone que las mujeres tienen que ser madres, mujeres y trabajadoras como puedan: con una empleada doméstica, con su madre, su suegra o el fantasma Gasparin, pero no con el respaldo del Estado. Sin embargo, a veces, las ayudas –pagas y no pagas– son las que desaparecen. Y no hay abrakadabra que valga.

Por eso, es necesario que haya espacios seguros y accesibles para que tener hijos no sea ni sentido ni vivido como un escollo o un malabar permanente para poder trabajar por necesidad o placer. En el debate (realizado durante la anterior gestión porteña) sobre presupuesto participativo, la gran diferencia de género era que las mujeres pedían más lugares para cuidar a sus bebés. Pero el problema de la falta de espacios preeducación inicial jamás figuró en las agendas mediáticas ni políticas.

Sin demasiado ruido, pero al menos como hecho simbólico, el 9 de junio se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de trabajo para la elaboración de una ley para jardines maternales y de infantes, convocada por la diputada porteña María José Lubertino con autoridades de jardines de la ciudad de Buenos Aires y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), entre otros. El objetivo del proyecto es garantizar el acceso a establecimientos educativos, gratuitos y de calidad, a los niños y niñas de cuarenta y cinco días a cinco años.

Lubertino destacó la importancia de la creación de un Programa de Universalización de la Educación Inicial “a efectos de ampliar y optimizar la infraestructura, el equipamiento y la dotación de recursos humanos del nivel educativo inicial de gestión estatal con el objetivo de promover su acceso universal para niños y niñas y la igualdad de oportunidades y trato hacia la mujer, en el marco de la integración social de la maternidad y la responsabilidad social solidaria del cuidado y desarrollo integral infantil”.

La legisladora acentuó: “El programa propuesto va a intentar satisfacer una profunda y creciente necesidad de brindar educación de calidad y atención especializada a los hijos e hijas de trabajadores, trabajadoras y estudiantes que residan, trabajen o estudien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en modo independiente que su inserción laboral sea formal o informa, o del nivel de estudios cursados, desde un enfoque universal”.