“Las mujeres corren más peligro dentro de su casa que afuera”, sostuvo Carmen Argibay, la primera jueza en ser designada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con palabras casi calcadas, Elena Highton de Nolasco –la segunda integrante del máximo tribunal–, y la primera en asumir en sus funciones en el órgano más alto del Poder Judicial, mostró que en dos años la oficina que está abierta las 24 horas, los 365 días del año, en Lavalle 1250, ya recibió 16.000 denuncias. La coincidencia del trabajo de las dos abogadas pioneras en la historia argentina no sólo va en contra de la idea mediática y de la opinión pública de que el peligro está afuera, sino que también está destinada a intentar revertir los efectos de la violencia de género.

También demostró que, con distintas y variadas acciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la iniciativa de defender –especialmente– los derechos de las mujeres y de facilitarles el acceso a la Justicia, a pesar de las trabas y el machismo que hoy sigue rigiendo en muchos jueces, juezas, secretarios/as y funcionarios inferiores. Tanto la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –una iniciativa llevada adelante por Highton de Nolasco y coordinada por Analía Monferrer–, la apertura de una oficina similar en Tucumán –por impulso de la jueza Claudia Sdbar, la única mujer en el alto tribunal norteño– y la espera de que comiencen a funcionar otras sedes, por ejemplo en Santiago del Estero, reflejan la puesta en marcha de planes para facilitar y aumentar las denuncias de violencia sexual, económica, psicológica y física sufrida –mayoritariamente– por mujeres.

A la vez que la Oficina de la Mujer creada por Carmen Argibay presentó, el lunes 6 de septiembre, el “Plan para incorporar la perspectiva de género en la Justicia argentina”. El conjunto de planes –ya puestos en marcha, no sólo esbozados en teoría– ponen a la Corte en un rol muy activo en el abordaje, la prevención y la sanción de la violencia machista.

Pero, como todo plan que se precie, empieza por relevar con qué fuerzas se cuenta; el primer golpe de efecto destinado a crear conciencia en torno de las problemáticas de género fue presentar una obra de teatro sobre cómo el machismo coarta el acceso de las mujeres a la Justicia, frente a un público compuesto por 500 funcionarios judiciales que asistieron, el 2 de septiembre, a la “Cuarta Conferencia Nacional de Jueces”.

Una adolescente abusada sexualmente (Mónica), una mujer explotada por redes de trata (Gabriela) y una adulta mayor (Ana) maltratada por su marido ya jubilado fueron puestas en escena por un grupo de teatro de Costa Rica –Espacio Vacío– para que funcionarios y funcionarias entendieran de manera sensible cuáles son las consecuencias de sus actos. “En la práctica, los procesos judiciales deberían proteger a las mujeres y retribuirles por el daño que padecen, pero en muchas ocasiones se convierten en dolorosas travesías. La discriminación por cuestiones de género que nos impone la sociedad patriarcal alcanza también los procesos judiciales. Tanto el operario judicial como las potenciales víctimas deberían tener claro que este tipo de delitos exige un manejo especial de la víctima y sus necesidades. A través de las protagonistas de la obra vemos la dura realidad de un sistema que no escucha a las víctimas, en el cual se debe soportar el rigor de los prejuicios, la indiferencia y la falta de recursos para alcanzar la anhelada justicia”, dice un comunicado que no crítica a la Justicia desde afuera sino desde –y ese es el punto– su máximo tribunal.

Los testimonios fueron contundentes y conmovedores. Pero el logro no era sólo artístico ni discursivo. Era el eco emotivo que se producía en quienes están habituados a recibir declaraciones al ver, en la representación, a una niña que describe los abusos de su padre, mientras que quien se supone debería escucharla habla con otros, canta el feliz cumpleaños o definitivamente se aburre. Parecía, de alguna manera, la teatralización de un reto que la Corte dedicó a sus funcionarios y funcionarias.

La Justicia se topó con las injusticias que genera su trato por idea de Argibay, quien decidió traer a la Argentina esta puesta, una de las ganadoras de Proartes 2009, programa del Teatro Melico Salzar, institución que pertenece al Ministerio de Cultura de Costa Rica. Esta sorpresa que desencajó las habituales exposiciones oratorias fue ideada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la colaboración de Naciones Unidas y –casi está de más decirlo– no tuvo un final feliz. Pero cumplió su objetivo: mostrar la revictimización de las víctimas una vez que dieron el difícil paso de hablar y exigir sus derechos.