Claudia Cesaroni trabajó durante muchos años como abogada en los equipos de la Procuración Penitenciaria y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En conversación con Las 12, Cesaroni da cuenta de los sucesos por los cuales tuvieron que pasar (y continúan atravesando) seis adolescentes que fueron condenados a prisión

–En tu libro La vida como castigo tomás los casos de adolescentes condenados a perpetua en Argentina. ¿Cómo llegás a vincularte con estas historias?

–Yo trabajaba en la Procuración Penitenciaria, que es un órgano de protección de derechos de presos federales que están alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal. En el año 2001 mi función era, junto con otros colegas, recorrer la cárcel de Ezeiza. Ahí establecí contacto con presos, porque era lo que iba a hacer, hablar con los presos y escucharlos. Un día de marzo de 2002 estaba en la Procuración y me pasan un llamado. Era un preso adulto que me dijo: “Acá hay un pibe que dice que le parece que su condena no corresponde, que está mal puesta. ¿Lo podés atender?”. Entonces hablo por primera vez con Lucas Mendoza, que es uno de los chicos condenados a perpetua. El me pide que lo vaya a ver. Lo voy a ver y me cuenta su historia.

El vínculo que Claudia estableció con Lucas y con los otros adolescentes quedó registrado en su libro. Juntó tanta información, tantos datos que ya dejó de ser un “caso” y pasó a ser un tema que quiere que se resuelva. “Ya no era un tema solamente jurídico. Apareció un compromiso personal que va más allá de mi trabajo. Conocí a Lucas y a su familia, y su caso es una violación a los derechos humanos, por eso mismo hay que resolverlo. Me dije: tengo toda esta información, me tienen confianza, y yo tengo confianza con ellos, me han contado su vida cotidianamente, entonces hay que hacer algo con todo esto. Y me planteé que podía hacer un libro.”

Para la Convención sobre los Derechos del Niño –destaca Cesaroni– todo menor de dieciocho años es un niño, y a estos adolescentes les aplicaron la misma pena que a un adulto. “Además la Convención obliga a aplicar la pena más breve que proceda, en el caso de delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años. Y el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) les da a los jueces, si deciden condenar, la posibilidad de aplicar la pena prevista para la tentativa del delito del que se acuse al adolescente. Pero esa ley hay que aplicarla en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y dice que la prisión es el último recurso, y siempre hay que aplicarla por el plazo más breve que proceda. Entonces, la posibilidad para el juez se transforma en obligación. Es decir, si el adolescente está acusado de cometer un homicidio, y se decide condenarlo, la pena más breve que procede es la de la tentativa del delito de homicidio, que son 10 años. En lugar de un máximo de 25, será un máximo de 10. Eso, porque es menor, porque cometió el delito siendo menor de edad, y se considera que obviamente debe tener una pena también menor que un adulto. Esa disminución en razón de la edad se aplica en todos los códigos penales de América latina y de Europa.”

Cesaroni insiste en que hay que excluir la opción de que se les aplique la misma pena que a un adulto. Y hay que establecer montos de penas. “Esa es una discusión legislativa. Siempre que un menor de dieciocho años cometa un delito, sea del tenor que sea, tiene que recibir una pena inferior a un adulto. Y establecer una serie de garantías que están establecidas para los adultos y que muchos adolescentes no tienen. La defensa desde el primer momento de la detención. La utilización de la cárcel como último recurso. Eso quiere decir que previo a la detención haya una serie de medidas en libertad que se hagan con los adolescentes para evitar a toda costa el encierro. La cárcel es totalmente desintegradora de la personalidad.”

–¿Cuál debería ser el rol del Estado?

–El Estado debe utilizar ese tiempo para que esos chicos puedan salir a la calle mejor de lo que entraron a la cárcel. Cometió un delito pero está en plena etapa de formación de su vida, entonces trataré de darle educación, un oficio, tratar de que pueda entender el efecto del daño que hizo y de que pueda construir un proyecto para no repetir ese daño.

Por eso te decía que hay que discutir la idea de que muchos años de cárcel sirven para algo. La verdad, no sirven y tampoco operan como un disuasivo para el resto de los posibles delincuentes. Lo que está puesto en la escena del momento, por ejemplo, cuando un pibe va a robar un auto, es llevarse el auto con el menor riesgo posible, y quien lo espera es un reducidor de autos que le va a pagar cien pesos por ese auto. Seguramente no están pensando en lo que dice el Código Penal, sino en salir con vida.

–En el libro hacés referencia a que el Estado argentino está incurriendo en una grave falta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al condenar a estos menores a prisión perpetua.

–Lo paradójico que tienen estos casos es que todos los diversos protagonistas que intervinieron –funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, legisladores, organizaciones de derechos humanos, todos– están de acuerdo en que esas condenas no deberían haberse impuesto, porque son, algunos dicen, inconstitucionales, otros dicen ilegítimas, otros dicen que son brutales, o excesivas, pero siguen ahí. Y lo peor es que todos se lo decimos a los jóvenes. Estos adolescentes están privados de su libertad desde los dieciséis años y ya tienen treinta. Yo les digo: “Sí, efectivamente tu condena está mal impuesta”. Naturalmente esperan que se les diga cuándo salen. Y pasa un año y pasa el otro, el otro y el otro y siguen ahí. Entonces eso es lo que me parece más terrible. No hay un área del Estado que reconozca esto y lo resuelva. Sucesivamente todos reconocen que lo tienen que resolver, pero lamentablemente no se ha encontrado la forma. Y en el camino, uno de los pibes apareció colgado en la Penitenciaría de Mendoza y los otros han atravesado todas las cárceles del país.

–¿Dónde creés que radica el problema?

–Yo creo que el problema es que tampoco está asumido claramente como una violación a los derechos humanos, por ejemplo, por las mismas organizaciones de derechos humanos. Este caso se ha difundido, pero la evidencia es –como se suele decir habitualmente– que nadie lo “milita” como un caso de violación a los derechos humanos. Podés recoger simpatías, “sí esto es terrible” o “cómo puede ser...”, pero después, en lo concreto no pasa nada. Y todos sabemos que cuando un caso está en la agenda de los organismos de derechos humanos se resuelve, o toma estado público y es una bandera. Más, en un momento como éste en el que el espacio de los derechos humanos está muy presente. Pero claro, hay un problema, y es lo que yo intento plantear, entre asumir la problemática de los derechos humanos vinculados con la represión política del pasado o del presente y los casos asociados a los delitos “comunes”. Entonces la situación de las personas privadas de la libertad, la tortura, los malos tratos y este tipo de condenas son una problemática que no está y no es lo mismo que discutir la tortura en los campos de concentración de la dictadura. Este es otro tema y es un tema muy complejo porque tiene que ver con la problemática de la inseguridad y el delito común. Es más complejo verlo como una violación a los derechos humanos.

Claudia Cesaroni es muy concreta y subraya: “A mí me importa que quede claro que no estamos hablando de que tienen que quedar libres porque son inocentes. Yo no discuto eso, porque evidentemente cometieron hechos graves. Estamos diciendo que han cumplido la prisión más alta que existe, por ejemplo, en el continente. En Europa no hay más de diez años de prisión haga lo que haga un adolescente, el monto de pena máxima son diez años. Quiero aclarar esto porque se dice: ‘Bueno, pero del otro lado hay gente muerta’. Estos chicos están imputados por muertes. Por supuesto. Y yo trato de ser muy respetuosa de las familias de esas personas muertas. El tema es que aplicar este tipo de castigo, por lo pronto no resuelve el dolor o los devuelve a la vida, eso es una obviedad. Pero, además, el Estado no puede hacer cualquier cosa, ni la sociedad puede consentir cualquier cosa como respuesta a un hecho grave. Yo creo que en el caso de los adolescentes hay que preguntarse qué no se hizo antes para que estos pibes estén en esa situación.”

–Este tema se relaciona íntimamente con “la inseguridad”, con el modo en que se lo expone desde algunos medios y con lo que piensa una parte de la sociedad.

–La posición de la víctima no puede justificar cualquier cosa, ni justifica que se acepte todo lo que víctima dice, precisamente porque se respete ese dolor. Se aceptan posiciones y discursos en pos de respetar el dolor. Pero el problema es que cuando esas posiciones y discursos se traducen en medidas, ya no podés discutir desde el dolor. Yo no puedo discutir el dolor con un afectado, pero sí puedo discutir lo que propone hacer. Porque si en base a ese dolor, lo que me está proponiendo es aplicar más dolor a otro, o aplicar tortura o aplicar pena de muerte, pues entonces eso yo lo tengo que discutir como Estado y como sociedad. En esto yo creo que los familiares de desaparecidos dan un ejemplo. Porque en general han luchado por la verdad, la justicia y la memoria sin tocarles un pelo a los torturadores. Además se han planteado posiciones políticas con límites. Estamos hablando de torturadores que les han introducido la picana en la vagina a muchísimas mujeres. Eso ¿hasta dónde te daría espacio para reclamar venganza? ¿Y el Estado asesinando, masacrando, torturando? Sin embargo las posiciones siempre han sido muy cuidadosas. A mí me parece que en este caso que son delitos comunes muchas veces los familiares exigen cosas que hay que sentarse a hablar francamente. Yo no discutiría el dolor. Eso está fuera de la discusión. Estamos discutiendo políticas públicas, no dolor. El dolor no se puede discutir, está.

–¿Conclusiones para terminar?

–Es necesario derogar esta ley que es una ley de la dictadura y merece ser derogada.

En Panamá bajaron la edad de punibilidad a los doce años, en México a los catorce. Y la verdad que se piensa como una respuesta a la “inseguridad” y no tiene nada que ver.

En México acaban de aparecer muertos 72 migrantes y el único detenido es un pibe de 16 años. Y es obvio que quien puede cometer una masacre de 72 personas no es un chico de 16 años. El sistema penal captura a los más indefensos y vulnerables.

El viernes 24 de septiembre se presentará el libro La vida como castigo en el Centro Universitario de Devoto (CUD), ubicado dentro de la Cárcel de Devoto. Estarán presentes su autora, Claudia Cesaroni, y el coordinador del Programa de Educación en Cárceles de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Langieri.