La politóloga chilena María de los Angeles Fernández Ramil, consultada especialmente para hacer un balance de la cuestión de género en Chile a la luz de un año con Piñera o un año sin Bachelet, señala un discurso neomachista que salió a la superficie en los últimos meses y analiza este primer año de un gobierno de derecha que se jacta de beneficiar a la mujer, pero escondiendo el verdadero objetivo: fortalecer el colectivo “familia”, tan cercano a la influencia eclesiástica y que Bachelet parecía haber empezado a despejar. Si bien el gobierno de Piñera parece innovar con políticas sociales para separarse de su pasado pinochetista, la materia “género” parece ser el freno, el “hasta acá llegamos”.

¿Cómo quedó la participación política de las mujeres tras la salida de Bachelet?

–El Senado, que había aumentado en 2009 de 5,3 por ciento a 13,1 de presencia femenina, bajó instantáneamente al 10,5 por ciento. Hoy hay solamente un 28,6 por ciento de ministras. Si bien es cierto que la presencia femenina no se limita a un asunto de números, la situación es preocupante. Dado que Bachelet no pudo cumplir su promesa de una Ley de Cuotas, las posibilidades de una mujer de ser candidata permanecen libradas a la voluntad de su partido. La ex presidenta envió al Congreso un proyecto que contempla pisos mínimos de porcentajes de candidaturas femeninas, así como incentivos financieros diferenciados, pero no llegaron a discutirse. Mientras tanto, desde ONU-Mujeres, Bachelet está señalando sus prioridades para el organismo, entre las que se encuentra la ampliación de la presencia de la mujer en puestos de liderazgo.

¿Cuáles son los desafíos pendientes en materia de género que difícilmente se puedan retomar con Piñera?

–No se ha podido, ni creo que se pueda avanzar sustantivamente en derechos sexuales y reproductivos. Chile es uno de pocos países del mundo donde es ilegal el aborto terapéutico. Por otro lado, solamente el 14 por ciento de los puntajes más altos de la prueba de ingreso a la universidad corresponde a mujeres, hubo 55 femicidios en 2010, la brecha salarial se mantiene en el orden de un tercio y la participación laboral femenina es de 43 por ciento, en un continente donde el promedio es 53 por ciento.

Pero entonces la pregunta vuelve sobre el gobierno de Bachelet: ¿cuánto ayudó una presidenta mujer a cambiar la situación de disparidad entre géneros?

–Al constituir un gabinete paritario, se hizo cargo de una deuda de la transición con el aporte femenino a la vida política. Logró legitimar un estilo cooperativo y conciliador por medio de la creación de comisiones con las que el actual mandatario, antes crítico, se ha visto obligado a tratar. Introdujo en la política la importancia de atributos como la cercanía y credibilidad, que los analistas políticos han catalogado despectivamente como “cariñocracia”, pero que son los mismos en los que hoy Piñera se encuentra en déficit y le ocasionan dolores de cabeza. Por otra parte, se ha producido un cambio en la opinión pública: en una encuesta realizada en marzo de 2010, un 74 por ciento de los chilenos afirmaba que echaba de menos más mujeres en el gabinete. Pero es quizá la protección social su reforma más emblemática, especialmente en el campo de las pensiones y el cuidado a la primera infancia: allí sí fue contundente y eso se mantiene.

¿Cómo es hoy la percepción del mundo sobre Chile, en este primer año sin ella?

–La City Guide Santiago Inside, recientemente publicada, informa que “existe igualdad entre mujeres y hombres, tal vez con un pequeño toque hacia el machismo. Donde sí hay controversia es en los temas valóricos, dado que aún existe una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Es por eso que, por ejemplo, el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre gays y lesbianas son ilegales y tabúes”. Es cierto que Bachelet levantó expectativas por cuanto fue la primera presidenta en la historia política que asumió un discurso de género sin complejos y, desde allí, desafió el poder patriarcal. Pero, al no disponer de mayoría en el Congreso, no solamente era difícil lograr la aprobación de medidas vinculantes que garantizasen la igualdad política de género sino intentar cambios en la estrategia económica neoliberal que discrimina a las mujeres en el mercado laboral. Lo preocupante del balance del primer año de una gestión de derecha no es tanto que no les haya dado prioridad a las políticas de igualdad de género sino que los tres mecanismos establecidos por los gobiernos de la Concertación para promover la equidad han sido discontinuados.

¿Se refiere al Sernam (Servicio Nacional de la Mujer) y la visibilidad que ha tenido en el último tiempo el intento de cerrarlo?

–No solamente. El Consejo de Ministros para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Plan de Igualdad y el Plan de los Compromisos Ministeriales de Género también entran en esa bolsa. El Sernam, por supuesto, porque es reconocido internacionalmente por su labor en materia de reformas legislativas, ya que coordina las políticas de género del Estado y coloca temas de género en la agenda pública. Pero además noto un discurso “neomachista” que caricaturiza a las feministas y culpa elusivamente a las mujeres de los males sociales que surgirían como producto de su aspiración a ser consideradas libres e iguales. El foco se ha colocado en las “jefas de hogar”, no como una situación de vulnerabilidad sino de indeseabilidad, asociando su mayor tasa de indigencia con fenómenos que se pretende frenar, como el supuesto debilitamiento de la familia.

Algunos dicen que la administración Piñera se parece a un gobierno de la Concertación.

–Es cierto que se han adoptado decisiones iconoclastas para un gobierno de derecha, como la negativa a indultar a militares inculpados en casos de derechos humanos. Todas ellas se enmarcarían en lo que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha denominado “Nueva Derecha” en un intento por asumir temas que, en el pasado, fueron ajenos a dicho sector, como las preocupaciones medioambientales, la cultura o las reivindicaciones de los pueblos originarios. La derecha chilena, en su afán por deslastrarse de su pasado pinochetista, es compulsiva a la hora de buscar modelos. Sarkozy en Francia y Cameron en el Reino Unido, pero también Uribe y el PP español, no dejan de proveerla de inspiración. Pero el camaleonismo político parece tener un límite y éste parece situarse en el campo de la igualdad de género. Los conservadores ejercen una silenciosa presión al interior de los partidos de gobierno, llegando a señalar que en Chile no solamente se produjo un sismo a nivel físico sino que los gobiernos precedentes habrían producido otro, pero de carácter espiritual. Ello ameritaría no descuidar lo que llaman la “batalla por los valores”, reposicionando la importancia de la autoridad, la patria, el esfuerzo personal y la familia.

¿Cómo se ve cristalizada en la práctica esta “batalla por los valores”?

–Se refleja en un enfoque tradicional y simplificado de las relaciones entre hombres y mujeres, donde la idea de complementariedad ha pasado a eclipsar la aspiración de autonomía, se abandona el lenguaje de derechos alentado desde Naciones Unidas por considerarlo “revanchista”, se evitan alusiones a los elementos estructurales de la discriminación de género, se privilegia la inserción laboral femenina, no importando el cómo, y se enfatiza la familia y el rol indispensable que la mujer cumple en ella. Como bien advierte el sociólogo Manuel Antonio Garretón, asistimos al peligro de una regresión en la forma de una “repatriarcalización”. A partir de marzo, el debate público estará cruzado por la ampliación del período post-natal a seis meses y que fuera una de las más vistosas promesas de la campaña piñerista. Una comisión ad hoc reconoció la necesidad de “desligar los costos de los hijos de la contratación de las mujeres, fomentando la corresponsabilidad en su crianza y entregando un apoyo sustantivo a las familias en las que ambos padres trabajan”. Mientras se alzan voces que le reclaman al mandatario su promesa, la que viene es otra batalla, ahora entre dos almas del mismo gobierno: la preocupada por fortalecer a la familia, a través de la protección a la madre trabajadora y al niño, frente a la que privilegia los valores del mercado que la excluyen.