Del vasto universo compuesto por las unidades carcelarias en nuestro territorio, en los últimos tres años he visitado –como mujer, diputada nacional y feminista– el Centro Federal de Detención de Mujeres, Unidad 31 de Ezeiza. Esta cárcel aloja a las embarazadas, las imputadas de la comisión de un delito y a aquellas que también en conflicto con la ley penal tienen hijos o hijas pequeñas a su cargo.

Durante las visitas que he realizado, viví con profunda impotencia muchas circunstancias de encierro que no deseo para los niños y niñas de mi país. Observé las caritas de esas criaturas detrás de las rejas: niños y niñas que carecen de muchas de las cosas que se necesitan para un desarrollo sano, que aprenden a decir antes “celadora” que “mamá” y que se encuentran obligados/as a sortear profundas dificultades a la hora de interactuar con el resto de la sociedad o para insertarse en la vida extramuros.

Ante esa situación, no puedo evitar preguntarme si es justo mantener a los niños y niñas en cautiverio cuando la falta con la sociedad es de la madre y no de los chicos/as. Pero tampoco es posible soslayar otro interrogante: ¿es justo romper el vínculo madre-hijo/a? El dilema no es sencillo y posiblemente sus soluciones ni siquiera se acerquen a la idea de justicia. Sin embargo, contamos hoy con leyes que permiten empezar a zanjar esta cuestión desde una perspectiva mucho más humanitaria y respetuosa de la atención al interés superior del niño y de la niña. La Ley 26.472, sancionada por el Parlamento argentino en diciembre de 2008, ha significado un avance de largo aliento al extender la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y a la mamá de un niño o niña menor de cinco años o que tiene a su cargo a una persona discapacitada.

La potestad para acceder a ese beneficio no es una opción de la persona condenada o imputada sino que constituye parte de las facultades de los y las juezas. Pero su puesta en práctica genera notables mejorías: la población infantil se ha reducido sensiblemente en la Unidad 31 de Ezeiza, permitiendo a las presas mamás saldar las deudas con la sociedad en sus casas y cuidando a sus hijos. Así, en la actualidad, en lugar de 80 niños y niñas en ese centro de detención hay 35. Y ésta es una muy buena noticia.

También se han inaugurado nuevas instalaciones que permiten una notable mejora en la calidad de vida en los pabellones. De hecho, los niños pueden asistir al jardín de infantes sin necesidad de atravesar los pasillos que comunican las celdas sino por la parte exterior de los pabellones, rodeados de sol, aire libre y verde.

La situación dista, de todos modos, de ser ideal, ya que ningún niño o niña debería estar encarcelado. Pero, al menos por primera vez en tres años, pude irme de esa cárcel con esperanza.

* Historiadora y diputada Nacional por el Bloque de la Coalición Cívica.