Ser mujer es un riesgo. Ser mujer y amar es definitivamente más riesgoso, teniendo en cuenta que las 260 mujeres, adolescentes y niñas asesinadas el año pasado (según un relevamiento realizado por la ONG Casa del Encuentro), lo fueron en manos de cónyuges, novios, amantes, y otros varones del círculo afectivo de las víctimas.

Como una espada punzante, la violencia de género atraviesa países, edades, orientaciones sexuales, situaciones socioeconómicas, culturas y etnias. Ser mujer y amar es un riesgo, en cualquier lugar del mundo. Y también en la Argentina.

Los últimos días, la ciudad de Bahía Blanca fue testigo de dos situaciones graves de violencia de género. En una esquina muy céntrica una joven fue golpeada brutalmente por su novio y debió ser hospitalizada. Pero el otro hecho tuvo un desenlace fatal: una mujer de 26 años fue estrangulada por su pareja quien luego se suicidó.

Esta joven se suma a los casos de “femicidio” en Bahía Blanca (se registraron cinco en 2010) y en el país. Y aún seguimos sin tener estadísticas oficiales. El lugar marginal que ocupa la temática de la violencia de género en la agenda del Gobierno es, de por sí, una forma de violencia de género. Este flagelo se ha convertido en la primera causa de mortalidad femenina en el mundo. Y en las mujeres sobrevivientes deja secuelas irreversibles. Constituye un problema social y de salud pública que atenta contra el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida. Pero también impide el cumplimiento de todos los otros derechos humanos básicos.

Resulta urgente que el Gobierno en los niveles locales, provinciales y nacional monitoree la aplicación de las leyes vigentes, especialmente: la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas/os y adolescentes y la ley 26.150 de creación del programa nacional de educación sexual integral. Los municipios deberían liderar acciones para promover una mejor articulación entre los dispositivos de prevención y atención.

No es infrecuente que los profesionales que trabajan en diferentes servicios de prevención y atención a la violencia de género no cuenten con capacitación específica y se desempeñen en situación de precarización laboral, lo que atenta contra el abordaje adecuado de tan compleja problemática. Para ello, es indispensable la asignación de recursos económicos y técnicos a través del Consejo Nacional de la Mujer.

El Gobierno no podrá establecer políticas adecuadas ni abordarlas si no cuenta con un diagnóstico sobre su magnitud. Argentina tiene la ventaja comparativa (respecto de otros países) de tener un buen marco legal. Resta la decisión política para poder garantizar su cumplimiento. Y esto es urgente. Las mujeres y la sociedad en general no concebimos más muertes por violencia de género.

* Licenciada en Trabajo Social, magister en Ciencias Sociales y Salud. Candidata a concejal por el Frente Amplio Progresista en la ciudad de Bahía Blanca.