En agosto del 2008 se sancionó la Ley contra la Trata de Personas, que federalizó el delito (no es necesario que cada Justicia provincial autorice un allanamiento, basta con la orden de un solo juzgado) y constituyó en un nombre específico una tortura que antes llevaba tantos nombres que era más difícil nombrarla y combatirla. La ley sirvió para liberar a 2774 victimas desde su aprobación, según las estadísticas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas. Faltan muchas. Muchísimas. Pero si una norma le abrió la puerta a la liberación a casi tres mil personas, la norma no sólo sirve sino que también demuestra que la trata existe.

Pero, además, la profundización de la búsqueda de esclavas/os sexuales o laborales también mostró que a mayor decisión política mayor libertad. La esclavitud no está abolida en la vida cotidiana. En todo 2010 los y las liberadas/os fueron 569. Pero, entre enero y diciembre del 2011, se rescataron 1597 victimas. El incremento de un año a otro fue muy significativo: el 181 por ciento de aumento de personas liberadas de una situación de explotación.

En el informe de la situación argentina durante el año pasado, elaborado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), se especifica que durante el año 2011, esos 1597 casos se repartieron equitativamente entre víctimas de patrones inescrupulosos y redes de explotación sexual. En la ley argentina se considera trata de personas a una mujer que es obligada a tener relaciones sexuales sin poder escapar de esa situación como a una costurera que tiene que vivir y dormir en un taller clandestino o a un cosechero de algodón que es obligado a trabajar en situaciones peor que precarias. De hecho, el incremento de personas encontradas se debe a la decisión política de investigar la situación de padecimientos de muchos peones rurales. Por esa razón, a diferencia de lo sucedido en 2010, cuando el 80 por ciento de las víctimas fueron rescatadas de la trata para explotación sexual, en 2011, la mitad eran obligados/as a servidumbre en campos o talleres. En la trata laboral y/o sexual existen diferencias de género y de edad. En los campos son mayoría los varones –de entre 16 y 33 años– y en las redes de explotación sexual las mujeres de entre 23 y 25 años.

Viviana Caminos, coordinadora nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), le cuenta a Las/12 las motivaciones del informe: “En estos días, la trata de personas ha estado más presente que nunca, presente en la palabra de Susana Trimarco demandando incansablemente que su hija (Marita Verón) aparezca como sea; presente en la palabra de Lorena Martins denunciando ni más ni menos que a su propio padre como jefe de una red internacional con vinculaciones políticas, policiales, judiciales; presente en la palabra de una víctima (cuyo rostro debió haberse preservado) contando para el público el horror y mostrando en los ojos sus marcas”.

En el juicio por la desaparición de Marita Verón no se juzga el delito de trata de personas –porque su desaparición fue anterior a la sanción de la ley– aunque, igualmente, su historia es emblemática de la connivencia policial, judicial, política para que la desaparición de una mujer pueda producirse en Tucumán y ser prostituida en La Rioja, como se está denunciando en el juicio que se lleva a cabo en estos días.

Hasta diciembre del año pasado, según la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), se registraron treinta y nueve sentencias (la mayoría de los casos por explotación sexual), en las que siete de cada diez condenados fueron argentinos: un dato que refleja que la responsabilidad de los que cometen el delito está dentro de nuestro país. No es la misma situación la de las esclavizadas, ya que sólo un 30 por ciento de las víctimas son de nacionalidad argentina. Por lo que los proxenetas son made in Argentina, pero muchas de las víctimas no. Ellas son traídas de sus países en una situación de mayor vulnerabilidad para poder escapar de los burdeles clandestinos de concentración. La mayoría de las jóvenes a las que se trae al país –engañadas para trabajar de empleadas domésticas, baby sitters, bailarinas o en una situación de prostitución no forzada– provienen, mayoritariamente, de Paraguay, Bolivia y República Dominicana y, en menor medida, de Brasil y Colombia.

Gran parte de las investigaciones comienza cuando la familia denuncia la desaparición de una joven por fuga de hogar. El impulso a las causas judiciales y la sensibilización con la realidad de la trata de personas en Argentina aún dejan mucho que esperar. Pero un dato preocupante es que aun cuando sean poco los condenados, más grave es que la condena no implica el fin de la cadena que ata a muchas jóvenes a tener que someterse a violaciones sexuales sistemáticas en el mismo lugar donde otras fueron liberadas. Ya que, aun con sentencias judiciales, sólo se mantienen clausurados el 62 por ciento de los locales y un 38 por ciento vuelve a abrir (o a enclaustrar a las chicas).

Según una denuncia efectuada por el defensor del Pueblo de Bolivia “desde el año 2007 a la fecha, 6 mil niños/as ingresaron a nuestro país de manera ilegal”. El engaño es la estrategia para robar niñ@s que serían llevados a “visitar a otros familiares” o a “centros sanitarios”.

Las deudas pendientes son muchas y urgentes. Terminar con la corrupción, hacer campañas contra el consumo de prostitución y rescatar a las víctimas. Pero también ayudarlas después de salir del infierno. “No se advierten claramente programas específicos para la reinserción social de las víctimas, que requieren trabajo, vivienda, educación y salud, ni una articulación clara de recursos públicos para enfrentar la trata” señala la RATT. Aunque también rescata, como un paso para adelante, la prohibición que realizó el Poder Ejecutivo de los avisos que promovían la oferta sexual (como el emblemático rubro 59): “Este decreto tiene la virtud de reconocer el estrecho vínculo entre prostitución y trata de personas, fortaleciendo el modelo abolicionista y dejando en evidencia que la mayoría de estos avisos esconde situaciones de explotación sexual en las cuales podrían existir personas víctimas de trata”.