Nuestro país cuenta con un marco jurídico para el abordaje del aborto no punible, pero lamentablemente se lo está asumiendo en forma soslayada. La falta de acceso a esta práctica de manera oportuna y segura no es más que una expresión de una cadena de fracasos: en el acceso a la educación sexual integral; en la posibilidad de decidir sobre la propia sexualidad; de estar libres de situaciones de violencia de género; en el conocimiento, acceso y uso adecuado de métodos anticonceptivos y en respuestas oportunas del sector sanitario. Finalmente, el fracaso en el respeto a los marcos normativos y legales vigentes para la práctica del aborto no punible contemplado en el Artículo 86 del Código Penal.

Por otra parte, es un hecho bien conocido que las mujeres que mueren como consecuencia de complicaciones de aborto no punibles no son personas vulnerables, todo lo contrario, son mujeres vulneradas. Vulneradas en sus derechos, en la autonomía a decidir sobre su salud, y vulneradas en sus cuerpos al ser víctimas de sus perpetradores y de una sociedad que las victimiza, no las protege ni contiene en la situación que les toca transitar.

Morir por complicaciones del aborto en Argentina es una expresión más de exclusión social y de derechos vulnerados, máxime cuando se trata de casos de abortos no punibles como el recientemente acontecido de la niña de 11 años, víctima de una violación, en la Provincia de Entre Ríos. Todos somos responsables: desde el Estado al no asegurar los mecanismos para que se cumplan las leyes vigentes hasta los prestadores de servicios de salud que no cumplen con su mandato profesional, tal como reza el juramento hipocrático. Cuando una problemática de índole personal, que hace a la intimidad más profunda de las personas (pero con serias implicancias sobre la salud pública) se mediatiza o se judicializa, estamos condenando nuevamente a quienes menos pueden hacer por valer sus derechos: mujeres, adolescentes, adultasjóvenes y en situación de pobreza. Algunos de los derechos vulnerados tienen que ver con el derecho a una vida con dignidad, a la salud, a estar libres de violencia, a contar con una familia íntegra, sin huérfanos en el camino.

El problema no es el aborto no punible como hecho aislado, sino sus trágicas consecuencias como expresión de la inobservancia de la normativa existente, de la inequidad o de la injusticia social imperante, sin lugar a dudas, la peor de las pandemias. Nuestro país debe asegurar los mismos derechos a aquellas que pueden ejercerlos: mujeres más educadas, con mayor poder adquisitivo, profesen o no una fe, vivan solas o en pareja.

Es imprescindible garantizar el cumplimiento de la ley y el pleno ejercicio de los derechos que la misma consagra sosteniéndola con argumentaciones legales, sanitarias y epidemiológicas y de derechos humanos frente a quienes tratan de soslayarlas. De eso se trata.

(*) Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Asociación Argentina de Perinatología (ASAPER), Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Federación Argentina de Enfermería (FAE), Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Argentina, Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA), Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISAP), Colegio Obstétricas Provincia de Bs.As. y Federación Argentina Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO).

Más información: www.asumen.org.ar