A los cuerpos de las adolescentes Yanina Nüesch, de 16 años, y Luján Peñalva, de 19, se les pide que hablen de las causas que las arrastraron hasta un descampado para aparecer colgando de un árbol con una soga al cuello que certificaba el ahorcamiento, no la muerte, aún por verse si fue antes del hallazgo, el domingo a la noche. A esos cuerpos, los medios de comunicación pretenden interpretarlos a través de mensajes de texto trasnochados, de chats enloquecidos con amigos o con un novio que hace las veces de sospechoso; a través de dramas familiares y progenitores que al parecer no las comprendían. Hablan los medios de “pacto”, del “posible desengaño amoroso” que vendría sufriendo Yanina, de “manifestaciones de desesperación” de Luján frente a un hipotético embarazo. Se busca en la espuma, en los bordes más quemados de la historia. Nada dicen (¿siquiera se preguntan?) sobre lo que en realidad les ocurre a las mujeres en Salta, provincia hiperconservadora, de transparente cultura machista, bastión argentino del patriarcado más rancio. Morir de amor o de incomprensión, sin más, jugar con la idea de un pacto suicida en un árbol a quince metros de distancia de tierra firme deberían ser, por lo menos, índices urgentes para comenzar a rascar en las capas más profundas de la historia.

A René Gómez, el abogado que representa a la familia Peñalva, no le “cierra que dos chicas se ahorquen a la vez, con una soga que no se sabe de dónde apareció, que un cuerpo haya estado más o menos a una misma altura que el otro. ¿Y quién hizo los nudos?”. Asegura que la familia “no tiene ninguna duda de que se trató de un homicidio” ni él rechaza la idea de una violación, a pesar de que los cuerpos no mostraban signos de violencia. “Las chicas pudieron ser drogadas o incluso haber consentido en ser violadas bajo amenaza.” La historia universal demuestra con vastedad que existen infinitas violencias en el acto violatorio, en muchos casos de lectura sutil, casi invisible.

La historia reciente salteña se convirtió en un compendio de la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, al que se le reclaman herramientas de protección que debería proveer el Estado provincial. Falta reglamentar la ley nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. El Poder Judicial local presenta serias resistencias a incorporar la perspectiva de género en el tratamiento de los casos que lo requieren, y que van en aumento, de acuerdo con investigaciones realizadas en el territorio. “Somos la segunda provincia con mayor índice de femicidios, después de Santiago del Estero”, advierte Beatriz Guevara, integrante de la Comisión de la Mujer de la Universidad de Salta y del Consejo de Investigación de esa casa de estudios.

El año pasado, las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron violadas por al menos tres hombres y asesinadas en la quebrada de San Lorenzo, un paraje cercano a la capital. Al juez de la causa, Martín Pérez, todavía le resulta “difícil de entender” el perfil de los individuos procesados por los crímenes. “Son personas jóvenes, sin antecedentes y con una idiosincrasia de vida no ligada a estas situaciones. Llama la atención y cuesta bastante entenderlo.” Hasta la fecha, otras seis turistas extranjeras denunciaron haber sufrido abusos sexuales en esta provincia. Los atacantes, en su mayoría, responden al perfil que tanto sorprende a Pérez. Hombres jóvenes, sin antecedentes penales; taxistas, guías turísticos, dueños de hostales. Es probable que esa misma incredulidad haya sido la que benefició con la libertad condicional al abogado, empresario y productor tabacalero Simón Agustín Hoyos, de 64 años, en noviembre de 2011, pese a cumplir una condena por abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de una nena de 8 años. Durante años, la finca de Hoyos y algún albergue transitorio de la zona de Cerrillos fueron escenarios de un derecho de pernada enquistado en esa región. Hizo “suyas” a mujeres jóvenes que trabajaban en la plantación y a las hijas pequeñas de aquéllas. “Yo te inicié. Ya sos mi mujer”, habría sentenciado a una de las hijas de su empleada doméstica, Valentina Luzco. Tiempo atrás, la psicóloga María Teresa Fernández, que atendía a Romina Tejerina en el Hospital Sequeiros de Jujuy, dudó “si la situación de los adolescentes del norte es diferente de otras regiones del país. Sí sé que si no nos hacemos cargo de reparar los tejidos sociales que rompimos, esto sólo puede empeorar”.

LOS MECANISMOS DE LA VIOLENCIA

Verónica Spavento, delegada del Inadi en Salta, sostiene que se trata de una de las provincias “donde más fuertemente se expresa la naturalización de la violencia de género. Hay muchísimos mecanismos sutiles que funcionan con toda su potencia”.

¿De qué manera?

–Reproduciendo diferentes formas de discriminación hacia las mujeres, que no son percibidas como tales por el común de la gente y por quienes deben tomar decisiones. Asimismo, desde el crimen de las turistas francesas hasta la actualidad, creo que es la primera vez que se está reaccionando contra esos hechos. La desaparición de las adolescentes el fin de semana pasado y el final aberrante generaron una fuerte sensibilización sobre la temática.

¿Cuál es la percepción colectiva?

–Hay una sospecha social de que esto está vinculado a la cuestión de los femicidios, a situaciones de violencia de género. También creció el número de mujeres que denuncian; de a poco se va notando la respuesta social: la sociedad salteña, históricamente dormida, ahora tiene un despertar.

¿Qué pasa con el Ejecutivo provincial?

–Los diferentes estamentos del Estado tienen que actuar. Hay algunas dificultades desde el campo de la Justicia, en cuanto a una resistencia a incorporar la mirada de género. En el Poder Legislativo provincial todavía esperan proyectos para adherir a la ley 26.485.

¿Hubo avances en la inserción de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas?

–La provincia fortaleció la enseñanza obligatoria de enseñanza religiosa, pero al mismo tiempo este año se empezó a trabajar en la implementación de la ESI en los establecimientos educativos. Personal directivo, supervisores y docentes están recibiendo capacitación. Se avanzó además en un convenio entre los ministerios de Salud local y nacional para aplicar plenamente el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Parecía que la idiosincrasia salteña reclamaba cosas diferentes, pero esto no era tan así.

LOS FEMICIDIOS SOCIALES

Para la profesora de Filosofía Beatriz Guevara, la consecuencia del fuerte patriarcado que emerge en la provincia “es el registro de mayores índices de naturalización de la violencia de género”. Autora de un estudio aún en elaboración sobre femicidios locales ocurridos entre 2004 y 2010, Guevara, junto a organizaciones sociales y con sus pares de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, trabaja para visibilizar las violencias contra las mujeres como un problema para la sociedad y para el Estado, desde una perspectiva de género amplia y transversal, complejizando el debate. “Algo pasa con los varones, que reaccionan de manera violenta ante determinadas situaciones. Debemos entonces cuestionar y ver qué modelos de varón predominan en Salta, pero también qué modelos de mujeres, porque los medios de comunicación nos bombardean con modelos que no se adecuan a nuestra realidad social.”

¿Por qué decidió iniciar el recuento de femicidios desde 2004?

–Por el caso de Roxana Alderete, uno de los hechos que determinó la sanción de la ley provincial 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar. A partir de ese femicidio, toda la sociedad salió a exigirle al Estado salteño que diera una respuesta rápida que no tuvo Roxana, pese a todas las denuncias que realizó en la Policía y ante la Justicia.

¿Cuántos casos contabilizó hasta 2010?

–Alrededor de 70. Entendí que estas cifras son la comprobación de un trabajo de monitoreo que realizó Insgenar, donde se concluye que Salta es la segunda provincia con el índice más elevado de femicidios: se calcula 1,40 caso cada 100.000 habitantes. La primera es Santiago del Estero, con 1,67.

Sin embargo, este lunes el gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que Salta registra un índice bajo de criminalidad.

–Al decir eso invisibiliza y desconoce los crímenes que se cometen contra las mujeres. Si bien aguardamos para saber si la muerte de las adolescentes se trató de suicidio u homicidio, es igual de preocupante el índice de violencia de género.

¿Por qué supone que la Justicia local no es permeable a adoptar perspectivas de género en el tratamiento de los casos?

–Porque no hay un conocimiento adecuado de la temática. Creen que hablar de género es sólo hablar de mujeres, y al mismo tiempo hay desconocimiento de la Ley nacional de Violencia Contra las Mujeres y el gran trabajo que se hizo sobre la reglamentación de la ley. Es muy difícil combatir los patrones que reproducen la violencia contra las mujeres, que entendemos como problema grave de derechos humanos. Y el recrudecimiento va en aumento. Los femicidios se cometen para reafirmar el sentido de propiedad que los varones sienten sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.

¿Qué ocurre con los sectores de poder en Salta?

–Salta es una sociedad muy conocida por ser conservadora y católica. Ese sector es el que ocupa los mayores espacios de poder, por eso no se avanza en políticas públicas. En el caso del catolicismo, debemos ser muy cuidadosas, porque hay sectores que no están a favor de políticas que favorezcan a las mujeres. Por caso, el proyecto de reglamentación de la ley sobre sexualidad responsable no se aprueba: está cajoneado desde 2005. Si no tenemos ESI, las jóvenes no podrán decidir libre e informadamente sobre sus cuerpos. Es un debate pendiente. Las adolescentes y las mujeres jóvenes mueren por complicaciones en abortos clandestinos. Son lo que llamo femicidios sociales. Si existieran políticas públicas adecuadas, se los podría prevenir.