No hay cifras de mortalidad materna. Tampoco de la inversión en educación sexual. Hace dos años se supo que se destinaron 1500 pesos para efectivizar la ley aprobada a nivel nacional y local, pero ahora ni siquiera figura en el presupuesto. La Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires no envía información –según su obligación– sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres a la Legislatura porteña.

Mientras tanto, en lo que va del año, sólo se ejecutó el 4,8 por ciento del presupuesto destinado a prevención y protección en salud sexual. “El Gobierno de la Ciudad acentúa las desigualdades de género y por nivel socioeconómico. Tendrían que haber ejecutado el 25 por ciento y no invirtieron casi nada”, advierte la diputada porteña María José Lubertino. La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en garantizar la anticoncepción gratuita, y para que este derecho no dependa de los vaivenes políticos se estipuló que el primer millón de pesos proveniente del bingo de la ciudad tenía que ser destinado en la compra de insumos y consejería en salud sexual. La cifra ya es obsoleta. Pero ni siquiera se ejecuta y, si no se invierte en preservativos, DIU, folletos y campañas de prevención, ese dinero termina en las arcas generales del gobierno macrista, que puede utilizarlo para cualquier fin.

En este contexto, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, concurrió a la Legislatura la semana pasada y exhortó a aprobar una normativa que regule el aborto no punible, para poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo extraño es que tanto Diana Maffía (mandato cumplido) como Juan Cabandié tienen proyectos presentados que nunca se aprobaron. “Me parece que es una trampa porque está diciendo que le mandemos una ley, porque si no él no tiene obligación de aplicar el fallo”, analiza Lubertino.