En el barrio Sanguinetti, de Paso del Rey, se viene amaneciendo a los ponchazos, entre las radios abiertas, los encuentros de difusión y las peregrinaciones a los tribunales para reclamar la liberación de las hermanas Ailén y Marina Jara, presas hace casi dos años por defenderse del intento de violación de un individuo con antecedentes penales que la Justicia provincial no parece interpretar. De a poco, el vecindario se va sacudiendo el miedo a hablar. “Aunque sea que les den la prisión domiciliaria hasta que comience el juicio oral”, el 18 y 19 de marzo. Dicen ahora que las adolescentes estaban viviendo un infierno, que su atacante, Juan Antonio Leguizamón, un “transa” de la zona, perseguía a Ailén desde que ella cumplió 16 años. Para entonces, él tenía 30. Vivían cuadra de por medio, se veían a diario. El les invadía la vereda, las esperaba; las chicas lo rechazaban para evitar males mayores. Para ellas el porvenir era cosa seria, primero porque soñaban con despegar de ese entorno de violencia en que se fue convirtiendo el barrio; bastante después para sostenerse ambas con las posibilidades que dan los trabajos, con el horizonte de los estudios. En la comisaría 5ª de Moreno acostumbran borrar de un plumazo algunos buenos fines. Poco importó que las chicas se presentaran espontáneamente a denunciar el ataque y a reconocer la legítima defensa. Elena Salinas, la madre de Ailén y Marina, escuchó cuando un oficial de rango le dijo al escribiente “poneles tentativa de homicidio y que se caguen las pendejas”. Sanguinetti es zona de comadres y manzaneras, de organizaciones territoriales y merenderos, “de gente humilde”, remarca Luz, familiar de las chicas y voz de las radios abiertas que piden la excarcelación de la Unidad Penal 8 de Los Hornos, donde están alojadas. “Será por eso que siguen presas. Si hubiéramos tenido una buena posición económica, esto no habría pasado de la comisaría. Pasó porque somos gente humilde. A estas chicas les arruinaron la vida para siempre y a la familia la están destrozando.”

El 18 de febrero de 2011, Ailén, entonces de 18 años, y Marina, de 19, fueron a bailar a un boliche que las entretuvo hasta la madrugada del 19. Emprendieron el regreso a casa cerca de las 7 de la mañana, cuando se les cruzó Leguizamón decidido a someter de una vez por todas a la menor de las Jara, que a esa altura la vivía celando y diciendo en el barrio que mantenían “una relación”. Ailén lo recuerda empuñando un arma de fuego que disparó al aire para amedrentarla. Marina apretó fuerte un cuchillo tramontina que sacó de la mochila y se lo clavó al agresor para liberar a su hermana. Se refugiaron en la casa familiar. El presentó una herida superficial en el tórax y un golpe en la cabeza que consignó la guardia médica del Hospital de Moreno. La pericia policial, que desde un principio le fue favorable, dio un parte de gravedad, contradiciendo el informe hospitalario. Leguizamón no llegó a estar tres días internado y hoy camina tranquilo por el barrio. Los vecinos dicen que después de lo de las chicas tuvo que irse por un tiempo, porque había terminado a los tiros con otro que se la tenía jurada por embarazar a su mujer. La oficial escribiente que puso en la carátula “lesiones graves”, luego que Marina entregara a la policía el cuchillo por considerar que actuó en legítima defensa, tuvo que retipear el documento con otra lógica. “¿Qué lesiones graves?”, la paró en seco un superior. “A ésta metele tentativa de homicidio.” Desde entonces, las vulneraciones son sistemáticas. Hoy, los fiscales de la causa no se oponen al arresto domiciliario, pero de ningún modo lo solicitaron. El tiempo les juega en contra: un quiste en uno de los ovarios y una infección ginecológica severa deterioran cada día más la salud de Ailén. Su hermana sufre problemas respiratorios y una fuerte depresión. Los informes psiquiátricos, psicológicos y multidisciplinarios del cuerpo médico del Servicio Penitenciario Bonaerense advierten que existe peligro cierto de vida por el estado anímico que las atraviesa, por no encontrarse en un contexto adecuado y porque podrían atentar contra sus vidas.

Leguizamón tenía restos de pólvora en su bermuda, lo que le adjudicaría la utilización del arma que niega haber disparado. Es una pericia técnica clave aportada tardíamente, pero que hace caer todo el armado de la causa montado sobre el móvil de que las hermanas habían disparado contra su victimario. Para los integrantes de la Comisión por la Liberación de Ailén y Marina, que acompañan y asisten a las jóvenes, el listado de funcionarios judiciales que actuaron “con errores o indiferencia” según el caso, es extenso y penoso. Lo encabeza la fiscal de instrucción Luisa Pontecorvo, que rubricó la instrucción policial, pidió la prisión preventiva y desconoció los testimonios de Ailén y Marina. La sigue la jueza de Garantías, Alicia Julián, que firmó el pedido de preventiva. Sopesaron riesgo de fuga y un filo de peligrosidad, cuando las hermanas colaboraron con la instrucción policial desde un primer momento. Los magistrados del Tribunal Oral Nº 2, Fernando Bustos Berrondo, Marco Barski y Graciela Larroque, dijeron que no estaban ahí para poner en cuestión las decisiones de la jueza de Garantías. “En realidad no han querido reconocer el tremendo error que cometieron al imponer la preventiva”, sostienen desde la Comisión. Capítulo aparte para las abogadas defensoras de oficio. María Celina Bereterbide hizo de chicle las acciones judiciales, omitió otras y dio la espalda a testigos valiosos. Su par, Manuela González, les aconsejó a las hermanas que en las declaraciones evitaran relatar la historia de los acosos previos que cometió Leguizamón contra ellas. También las acusó de ser “unas mentirosas”. Isidro Encina, el letrado que las representa en la actualidad, está tratando de sacarlas de “esta situación aberrante” con el cese de la prisión preventiva o una morigeratoria. “A partir de las pericias quedó claro que el único que portaba el arma y disparó fue Leguizamón. Cambió el escenario. En mi opinión, las garantías bien entendidas tienen que ver con derechos, pero hay un sistema represor que tiene que ver con estadísticas, y algunos sectores lo ven como algo bueno cuando en realidad se llenan los casilleros con inocentes. Aquí la cuestión de fondo con pruebas muy concretas demuestra que se trata de un victimario y dos víctimas. Mientras tanto, los jueces parecen decir ‘nosotros hacemos lo que queremos. Queremos que ellas queden presas, sean inocentes o culpables’. Les importa tres pepinos la calidad humana”.

Casi un mes y medio permanecieron detenidas en la comisaría 5ª de Moreno. Las condiciones no mejoraron cuando las derivaron a la 7ª de La Reja, donde funciona una comisaría de la mujer, “por conflictos y problemas de hacinamiento”, explica Manuel González, de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Pero el horror sobrevino durante la estadía en los penales. En el de máxima seguridad de Magdalena, donde sufrieron todo tipo de agresiones e intentos de violación. Y una vez trasladadas a la Unidad Penal 5 de Mercedes, donde permanecieron en “buzones”, celdas de tránsito de dos metros por cuatro, las 24 horas del día, con salidas escasas para limpiar o bañarse. A Ailén, que había estado internada en el Hospital San Martín de La Plata durante nueve días por su afección ginecológica, el 27 de diciembre la jefa de guardia del penal, Anahí Maciel, le negó los elementos de limpieza para que higienizara la letrina de la celda e impidió que las hermanas salieran a bañarse. Entre gritos y trato humillante, Maciel entró con personal de la Guardia Armada a la celda y arrinconó a Ailén entre la letrina y el lavatorio. La paliza y las patadas de los borceguíes le llenaron de hematomas el cuerpo. Esa noche aceleraron su traslado definitivo a la Unidad Penal 8 de Los Hornos, pero en La Plata denunció a Maciel ante la Procuración, con intervención del Comité contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria. La penitenciaria fue exonerada. “Son 22 meses de una causa armada con claro contenido de clase y de género”, precisa González. “A Leguizamón siempre lo rechazaron. Por parte de él hubo un acoso permanente, violento; no las quería ver con otros chicos. Pero Ailén y Marina nunca se sometieron, siempre le hicieron frente, siempre fueron para adelante. Nunca se callaron, y esto también da cuenta de quiénes son estas chicas. Cuando Ailén sufrió la golpiza de Anahí Maciel, tuvo la misma actitud: en su condición de sometida a los designios del Servicio Penitenciario, siguió sosteniendo el derecho a tener una letrina limpia. La bronca, pese a que la dejaron sangrando y con moretones en el abdomen, los brazos y el cuello, la impulsó a vencer el sometimiento.”

La trabajadora social Gabriela López e integrante de la Comisión por la Libertad de las hermanas, describe que los barrios “están cruzados por la cuestión penal. Deberíamos dejar de mirarnos el ombligo con relación a la militancia y a los grupos de género cuando en realidad hay sectores que están por fuera de cualquier tipo de organización, y hacer visible un tema que les toca a esos sectores, principalmente”. Para González, las condiciones que desembocan en estas realidades se embarran en “la connivencia de la policía con delincuentes de poca monta en la venta de droga, en el disciplinamiento del barrio. Hay condiciones de vida que tienen que ver con la vulneración del acceso a la Justicia, al trabajo, a la salud, y se van generando lazos sociales de dominación, de avasallamiento de los derechos del otro por parte de estos pequeños delincuentes, porque tienen cobertura de la policía del barrio. En un contexto social adverso donde se respira violencia institucional, social y de género, estas relaciones violentas entre hombres y mujeres se viven hacia adentro, con sus propias familias. Ailén y Marina son estigmatizadas porque no se sometieron a los designios de un tipo que se cree poderoso”. Elena vivió otro tanto en carne propia. También fue víctima de la violencia intrafamiliar que ejercía sobre ella el padre de las chicas. Alguna vez confió que le costó mucho despegar de esa relación enfermiza. La ayudó a salir adelante su profesión de enfermera y el apoyo constante de sus hijas. “El producto de toda esta lucha de Elena por sobreponerse y empoderarse también explica quiénes son Ailén y Marina. Es conmovedor ver el apoyo anímico y vincular que tienen estas mujeres”, reconoce González. “Elena se generó una subjetividad sobre la que han podido sostenerse ella y su familia.”

“Me pegaron un muerto que está vivo”, suele bromear amargamente Ailén. Hace un par de meses, con Marina empezaron a describir en el papel los sentimientos que las cruzan en el encierro, para hacer catarsis de todo lo que se supone indecible y para tender puentes con las redes que se armaron en el afuera. “No soy de escribir texto u opiniones”, avisa Marina en una de las cartas. “Me gusta mucho leer en mi tiempo libre, aunque en este lugar tengo tiempo de sobra para pensar y escribir (...). Acá, a pesar del lugar donde me encuentro, siento que crecí de golpe. Yo caí a los 18 años. Bueno... no es mucha la diferencia, porque ahora tengo 19 años, estoy por cumplir los 20. Digo que crecí de golpe porque acá estoy viendo y viviendo mi realidad, cosa que en la calle no me daba cuenta de muchas cosas. Hablo de las más mínimas. Una de ellas es la más valiosa, que es la ‘libertad’. Porque yo estando en la calle estaba libre de cuerpo, pero no de pensamientos y de realidades. No me daba cuenta del valor y el esfuerzo de mi mamá, ella es lo único que tengo, la única que no me va a dejar sola (...). Ellos nos juzgan por lo que hizo cada una, pero nunca se ponen a ver cómo fueron realmente las cosas. Sólo juzgan y te condenan. Siempre le ven el lado malo, pero nunca toman conciencia y no consideran lo que es justo. No se ponen a pensar, a analizar por qué lo hizo. Sólo dicen: lo hiciste, sos culpable.”

En otra de las cartas, Ailén ruega por hacer algo que la corra de la impotencia. En eso está ahora, aguardando un juicio justo contra viento y marea. “Lo que no comprendo es a esta Justicia que defiende lo indefendible y por eso gente como nosotras, de pocos recursos económicos, termina pagando con la libertad, mientras otros sólo la pagan con billetes. Tampoco comprendo qué es lo que estoy pagando. Pienso que le están quitando tiempo a mi vida en vano. Mientras estoy acá hay mucha gente que necesita ayuda y no poder dársela se siente horrible. Paso mis días ocupados para no pensar y encontrarme en esta realidad que vivo todos los días, sobre todo para poder lograr y cumplir con mi meta que es ir a la universidad de medicina y ser pediatra, salvarles la vida a todos aquellos chicos que lo necesitan.”

Un relevamiento del Observatorio Legislativo bonaerense define como alarmantes los datos relacionados con jóvenes y trabajo, salud y educación. Del informe además se desprende que el partido de Moreno tiene el registro más alto de muertes por femicidio en toda la provincia. La violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres es ejercida por personas conocidas del barrio o forma parte del contexto familiar. Todo esto sumado al acceso precario a centros asistenciales y de salud que prevengan conflictos de alta vulnerabilidad social, violencia de género, adicciones y espacios para niñas, niños y jóvenes orientados a la prevención de cualquier tipo de situaciones y problemáticas complejas, marcan el verdadero estado de situación.