Sociedad. Se estima que 5000 dominicanas residen en Argentina, sin más documento que su pasaporte, trabajando en la informalidad y enviando remesas a sus familias, comprando dólares a precio vil. Las redes de trata se sirven de esta vulnerabilidad que ahora la Dirección Nacional de Migraciones intenta morigerar ofreciendo un régimen especial para regularizar su documentación.
› Por Alejandra Waigandt
La dominicana Esther Fernández, de 27 años, llegó a la Argentina el 5 de agosto de 2010 animada por dos amigos migrantes que aseguraban que en este país era posible progresar. Decidió migrar cuando en República Dominicana cerró la fábrica Power One, donde la joven inspeccionaba la calidad de productos para sectores de energía solar y eólica. Aterrizó en Ezeiza y se instaló en la casa de una amiga, en el barrio porteño de Once, que la recibió con el desprecio tangible de vecinos y vecinas: “A diario te discriminan por vestir colorido y lindo. Para ellos somos unas putas. También a diario escucho negro de mierda cuando alguien se enoja y el color de piel no te hace mejor persona”, se queja Esther, quien explica que la mujer dominicana es sensual y en Argentina esta actitud es cuestionada tanto por varones como por mujeres.
Según la Asociación Dominicana de Residentes en Argentina, la falta de acceso a un trabajo formal, asistencia médica y educación son las dificultades más importantes para el 80 por ciento de las mujeres migrantes dominicanas que forman parte de dicha comunidad. Esther sólo tiene pasaporte y no puede ingresar a trabajar en una empresa o continuar sus estudios, tal como desea. Ha trabajado en casas de familia, al igual que muchas de sus connacionales cuando arriban al país. Clary, por ejemplo, comenzó limpiando casas particulares, pero desistió porque el salario no superaba los 2000 pesos. Actualmente trabaja en un taller de costura. Mary, en cambio, cuidó y asistió a personas mayores, pero se cansó de los malos tratos y subsiste como ayudante de peluquería. Rut trabaja sin retiro cuidando personas ancianas; en este momento es la mejor opción: envía parte de su salario a su hermana, quien cuida de sus hijos en República Dominicana, y al mismo tiempo garantiza su alojamiento y alimentación. Igualmente el bajo salario, la extensa jornada laboral y el aislamiento en las casas particulares impulsan a estas mujeres a insertarse en el sector gastronómico, según describió la dirigente Natividad Obeso, de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas. Aunque también en condiciones precarias, principalmente por no contar con documentación.
Muchas dominicanas asumen deudas en su país de origen a fin de migrar, vulnerabilidad que persiste cuando llegan al país de destino, donde las acechan las redes prostibularias, afirma Clarisa Rondo, de la Asociación Dominicana de Migrantes en Argentina. Esther conoce este tema: “Una amiga y su hermana dejaron a sus hijos y vinieron a la Argentina para trabajar en un restaurante. Fueron engañadas por una señora que pagó parte de los pasajes. Al llegar a Ezeiza, trasladaron a mi amiga y su hermana a un burdel, les quitaron los pasaportes, las amenazaron y obligaron a prostituirse. Tenían que aprender de las otras mujeres a tratar con los clientes. Lograron escapar pocos días después. Una se volvió a Dominicana y la otra todavía está acá, en Argentina”.
Un diez por ciento de las víctimas de trata rescatadas en whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o locales de alternes son dominicanas, las esclavizan y explotan sexualmente en todo el país, informó el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase). “Este año hubo un allanamiento en Ushuaia y encontramos un importante número de dominicanas”, cuenta el fiscal. Un fallo judicial de octubre de 2012 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que ordena el encarcelamiento y deportación de un ciudadano dominicano involucrado en el delito de trata, demuestra que mujeres dominicanas son explotadas en locales nocturnos de la Capital y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Misiones, Río Negro y San Luis. Según la sentencia, las víctimas llegan a la Argentina debido a promesas de trabajo, alimentación y alojamiento, pero son forzadas a participar en el comercio sexual.
En agosto de 2012 el gobierno argentino excluyó a República Dominicana de la lista de países exentos del requisito de visado de turismo como una manera de prevenir el delito de trata. También realizó un acuerdo con el gobierno dominicano para garantizar el retorno de las migrantes engañadas. Colombo explica que estas mujeres experimentan mayor vulnerabilidad porque el país de origen está lejos, los pasajes son costosos, no tienen ninguna documentación y no saben cómo protegerse. Recomienda, en ese sentido, la línea gratuita 145 para denunciar la trata de personas.
Las organizaciones migrantes rechazaron la medida de exclusión y señalaron que no contribuye a reprimir el delito de trata. Por su parte, Martín Duval, responsable de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), explica que la medida ha impactando en la actividad ilícita desarrollada por las organizaciones mafiosas, ya que si no se prueban los motivos declarados para ingresar al país se debe retornar inmediatamente. “Al aplicar esta política –amplía Duval– conocimos el tema de las estafas, el pago de sumas considerables a personas que gestionaban matrimonios por conveniencia o la supuesta obtención de documentación.”
Estas irregularidades y “la voluntad de arraigo” de la población dominicana llevó a la DNM a implementar el 14 de enero un régimen especial de regularización, que también incluye a la población senegalesa –se estima que hay 5000 dominicanas indocumentadas y 7000 senegaleses en la misma situación–. Unas 200 personas iniciaron el trámite para la residencia precaria, informa Duval, con la cual pueden inscribirse en la AFIP, obtener un número de CUIL y con éste una residencia por un año. Transcurrido este período, tienen que demostrar que cumplieron con las obligaciones tributarias requeridas por la actividad económica que indicaron en la AFIP para conseguir los tres años de residencia necesarios para la radicación definitiva. Esther conoció la novedad a través de las redes sociales y las reuniones en locales típicos, donde el menú incluye arroz, pollo frito o sancocho (puchero). Decidió en ese momento centrarse en obtener su DNI. Después volverá a buscar un trabajo formal y con el tiempo retomará sus estudios.
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