El siglo XXI trajo, con renovado auge, una antigua forma de esclavitud: la trata de personas. Se estima que afecta a 2,4 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y con fines de explotación sexual.

Cuesta aceptar que, a pesar de los avances normativos y de políticas públicas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, sigan existiendo violaciones a los derechos humanos tan flagrantes, como las que viven las víctimas de este delito.

Vista como una práctica antiquísima, la trata con fines de explotación sexual es mano de obra invisibilizada, destinada a tareas abusivas, y muy rentable para los tratantes. Hay tres elementos clave para su persistencia: el primero es la demanda. Un “cliente” poco responsabilizado socialmente, dispuesto a pagar por sexo.

No preocupa cómo llegan las mujeres a un prostíbulo: por secuestro, engaño, amenaza o extorsión –delitos per se–, ni cómo viven: abusadas, sometidas, encerradas. Tampoco su edad. Los clientes buscan un “servicio”, usando un poder que la sociedad patriarcal les otorga, y amparados en el mandato de la masculinidad hegemónica.

El segundo elemento es la rentabilidad del negocio. La trata de personas es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de armas y de drogas. Moviliza por año alrededor de veintisiete mil millones de dólares. Este dinero beneficia tanto a los que participan en el reclutamiento, traslado o acogimiento de víctimas como a los que dan recursos o protección para el funcionamiento de las redes.

El tercero son las víctimas: mujeres y niñas que aún soportan reiteradas violaciones en sus derechos: pobreza, falta de información, de educación, etc., que las hace más vulnerables ante las redes de explotación. Una vez dentro de éstas, no logran percibirse como sujetos de derechos y quedan atrapadas en un ciclo que afecta su integridad, su salud física y mental, su identidad y, en muchos casos, acaba con sus vidas.

No seamos cómplices de la explotación sexual ni de la trata, no colaboremos con silencio, temor o apatía. Reflexionemos como sociedad, sobre la cultura del “pago por sexo” y sus consecuencias. Denunciemos a las redes de explotadores que violan sistemáticamente los derechos de mujeres y niñas. Promovamos el acceso de cada mujer y cada niña, a sus derechos, sin distinción alguna, impidiendo la exposición a la explotación sexual y a la trata.

Convertidas en víctimas sin voz ni derechos, las esclavas del siglo XXI prueban que la inacción es cooperar con un delito tan aberrante como vigente.

* Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.