¿Participó Justicia Legítima en la elaboración de las leyes de reforma judicial aprobadas en el Congreso?

–No. Nos invitaron a los presidentes de las cámaras federales y nacionales, a mí por ser presidenta de esta Cámara en lo Criminal y Correccional, y por ser integrante de JL, al acto de presentación de las leyes que se hizo en la Casa de Gobierno, cuando los proyectos de ley ya estaban elaborados. Nosotros no intervinimos.

¿Cuál es su evaluación de las leyes aprobadas?

–La ley que ha levantado resistencias es la referida a las elecciones para el Consejo de la Magistratura, una ley eminentemente política; las demás son más técnicas, toman de la jurisprudencia ya existente o se refieren a prácticas que ya se están llevando adelante en algunas provincias (hay 24 distritos procesales). Le voy a decir que al principio yo misma decía: Pero esto, cómo puede ser. Después sentándome con interlocutores abogados, acostumbrados a leer leyes y analizarlas, no encontramos otra forma que no fuera la redacción de la ley para modificar el sistema eleccionario de la Magistratura. Yo creo que esa ley es constitucional.

¿Cuáles son las principales discrepancias en JL respecto de las leyes?

–Hay algunas discrepancias sobre la ley de ingreso al sistema judicial, que abarca a empleados y funcionarios, desde personal de maestranza a secretarios. Nos preguntamos cómo va a funcionar, cómo vamos a hacer con la gente que ya está dentro del Poder Judicial en cargos interinos o por contrato, que es una situación laboral precaria, no sé si vamos a tener que someterlos al examen o no; necesitamos algún reglamento, algo que regularice la situación.

En cuanto a las nuevas Cámaras de Casación, le he escuchado decir a Javier de Luca que pueden llegar a entorpecer en cuanto a tiempo, no en cuanto a trabajo. Yo creo que también van a favorecer la situación temporal de las causas. Las Cámaras de Casación tienen la posibilidad explícita, así está diseñada la ley, de trabajar sobre la arbitrariedad de las sentencias; es como hacerle medio camino a la Corte, porque el problema de la Corte son los recursos que le llegan por arbitrariedad; debe resolver si abre las causas o no las abre, y para tomar esa decisión tiene que estudiarlas. La mayoría queda sin abrir. Si la Corte convalida reiteradamente las decisiones de estas Cámaras porque son adecuadas a derecho, es probable que la gente desista de llevarlos a la Corte Suprema. Esto en los casos en los que no es obligatorio llegar a la última instancia, y aun en estos casos, que involucran a los estados, se me ocurre que un repaso de lo que hizo la instancia anterior a la Corte le va a alivianar el trabajo. Pero va a pasar un tiempo antes de que se consolide como útil el trabajo de estas Cámaras para reducir los problemas y los tiempos.

En la cuestión de cautelares no hubo discrepancias. Cuando se conoció el proyecto, la gente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con quienes trabajamos en conjunto en muchas cosas, y la de la Defensoría General, que echa mano a cada rato de las cautelares, le encontraron inconvenientes y se propusieron modificaciones que fueron incorporadas.

En la asamblea del 31 de mayo el juez Oscar Palermo se refirió a la necesidad de profundizar en la elaboración del perfil del juez, y usted añadió el perfil del empleado judicial. ¿Cuál es el perfil del juez deseable? ¿Y el del empleado judicial?

–Tanto los jueces como los empleados judiciales tienen que empezar por tener conciencia de que están brindando un servicio. El empleado que toma las declaraciones, el que escribe en la computadora, el que hace el seguimiento, tiene la idea de que la causa es suya (“esa causa es mía”, “ese preso es mío”); en lugar de tener conciencia de que las causas no son del juzgado sino de las partes. El juzgado lo único que hace es viabilizar que las partes reclamen sus derechos. No somos más que una vía. Esto viene del sistema inquisitivo, cuando las partes no tenían acceso al expediente. Así es como ha arraigado en nosotros la idea de que somos los dueños del expediente. Los ámbitos donde trabajamos son físicamente así: las mesas de entrada son una barrera entre los abogados y nosotros, cuando en realidad somos la vía para que las partes representadas por sus abogados puedan ejercer sus derechos. El abogado tiene más claro que es una vía, que el que está ejerciendo su derecho es el cliente... Es un cambio cultural, hay que hacerlo desde adentro de uno mismo, por eso estamos allí en JL cuestionándonos, criticándonos.

Usted se refirió al sistema inquisitivo. Otro de los planteos del juez Palermo fue la necesidad de que la Argentina adopte el sistema acusatorio, como otros países de la región.

–El sistema acusatorio está vigente en las provincias, consiste en que la investigación del expediente penal esté en manos de los fiscales y no de los jueces. Si el juez investiga y además juzga es juez y parte, mientras que si el fiscal y el defensor investigan el juez es alguien que está por encima de las partes. Lo que en el sistema federal ha quedado claramente no acusatorio es la instrucción del sumario, que no es un asunto menor. Es de esperar que en un sistema acusatorio las constancias por escrito se reduzcan al mínimo indispensable. En general el sistema acusatorio viene de la mano con la oralidad del juicio. Los procesalistas que hemos estudiado a Alfredo Vélez Mariconde conocemos un pasaje muy claro de su tratado, donde dice que los sistemas procesales se acoplan a los sistemas políticos. El sistema inquisitivo se corresponde con regímenes autoritarios, antidemocráticos, mientras que el acusatorio es el sistema procesal que corresponde a un sistema democrático de gobierno. Tenemos que transitar hacia el sistema acusatorio, pero el sistema federal es más lento que los provinciales.

JL amplía sus adhesiones en la sociedad. ¿Encara alguna estrategia dentro del Poder Judicial para ganar a los proclives a mantener el statu quo?

–En JL pensamos que el derecho no es estrictamente jurídico, sino que se interrelaciona con otras ciencias sociales, se alimenta de ellas y a la vez las alimenta. El derecho constituye nuestra vida: somos mayores de edad, somos casados, somos ciudadanos, porque lo dice el derecho, pero a su vez se alimenta de los movimientos sociales, de la política, la historia, la antropología. Ignorar que el derecho es una ciencia social es pretender que es una ciencia a la que sólo los juristas pueden acceder, un conocimiento aislado. En la época en que vivimos el derecho es una maraña de normas, pero la base no está dada estrictamente por las ciencias jurídicas sino por el conjunto de ciencias sociales.

Los cambios siempre son resistidos. Nuestra estrategia es insistir, insistir, insistir. En JL se encuentra gente preclara, representantes de lo más granado de cada fuero, y también los hay en la vereda de enfrente.

En las asambleas de JL los juicios por crímenes de lesa humanidad aparecen como el motor de los cambios en el Poder Judicial.

–Los juicios por crímenes de lesa humanidad pusieron en evidencia muchas cosas, motorizaron muchos cambios, incluso de prácticas. El testigo con que nos encontramos no es el mismo testigo de un caso de robo. El sobreviviente de la tortura al testimoniar revive lo sufrido, siente la misma afectación que entonces, “era volver a bajar al pozo”, decían. Entonces tuvimos que tomar precauciones, pensar cómo les tomábamos declaración, cómo les advertíamos lo que iba a pasar en la sala de audiencias, porque había gente que se nos podía enfermar, de hecho hubo que interrumpir algunas declaraciones porque el testigo sufría palpitaciones, o le subía la presión, se ahogaba, se desmayaba, necesitábamos médicos al lado. Poco a poco fuimos cambiando la manera de ver al testigo, a las partes. La historia y la sociedad se nos colaron adentro del tribunal y ya no salieron nunca más.

¿Cuáles son las prioridades, los objetivos de JL en los próximos años?

–Queremos identificar las prácticas que nos parecen más representativas de lo que no queremos ser para evitarlas, evidenciarlas y mofarnos a veces de nosotros mismos, porque eso facilita la llegada al otro. Las prácticas y las creencias van muy unidas.

Somos un espacio curioso, de reflexión y crítica, más virulenta en ciertos aspectos, mucho menos en otros. Tenemos la propuesta de abrevar en la Academia. Nos están ofreciendo desde las facultades de ciencias sociales, de las carreras de sociología, ciencias políticas, lingüística, que vayamos a tratar la cuestión. También les vamos a llevar nuestra práctica: esto que nos dicen es magnífico, ¿pero cómo se refleja?

¿Los llaman desde las carreras de derecho?

–Todavía no. Derecho es la carrera que nos produce a nosotros. La que nos reclama el cambio es la sociedad y no lo podemos ignorar, vamos a buscar allí lo que pretenden de nosotros...