En un contexto institucional de profundo cinismo, la sociedad chilena sigue, como si se tratara de una película, la gestación de Belén, una niña de 11 años violada durante dos años por el padrastro, quien pese “al daño” causado por su abusador dijo que va a tener a la criatura (las ecografías ya confirmaron que se trata de una niña), y “va a ser como una muñeca en mis brazos”. A la pasmosa naturalidad con que la aberración transcurre se le sumaron los dichos escandalosos del presidente Sebastián Piñera, acerca de que la niña “nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que, a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita”. Alineado con el discurso de la cúpula eclesiástica chilena, Piñera fue repudiado por las organizaciones de mujeres y feministas, que exigieron el aborto terapéutico excepcional para Belén, hoy sólo acompañada por su abuela en Puerto Montt, la reactivación de los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso y la elaboración de un plan nacional para erradicar la violencia contra niñas y mujeres.

La secretaria ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad, Natalia Flores, reclamó que el Estado chileno se haga cargo de la situación para “avanzar en una legislación justa, que legalice la interrupción del embarazo, al menos por las tres causales” que incluyen tres proyectos de ley encajonados en el Senado y en la Cámara de Diputados: “enfermedad grave de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y embarazo como consecuencia de una violación”. En abril del año pasado, el Senado rechazó las iniciativas de ley “en un discurso adornado del derecho a la vida”, lamentó Flores. Por primera vez en veinte años desde el retorno de la democracia en ese país, tres de la cincuentena de iniciativas presentadas para despenalizar el aborto tenían la posibilidad cierta de sacudir la trastienda política y “traspasar la votación con la idea de legislar. Pero finalmente, a las muchas mujeres y niñas que sufren violencia sexual y deben llevar a término un embarazo les dijeron NO”, cuestionó. “Esos/as senadores/as tuvieron la oportunidad de permitir una discusión callada por décadas bajo la excusa confesional de la divinidad religiosa, y la negaron.”

En la coalición gobernante nadie se plantea rever el embarazo forzoso de Belén. Por el contrario, Cecilia Pérez, vocera de Piñera, dijo que el aborto terapéutico “de terapia no tiene nada”, mientras que el diputado oficialista de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Issa Kort, afirmó que el organismo de la niña abusada “ya está preparado para ser madre, para engendrar. No son las condiciones ideales; si pensamos en la Edad Media o los principios del Renacimiento, las mujeres efectivamente eran madres a los 15, 14, 16 años, y la proyección de vida era mucho menor”.

Junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, Chile es uno de los países latinoamericanos que prohíbe el aborto en cualquiera de sus alternativas.

Esta semana, las organizaciones de mujeres volvieron a pedir “la aplicación del aborto terapéutico y/o interrupción legal del embarazo”. La presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Herrera, hizo un llamado a l@s candidat@s de la campaña presidencial con vista a las elecciones de noviembre, para saldar esa deuda con las mujeres, y recordó que luego del examen que rindió el Estado de Chile ante la Cedaw en 2012, el Comité recomendó revisar la legislación sobre aborto con miras a la despenalización. Según la encuesta de Humanas 2011, el 70 por ciento de las mujeres está de acuerdo con que se despenalice el aborto en las causales por aborto terapéutico, malformaciones congénitas o violación. Según la Agencia Latinoamericana de Noticias Portal del Sur, “en la actualidad Chile tiene más de 800 casos anuales de menores de 14 años que dan a luz. Y se producen entre 150.000 y 200.000 abortos clandestinos por año”.

A partir del caso de Belén, cerca de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales lanzaron una declaración exigiendo la despenalización del aborto terapéutico en Chile, y denunciaron que “el marco actual de penalización absoluta constituye un grave problema de salud pública, una injusticia social y falta de equidad para las mujeres chilenas; son las mujeres más pobres quienes se ven mayormente afectadas cuando deben llegar a término con un embarazo que pone en riesgo su salud física y psicológica, puesto que no cuentan con los medios que resguarden el acceso adecuado a la información y están sujetas a decisiones de los equipos médicos tratantes, sin considerar su autonomía y voz”. El Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles), una de las organizaciones firmantes, publica en su sitio web que “el 64 por ciento de las chilenas y chilenos están de acuerdo con la interrupción legal de embarazo en caso de malformaciones graves del feto. En Chile, el aborto clandestino es la primera causa de muerte materna”.

En una carta abierta al diario El Mercurio, un grupo de activistas, intelectuales y juristas concluyeron que la imposición del embarazo de Belén “es objetable” y se preguntaron si en nombre de los “deberes naturales maternales” se la está considerando “una incubadora al servicio de la sociedad”. Hacerla responsable “supone revalidar un derecho de menores de carácter tutelar, que bajo el subterfugio de proteger a los niños vulnerables, los estigmatiza y criminaliza”. El texto termina citando el pronunciamiento del Comité de DD.HH. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el caso L.M.R., de la Argentina, donde sostiene “que la coacción a una niña para que lleve a término un embarazo producto de una violación constituye un trato cruel, inhumano y degradante, siendo particularmente importante la protección cuando se trata de niños (Observación General Nº 20 del Comité) pues, además, desde un punto de vista médico un embarazo de una niña es siempre de alto riesgo”. La investigadora y profesora de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Zúñiga, una de las firmantes de la carta abierta, señaló que “una minoría de edad para una niña violada no puede servir como pretexto para castigarla otra vez, privándola de los mecanismos de protección que se ofrecen, en cambio, a las adultas, lo cual supone negar el derecho que la convención sobre los Derechos del Niño reconoce a todas las personas menores de 18 años, sin excepción”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, las expectativas de feministas y organizaciones por los derechos de las mujeres están puestas en las candidaturas de Marco Enríquez Ominami y Michelle Bachelet. El candidato del Partido Progresista publicó en su cuenta de Twitter, @marcoporchile, “ante un crimen horroroso, la violación de una niña de 11 años, llamo a unidad nacional y a candidat@s a pronunciarse sobre despenalización”. Pero la ex mandataria, candidata por la Concertación y hasta hace poco responsable del área Mujeres de Naciones Unidas, genera la mayor ilusión, sobre todo luego de manifestarse contundente “a favor de la despenalización del aborto terapéutico, particularmente en aquellos vinculados a violaciones. (Belén) es una niña que requiere ser protegida y, por lo tanto, creo que la opción de un aborto terapéutico, en este caso por una violación, sería la adecuada”.