Los hechos parecen extraídos de un cuento de terror (y todo el mundo sabe cómo terminan esas historias). El pasado 11 de julio, Rusia aprueba la desdeñable “Ley contra la propaganda homosexual” que, en verdad, es un eufemismo para censurar cualquier actividad pública de defensa, manifestación o reivindicación LGBT. En paralelo, la oleada de agresiones neonazis contra gays y lesbianas crece y crece; no da tregua. De cara a palizas, asesinatos, violaciones “correctivas” o humillaciones varias, la policía no acciona; el gobierno tampoco. Mientras, la opinión pública refleja una situación de hecho –por lo menos– alarmante; las cifras hablan por sí solas: el 84 por ciento de la población no quiere darle derechos al colectivo. La variopinta hostilidad es fogoneada por las elites políticas y religiosas con argumentos del tipo “la homosexualidad baja las tasas de natalidad rusas”, y propuestas como “excluyámoslos de los trabajos gubernamentales” o “tratamiento médico forzado o exilio”. El año es 2013; el sumario suena a reaccionarios siglos pasados.

Frente a las circunstancias, el bien habido revuelo: la comunidad internacional denuncia. Heterogéneas voces exigen al Comité Olímpico Internacional que cancele o traslade los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Sochi en 2014. Es lógico: deportistas y periodistas tienen miedo, se niegan a viajar. En paralelo, la Comisión de Venecia habla de discriminación, de no cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Los grupos de Facebook se multiplican; algunos bajo la satírica propuesta de “comprarle un consolador a Putin”. Stephen Fry, reconocido actor británico, compara a Rusia con la Alemania de Hitler. Bares gays por el mundo inician un boicot: rechazan la compra de vodka ruso. Obama se indigna, pero señala que la situación en dicho país “no es única en el mundo”. Lamentablemente tiene razón.

Porque la situación es, en efecto, peor de lo que puede imaginarse; mucho, mucho peor. Y aun cuando el caso ruso es injustificable y sumamente condenable, es apenas una ficha más en un mapamundi donde la homofobia “legalizada” cubre una porción enorme del tablero, ¡gigante! Porque son 76 los países del globo donde ser gay es ilegal (más de la tercera parte del mundo, con un total de naciones que llega a 196). Tal como suena: ilegal, penado por la “Justicia”, legislado como ofensa a la patria (al igual que matar, robar, estafar...). Distribuidas entre las Américas, Oceanía, Africa y Asia, hermanadas por la intolerancia sistematizada, lo único que separa a estas naciones son las penas que le increpan a la homosexualidad: desde períodos cortos en prisión hasta condenas de por vida, desde tratamiento psiquiátrico forzado hasta destierros, azotes o muerte por lapidación pública.

El espectro, espeluznante, no hace sino demostrar que el debate por el caso ruso y las venideras Olimpíadas son el puntapié inicial para una conversación mucho más amplia y profunda que debiera tenerse respecto de los derechos LGBT en todo el mundo. Derechos que se malversan cuando alguien como Horacio Cartes, flamante presidente paraguayo, dice que si tiene un hijo gay se “pega un tiro en las bolas”, y los compara con monos o anormales con una ligereza digna de ciencia ficción. O film gore, si se piensa en las leyes que penan la homosexualidad en otros sitios. Pues bien, gracias a un estudio de 110 páginas lanzado por la International Lesbian Gay Bisexual Tras and Intersex Association (ILGA), que destaca la situación de la comunidad LGBT país por país, señalemos con nombre y apellido el estado de las cosas (más no fuera dando cita a algunos ejemplos).

En Irán, ser gay implica pena de muerte; darle un beso a una persona del mismo sexo, 60 latigazos. En Mauritania, el artículo 308 dictamina que “todo musulmán adulto que cometa un acto indecente o un acto contra natura con un individuo de su sexo se enfrentará a la pena de muerte por lapidación pública”. En Yemen, los artículos 264 (para hombres) y 268 (para mujeres) pintan una escena similar: “La homosexualidad entre mujeres se define como la estimulación sexual por fricción. La sanción por actos premeditados será de hasta tres años de prisión; cuando el delito se haya cometido por la fuerza, el autor será castigado con hasta siete años de prisión”. Para los varones, desde latigazos hasta pedradas de muerte, según estado civil y circunstancia. En la Mancomunidad de Dominica, por suerte, son más vehementes: hasta 25 años de prisión y tratamiento psiquiátrico.

Por eso, de cara a una realidad que es un sopapo, mejor identificar los puntos geográficos hostiles para ampliar la mirada (del horror) y dar por buenas las palabras de mister Barack. Así, aun a riesgo de caer en lo aburrido, la pequeña enumeración se supone un humilde servicio que, sin repetir y sin soplar, puntea los infames 76. A saber: Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Bangladesh, Barbados, Belice, Birmania, Botswana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Comoras, la Mancomunidad de Dominica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Jamaica, Irán, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malawi, Malasia, Maldivas, Mauritania, República de Mauricio (inserte broma aquí), Marruecos, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Omán, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Islas Salomón, Samoa, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue. Todos y cada uno de ellos debieran incluirse en el debate por finiquitar una virulencia que, además de indignación, provoca lágrimas sentidas en los muchos que piden –con mera conciencia humanitaria– un cambio radical, urgente, inclusivo, sensato. Y el adiós eterno de muertes francamente imperdonables.