Macarena Rau Vargas es arquitecta y presidenta y fundadora de la Corporación para la Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental. De visita en Buenos Aires contó su experiencia en liderar proyectos e iniciativas de Seguridad Urbana, tanto pública como privada, en Chile y en varios países de Latinoamérica y el Caribe.

Muy lejos de la idea instalada por sectores conservadores de que seguridad es igual a rejas, alarmas, muros y hasta armas, Rau Vargas señala que “el circuito del temor urbano es perverso en el sentido de que el temor genera más temor y eso hace que de manera instantánea creamos que la forma de protegernos sea encerrarnos”. Un modelo sostenible de seguridad ambiental a largo plazo requiere que se construya la confianza ciudadana en los barrios para lograr el encuentro y el contacto humano por sobre el encierro. Ella está convencida, en una ciudad donde el contacto humano y la confianza son los ejes rectores no hay problemas en utilizar dispositivos tecnológicos de seguridad, pero supeditados a la construcción de la confianza comunitaria.

En Honduras, país centroamericano donde las maras marcan el mapa de la violencia juvenil, trabaja hace diez años de modo continuo, aunque el desembarco no fue fácil. Cuando recién había llegado, un joven la apuntó con un arma. Ese mismo joven hoy es parte de los grupos de colaboración. Convencida de su doctrina, afirma que ésta da la posibilidad de establecer comunicación hasta con los grupos más difíciles con resultados sorprendentes de apertura por parte de ellos, para pensar no sólo en rehabilitar espacios urbanos juntamente con sus habitantes.

En contraposición a los apetitos inmobiliarios imperantes, esta arquitecta cree que antes de iniciar una modificación urbana hay que tomar en cuenta las opiniones de los vecinos, no sólo como opiniones, sino como tomadores de decisiones. Por ello su información ambiental es clave, pero también se los hace coproductores de la seguridad ambiental. “Nada mejor que quien vive en determinado lugar para que te cuente qué hay que mejorar”, dice. Rau Vargas señala que los arquitectos y urbanistas deben asumir una responsabilidad moral, ambiental y social y contribuir a disminuir la inseguridad. “Para que exista un delito debe haber un actor motivado, una víctima y un espacio ideal para perpetrarlo.”

La pregunta es inevitable. ¿Es posible que las mujeres sufran menos ataques, robos y hasta violaciones mejorando ciertos aspectos de la construcción y organización de una ciudad? Por la evidencia que acumuló en doce años de trabajo, asegura que sí. Explica que al realizar mapas de localización espacial de delitos, se observa que éstos se distribuyen de distinta manera en el espacio. Si se intervienen variables espaciales y sociales, se puede incidir en disminuir la ocurrencia de esos delitos. Más allá de esto, enumera que hay otras cuestiones fundamentales: iluminación, senderos seguros y transporte público adaptado a esas necesidades; que son fundamentales. “Es necesario construir una red social donde el ciudadano sea protagonista y no sea visto como objeto por las autoridades; se requiere una sociedad civil muy fuerte que exija y vigile, que las personas se reencuentren entre sí, que vuelvan a tomar la ciudad y saquen a la delincuencia de los espacios públicos”, remarca. Su modalidad de trabajo ya está presente en más de 20 países y cuenta con 800 miembros activos que aplican permanentemente la metodología. En Latinoamérica, México, Chile, Brasil, Honduras y Nicaragua son países pioneros en este tipo de urbanización. “La prioridad es que no haya un espacio ideal para el delito y eso se construye; el contacto humano es la clave para eliminar la violencia en las ciudades”, sostiene con un convencimiento que no deja lugar a dudas.