Abordar la trata de personas no es solamente enfrentar un delito. Implica ingresar al macabro terreno del ser humano como mercancía, a la esclavitud y explotación que muchas veces está más naturalizada que la conciencia por la integridad de las personas.

La lucha de Susana Trimarco y de las organizaciones que durante años instalaron el debate ha sido fundamental para que este delito sea una preocupación social.

En el año 2008, y pese a ser cuestionada por muchos aspectos, se aprobó la ley que tipifica la trata de personas como delito federal, lo que permitió perseguir las redes delictivas más allá de las fronteras provinciales, que hasta ese momento representaban una traba para la investigación.

Desde entonces, el Poder Ejecutivo comenzó a tomar en sus manos la persecución del delito a través de sus fuerzas de seguridad, a implementar acciones como la creación de la Oficina de Rescate, la asistencia a las víctimas, el seguimiento de los movimientos financieros de las redes de trata a través de la AFIP y múltiples campañas de difusión.

Durante varios años se continuó trabajando en el Congreso de la Nación sobre la modificación de la ley para hacerla más efectiva. Sería en 2012 y luego del vergonzoso fallo de la (in)Justicia tucumana, que absolvió a todos los imputados del caso Marita Verón y que generó el repudio generalizado del conjunto de la sociedad que se votaron las modificaciones.

El rol del Estado en la prevención del delito, en la persecución de las redes y en el rescate y asistencia a las víctimas es fundamental, como así también su capacidad de articular sus distintos ministerios y organismos con el conjunto de la sociedad y organizaciones sociales. Es en este sentido que se crea recientemente el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que funciona en el ámbito de Jefatura de Gabinete y que integra los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Seguridad y Justicia.

El desafío es visibilizar mucho más el delito y trabajar junto con las organizaciones sociales en concientizar a la sociedad sobre cómo, dónde y con qué medios operan las mafias, fortalecer la asistencia integral y herramientas de reintegración social de las víctimas para que no vuelvan a caer en manos de los tratantes.

La única manera de acabar con este flagelo es con más organización, con más sensibilización y más articulación con las instituciones que vienen trabajando para derrumbar prejuicios, desbaratar complicidades y profundizar diariamente los derechos conquistados.

Por eso, la tarea es fortalecer mucho más aún las herramientas del Estado para profundizar los avances y trabajar sobre todo lo que falta. Entendiendo que sólo es posible combatir redes tan oscuras con otras redes luminosas que tengan como protagonistas a quienes buscamos una Argentina más justa.

* Coordinadora del Comité Ejecutivo contra la Trata de Jefatura de Gabinete.