Las mujeres sufren más el desempleo, la informalidad y la brecha salarial. Les cuesta mucho más conseguir un trabajo; las jóvenes están relegadas de las posibilidades de acceder a su primer sueldo. Cuando lo consiguen tienen más riesgo de estar en negro y en condiciones precarias; son discriminadas por su género y –mucho más– cuando se convierten –o pueden convertirse– en madres; falta acceso a oficios mejor pagos y aún en malos o buenos puestos se llevan al bolsillo menos plata que si fueran varones. En el contexto del 1º de mayo, ser trabajadora –¡todavía!– no es lo mismo que ser trabajador: la desigualdad persiste.

En concreto, el 51,8 por ciento de los varones está empleado. En cambio, el 34,7 por ciento de las mujeres accede a un puesto, según cifras del segundo trimestre del 2013, sobre 31 aglomerados urbanos, del Boletín de Estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, publicadas en el documento “La inserción laboral de las mujeres”, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Hay, por supuesto, amas de casa por elección que se ocupan del trabajo doméstico. Pero, igualmente, la diferencia de 17,1 por ciento entre la posibilidad de acceder a un sueldo entre mujeres y varones marca una abismal diferencia.

“Si bien en las últimas décadas ha habido avances en materia de inserción laboral de las mujeres, el mercado de trabajo sigue presentando desafíos. Las tasas de actividad y empleo continúan siendo muy superiores en los varones respecto de las mujeres. Asimismo, las tasas de empleo no registrado femeninas se mantienen en niveles superiores a las masculinas y aún persisten importantes brechas salariales”, señala el Programa de Protección Social de Cippec.

Por ejemplo, si bien el desempleo a nivel general –en el cuarto trimestre del 2013– es del 6,4 por ciento, la falta de posibilidades afecta muy fuertemente a las mujeres más jóvenes –hasta 29 años–, en donde el desempleo asciende al 16,2 por ciento, una diferencia por edad y género muy significativa. También a los varones sub 30 les cuesta escuchar la frase “estás contratado” pero –siempre– menos que a las chicas. Ellos sufren un desempleo del 11 por ciento, más alto que el promedio, pero 5 por ciento más bajo que las jóvenes, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Es interesante ver que, en la posibilidad de llegar a un primer empleo, los cambios de la última década beneficiaron más fuertemente a la población masculina. Por ejemplo, en el 2003, los varones tenían una participación en el mercado laboral del 68,9 por ciento, y esa tasa ascendió a 76,5 por ciento en el 2011. Pero, once años atrás, las mujeres de hasta 29 años tenían trabajo en un 35 por ciento, y ese panorama se mantiene prácticamente intacto. La participación en el mercado laboral de las menores de 30 años es de 34,7 por ciento en el registro del 2011, ocho años después de 2003, en una cifra que continúa vigente, del Boletín de Estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo, a la que tuvo acceso Las12.

Ser mujer sale caro

Pero, así y todo, cuando se consigue la remuneración, ser mujer vale, para el mercado laboral argentino, por lo menos mil pesos menos que ser varón. El salario promedio (de registrados y no registrados), en el segundo trimestre del 2013, para el monitoreo del Indec, es de 4372 pesos. Sin embargo, en la Argentina la discriminación sexual se cobra un impuesto que no se reclama pero que ajusta los bolsillos –o las carteras– de las damas. Las mujeres cobran –en promedio– $ 3675 pesos y los varones $ 4911. La brecha de género se lleva –por lo menos– $ 1236 pesos.

Aun así, la pelea por mejorar los derechos femeninos está invisibilizada. Por ejemplo, no es una bandera gremial que haga eco en medio de las disputas por paritarias. Tampoco los sindicatos que pararon el país el 10 de abril, convocados por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Pablo Micheli y otros sectores de izquierda, tenían entre sus consignas –como la inseguridad, el narcotráfico y la eliminación del Impuesto a las Ganancias– que las mujeres puedan contar con las mismas posibilidades (y billetes) que sus pares varones.

En el sector del transporte, por ejemplo, la brecha salarial es de 16,8 por ciento, pero no hay reclamos de camioneros, colectiveros o ferroviarios. En el sector de la enseñanza, en cambio, con un gran predominio femenino, no existe la diferencia salarial, y en el gremio de la pesca llega al 40 por ciento la brecha entre un salario masculino y uno femenino, según la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo (Cegiot).

¿Qué hace el Gobierno para combatir la inequidad? Cristina Antunez, coordinadora de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, responde: “La brecha salarial es un indicador de toda una trayectoria que tienen las mujeres por las responsabilidades familiares. Otro tema es el acceso a otras ocupaciones porque, actualmente, se concentran en servicios y no en los sectores más dinámicos en lo salarial. Por eso, realizamos una primera experiencia en cinco localidades, a la que ingresaron 500 participantes, para formación en oficios no tradicionales con máquinas excavadoras y en mecánicas de motos, para poder tener un taller propio o trabajar en una empresa. Esto posibilita que mujeres que hubieran terminado, por ejemplo, en el servicio doméstico puedan mejorar el ingreso y accedan a su primer trabajo en blanco. Mientras que para las más jóvenes está el plan Progresar, que va a ofrecer la posibilidad de propuestas educativas y un servicio de cuidado para sus hijos”.

¿Qué políticas hacen falta para igualar a las mujeres

El diagnóstico muestra muchas deudas pendientes. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Por su parte, la socióloga Rosalía Cortes, investigadora del Conicet y de Flacso, apunta en el documento de Cippec: “Existen problemas de largo plazo en la inserción de las mujeres en el mercado laboral que se han intensificado a lo largo de los últimos diez años; en primer lugar la baja tasa de participación y de empleo comparada con el nivel de los varones; en segundo lugar, la fuerte segmentación entre mujeres de hogares de bajos ingresos y el resto de las mujeres; y, tercero, la estrechez de las opciones laborales, en particular para los segmentos de bajos ingresos. Entre 2004 y 2013 aumentaron las brechas en la participación y el empleo entre varones y mujeres; hay más mujeres inactivas particularmente en los hogares de bajos ingresos”. Y, a su vez, subraya: “Hubo una segmentación de la política pública –obviamente implícita y no intencional– por una parte, políticas de empleo para varones y, por la otra, sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Social, políticas compensatorias entre mujeres: pensiones no contributivas, monotributo social”.

El ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y actual integrante del equipo técnico del Frente Renovador analiza: “Cuando miramos la realidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan nos encontramos con que la mayoría son mujeres, a lo que hay que sumarle el fenómeno del embarazo adolescente que, en lo que hace al trabajo, aumenta la precariedad y las dificultades para las mujeres. En definitiva, en los tres problemas sociales más críticos de nuestro país (pobreza, informalidad laboral y jóvenes excluidos) las que más complicadas están son las mujeres, y es ahí donde hay que generar nuevas políticas públicas para los próximos años”.

Mientras que Estela Díaz, coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (CEMyT) y secretaria de Género de la CTA, propone: “Necesitamos políticas activas que intervengan en el mercado laboral. Y para que esto ocurra, es necesaria la confluencia de múltiples actores: el Estado, pero también las empresas y los sindicatos. Avanzar en las responsabilidades familiares compartidas, ampliar las licencias para los padres, reconocer las formas de nuevas familias, construir políticas universales de cuidado de calidad, alentar la promoción de la presencia de mujeres en sectores laborales no tradicionales, promover la igualdad de género laboral como parte de la responsabilidad social empresaria, avanzar en definir espacios para niños, niñas y adolescentes de desarrollo extraescolar (recreativos, artísticos, deportivos) y el combate a la informalidad laboral”.

Informalidad cama adentro

También el blanqueo es mucho más retaceado a las empleadas. Ser mujer es un principio en el currículum que afecta la posibilidad de recibir jubilación, vacaciones y aguinaldo dos veces por año. La socióloga Laura Perelman, investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), especializada en temas laborales, detalla: “Actualmente algo más de un tercio de los asalariados no está registrado por sus empleadores en la seguridad social (34,5 por ciento). El nivel de informalidad laboral es uno de los indicadores que expresa la brecha de género que existe en el acceso al mercado laboral y a empleos de calidad. Entre las mujeres la informalidad alcanza al 36,4 por ciento de las trabajadoras, mientras que entre los varones afecta al 32,9 por ciento de los asalariados. Esta brecha de género, en parte, se explica por la alta concentración de mujeres empleadas en el sector de servicio doméstico, el cual concentra los mayores niveles de informalidad laboral. Actualmente, y pese a la reforma en el régimen legal de servicio doméstico y las campañas gubernamentales, la tasa de informalidad en el sector alcanza al 80 por ciento de los trabajadores, de los cuales prácticamente el ciento por ciento son mujeres. Además, para las mujeres el servicio doméstico sigue siendo una de las principales salidas que ofrece el mercado laboral, ya que prácticamente dos de cada diez mujeres se encuentran empleadas en esta actividad. Del total de mujeres a las cuales los empleadores no les realizan el descuento jubilatorio, prácticamente la mitad está empleada en el sector de servicio doméstico. Si se excluye a este sector de los cálculos, la brecha de género respecto de la informalidad no sólo se reduce, sino que incluso adopta un signo contrario. Es decir, tomando en cuenta el resto de las actividades laborales, sin incluir al servicio doméstico, las mujeres tienen un nivel de informalidad laboral sustancialmente más bajo que los varones (24 por ciento y 32,8 por ciento respectivamente). Los altísimos niveles de informalidad siguen afectando a esta actividad que se desarrolla intramuros de los hogares, y por lo tanto, es difícil de fiscalizar”.

La generación Eva

Por supuesto hay pasos para adelante. Sin duda, la reglamentación de la ley de trabajadoras particulares –26.844–, que se firmó el 16 de abril, impacta en un sector que emplea a 1.100.000 personas que son en un 99 por ciento mujeres. Las mejoras son sustanciales. En principio, las encargadas de cuidar a los hijos ajenos van a poder tener sus propios hijos y contar con licencia por maternidad. Además, se estableció la cobertura de ART, vacaciones, la retención de una cuota sindical a través de la AFIP, el pago por cuenta sueldo y la prohibición de que trabajen menores de 16 años y la obligación de que si se emplea a jóvenes de entre 16 y 18 años ellas tengan que estudiar.

A pesar de que los nuevos beneficios parecen saltear una etapa de falta de derechos básicos a cambio de limpiar, cocinar, ir a hacer las compras sin otra cobertura que un dinero en mano, hay reacciones que muestran que la igualdad, a veces, y para algunos, todavía es molesta. “Un cambio que afecta a miles de hogares”, tituló Clarín la noticia. ¿Afecta? ¿Perjudica? ¿Molesta? ¿Los miles de hogares son sólo los que contratan a las empleadas o también los de las empleadas que ahora cuentan con más derechos básicos? Otro ejemplo es la queja del columnista de La Nación Julián de Diego, que se presenta como asesor de empresas y profesor de la UCA, y avizora que el aumento de derechos va a fomentar el delito de la clandestinidad legal por parte de los empleadores: “La reforma legal fue criticada por incrementar sustantivamente el costo laboral de la categoría, lo que opera como un claro componente que desalienta su registración”.

Todo lo contrario opina Adriana Medina, mientras hace dormir a Eva, su primera hija de apenas dos meses. Ella es una trabajadora de hogar pionera en poder gozar de licencia por maternidad: “Me parece fantástico que se haya regulado la ley. Es una victoria. Lo siento así. Es un sueño que muchas personas tuvieron y ahora se pudo dar”, se emociona. Ella vivió su embarazo cuando ya estaba aprobada la nueva ley que contempla la licencia por maternidad. Pero, como la norma no estaba regulada, la Anses se negaba a considerar el pago de su licencia. Por eso, el 14 de noviembre de 2013 inició un juicio promovido por la Defensoría General de la Nación. El 20 de enero pasado, la Sala de Feria de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó un fallo en el que explicitó que ella tenía derecho a dar la teta y despertarse de noche sin estar preocupada por la plata o el trabajo en los primeros días de vida de su hija.

El 6 de febrero del 2014 nació Eva, que simboliza una nueva generación de derechos para las hijas de las mujeres que cuidan a las hijas e hijos de otras mujeres. “Lamento que hayamos tenido que hacer un juicio y pasar por todas las barreras que ponía la burocracia porque no estaba regulada la ley”, asiente. El caso de Adriana Medina es emblemático y, al mismo tiempo que su demanda, la Anses también empezó a pagar –de las arcas del Estado– otros pedidos de licencia por maternidad.

A contramano de pensar que la rejerarquización de las mujeres que hacen posible el engranaje de la vida cotidiana de otras mujeres implica, necesariamente, un conflicto con empleadoras, Adriana cuenta una historia de complicidad y solidaridad entre dos mujeres que establecen una relación más allá de lo laboral. “Este juicio no hubiera podido ser sin la ayuda que me dio la persona con quien trabajo. Para mí la contención y el acompañamiento fueron fundamentales”, valora. Y también disfruta de ese tiempo sin relojes con su beba que podían tener mozas, docentes, médicas o azafatas, pero no quienes corren las miguitas de la mesa, recogen los juguetes tirados o enhebran trenzas antes de ir al colegio. “Me parece impagable tener la oportunidad de experimentar cosas con mi primera hija y sentir la satisfacción de estar con ella sin tener que dejar mi trabajo. Saber que estábamos amparadas las dos”, realza.

María de la Paz Herrera, integrante de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), que defendió a Adriana, considera que la reglamentación es un paso adelante, pero también tiene críticas. “Es un hecho positivo que equipara a las trabajadoras domésticas con otras trabajadoras. Sin embargo, la reglamentación presenta algunos déficit en puntos claves: la AFIP aún no ha previsto la forma de financiar las asignaciones por maternidad ya reconocidas, lo cual podría generar a futuro mayores dificultades en el acceso y en el pago a este beneficio de la seguridad social legalmente establecido. Y, además, está pendiente que el Poder Ejecutivo decida la ampliación de la concesión de otras licencias familiares a las empleadas domésticas, como, por ejemplo, matrimonio, adopción, ayuda escolar, entre otras. Aún quedan cuentas pendientes con las trabajadoras domésticas que deben ser saldadas para no generar inequidades con el resto de los trabajadores y las trabajadoras argentinas.”

La Corte puede decidir darle un volantazo a la discriminación

Hay un caso emblemático de la discriminación laboral. Y todavía está en veremos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir si Mirtha Sisnero puede manejar un colectivo en Salta. Desde el 14 de marzo del 2008 tiene el carnet que la habilita a subirse a un transporte público sin ir parada ni esperar que la lleven. Ella quiere manejar. Pero no la contratan en ninguna de las siete empresas operadas por la Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor (Saeta) porque dicen que maniobrar por el centro norteño es complicado para manos femeninas. Ella presentó una denuncia ante el Inadi y el Concejo Deliberante local. Aunque, todavía, no logró que le habilitaran el volante. Mientras tanto tiene que vender golosinas en su kiosco para sobrevivir, en vez de ganar el sueldo de colectivera por encima de los diez mil pesos. En su Facebook postea fotos de colectivos como estampitas que aprieten el acelerador de una decisión clave. No sólo por ella, sino para que muchas accedan a empleos mejor remunerados. Su causa judicial, presentada junto a la Fundación Entre Mujeres (FEM), tuvo el visto bueno de la procuradora general Alejandra Gils Carbó que, en junio de 2012, dictaminó que se revirtiera la discriminación por género. Y fue por más al pedirles a las empresas que adopten “la realización de campañas y convocatorias dirigidas a las mujeres, el establecimiento de metas progresivas de incorporación de mujeres y el cupo femenino”. Ahora se espera el dictamen del máximo tribunal. El expediente ya pasó por la mano de cinco jueces y falta aún que dos ministros (Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni) lean el expediente. Mirtha reclama: “Espero que la sentencia diga que las mujeres tenemos derecho a trabajar de chofer de ómnibus, en corta y larga distancia, en cualquier vehículo pesado, ya sea camión, tren, máquinas cosechadoras, en todo el territorio argentino. Eso sería una real igualdad de género con inclusión laboral”.

El otro sexo que se juega en un albergue transitorio

Igual que Mirtha Sisnero, en Salta, Alicia Ojeda también se puso un kiosquito en Lomas de Zamora, como si la venta de chicles, chupetines y chocolates fuera un exilio del trabajo como deseo, una escondida en donde masticar la espera hasta tiempos mejores. A Mirtha no la dejan subirse al colectivo que quiere manejar. A Alicia trabajar en la limpieza de un hotel alojamiento en Villa Devoto la dejó con lumbalgia, hernia de disco y un pinchazo que no puede olvidar y por el que busca una nueva forma de sindicalizarse. En el 2001 fue a hacer una cama (corrida porque el conserje le pedía que liberara pronto la habitación y los clientes prácticamente la empujaban si tardaba un poco más, apurados por entrar a un paréntesis de goce en sus vidas) y agarró las sábanas en forma de bollo. Una lucha cotidiana con las sábanas que se estiran apenas por dos horas, pero en ese enredo de tela se pinchó con dos agujas que una pareja había dejado tiradas. Ella no tenía ni guantes, ni botas, ni bolsas para residuos patológicos: los elementos de limpieza reglamentarios que nadie le daba ni controlaba que estuviesen disponibles. Cuando bajó del cuarto asustada, el conserje le dijo que se hiciera un análisis en tres meses. Ella le hizo un escándalo con fuerza y llanto y logró que llamaran a la ART. Terminó en la Clínica Bazterrica con 60 dosis de AZT que tuvo que ir a reponer durante meses por si se había infectado con alguna ETS. Después de eso, aguantó unos años. Pero se fue en el 2008. Ahora, entre el despacho de alfajores, cuida a su nieta Chiara (4), para que la primera de sus cuatro hijos, Jessica, de 21 años, cuide (a su vez) a una nena y la aliente para que siga estudiando enfermería. “Yo pasé las mil y una para criarlos y quiero que estudien y trabajen de lo que les gusta”, desea. Tiene 44 años y no se resigna. No sólo por ella, sino por todas, por eso impulsa la creación de un sindicato de personal de hoteles alojamiento, en la CTA, en donde la mayoría del personal de limpieza son mujeres. “Hace 24 años que estamos con (Luis) Barrionuevo en el sindicato de gastronómicos, pero tuvimos muchos problemas porque lo manejaba la patronal. Ahora queremos proteger a las compañeras. A mí me decían la sindicalista porque ponía la jeta por todas. Pero cuando necesité al gremio no estuvo y me sentí re sola. Por eso pienso que hay que luchar por los derechos de las mujeres, para que haya igualdad en serio y se la haga cumplir.”