A pesar de la mayor concientización sobre la trata, todavía un sector de la política y los medios de comunicación miran para otro lado cuando se trata de ganar dinero o recaudar fondos para las campañas. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, procesó a Carlos Morales Comini, alias Kali, por su presunta participación al frente de una red de trata con fines de explotación sexual. El caso complica también al PRO, ya que en la causa se investiga un llamado de la ex legisladora macrista y actual defensora adjunta del Pueblo Lidia Saya, en nombre de Gabriela Michetti, al tratante para pedirle que fuera a la Legislatura para organizar su participación en la campaña política del año pasado.

La amable charla que tuvo Lidia Saya para juntar apoyo a la candidatura de Gabriela Michetti como senadora por la Ciudad de Buenos Aires se realizó el 30 de agosto del 2013. Morales Comini era la máxima autoridad de una banda que explotaba mujeres en departamentos de Esmeralda 770 2º “C” y 2º “F”, Suipacha 670 y Santa Fe 1714 6º “606”. El no figura como aportante económico a la campaña, pero Lidia Saya sí declara haber sacado plata de su bolsillo para la promoción del PRO. La Justicia investiga si Morales Comini pudo poner plata sin blanquear su contribución.

La denuncia la hizo la organización La Alameda, que tuvo acceso a la causa y por eso reveló el audio de la conversación entre el proxeneta y la defensora adjunta del Pueblo porteña. La llaman campaña PROstibularia. “Estoy todos los días porque tengo una pequeña oficina y manejo los tiempos, así que me encantaría cuanto antes”, contesta Morales Comini –que durante un tiempo estuvo prófugo de la Justicia y ahora se encuentra en libertad– al ofrecimiento de Saya de sumarse a la campaña. También le apunta que trabaja en el microcentro y que se pone muy contento.

El 7 de abril los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera pidieron que la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura porteña iniciara una investigación hacia Saya porque, según ellos, violó la ley de ética en el ejercicio de la función pública al comunicarse con alguien que definen como “mafioso”, y consideran que existen elementos suficientes para la remoción de la funcionaria. A pesar de la relevancia de la noticia, el diario Clarín no publicó ni una sola línea (de la denuncia). En cambio, en la divulgación de los departamentos sí usó más de cuatrocientas líneas.

No se trata sólo del blindaje periodístico al macrismo. El diario de Ernestina Herrera de Noble está manchado en la causa, ya que, a pesar de la prohibición de publicar avisos de oferta sexual, ellos les dieron publicidad a 415 avisos, según pudo saber Las12, que convocaban a las direcciones de la red de trata por valor de 84.141 pesos, a partir de estimaciones de los valores más bajos de los avisos clasificados –según días, tamaño, presentación, rubros– y que, por lo tanto, podrían ser más altas. Clarín recibió intimaciones para que dejan de publicar avisos de esas direcciones pero no acató el pedido ni dejó de darles promoción a esas direcciones en sus páginas.

El diario que hizo famoso el rubro 59 –ya inexistente–, pero que sigue replicando llamados a recepcionistas o señoritas u ofrecimientos de masajistas o contactos de solos y solas y que están verificados como engañosos, no puede hacerse el distraído o presentarse como víctima de una mentira, ya que la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM) le pidió que dejara de publicar, específicamente, promociones de las direcciones investigadas y no lo hizo. Paralelamente, la OM también informó a la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex) sobre las publicaciones relacionadas con el domicilio de Esmeralda 770 2 “F”. A partir de esos datos se pudo detectar otros teléfonos y domicilios a nombre de Morales Comini y María Caroso. El 18 de enero del 2013 se inició la causa judicial a partir de una denuncia de la Protex en donde se hace un mapa de siete grupos que operan prostíbulos en el centro porteño y uno de ellos –que integran cuatro personas– es el de Morales Comini. El 26 de octubre del año pasado se realizaron cuarenta allanamientos en donde se encontró a cincuenta y cuatro víctimas y se detuvo a ocho personas.

Otra deuda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que permitió –por acción u omisión– que la red de trata empapelara las calles porteñas con folletería de promoción sexual con leyendas del tipo “2x1”, “24hs.”, “siempre abierto”, “19 añitos”, “sólo para exigentes”, “todo el día de fiesta”, para divulgar sus departamentos, conocidos como privados, en calles emblemáticas del centro porteño. La oferta sexual también se promocionaba a través de Internet, que es un medio más difícil de perseguir.

En concreto, Clarín publicó 163 avisos de la dirección de Santa Fe 1714, 6° piso, departamento 606, a través de dos líneas telefónicas, por $ 30.788,47 pesos. Mientras que de la dirección de Esmeralda 770 2° “F” publicaron 252 avisos –no fue una única vez que no pudieron corroborar un aviso engañoso– y cobraron por eso, a través de seis líneas telefónicas, $ 53.353,10 pesos y centavos.

La OM le pidió a Clarín que cesara con la publicación de estos avisos, de los domicilios por los que está procesado Morales Comini, el 31 de mayo del 2012. Clarín desoyó las intimaciones, las sanciones y las multas. También el 9 de mayo del 2012 se intimó al medio gráfico El Argentino a que se abstuviera de promocionar la oferta sexual en esas precisas direcciones y ese diario acató la intimación.

Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, remarca sobre la responsabilidad de Clarín: “Quienes trabajamos a diario en la prevención de la trata de personas y la violencia contra las mujeres sabemos perfectamente que detrás de estas publicaciones, que parecen aisladas e independientes, hay grandes entramados propagandísticos que utilizan las redes de trata y proxenetismo para promover la explotación sexual de mujeres y niñas con la complicidad de algunos medios de comunicación. Es por este motivo que la presidenta de la Nación dictó el decreto 936 y nos encomendó trabajar fuertemente en la erradicación e investigación de estos avisos. A dos años y medio de su dictado y luego de haber realizado numerosas actuaciones e intimaciones a cada uno de los medios gráficos que los publican, los pocos que continúan haciéndolo ya no pueden alegar desconocimiento: saben lo que hay detrás de los avisos que las mismas receptorías enseñan a camuflar, proponiendo la utilización de términos como ‘masajista’ o ‘señora sola’ para esconder situaciones en las que se van la vida, la libertad y la integridad sexual de tantas mujeres. Hipocresía y complicidad comprada: eso es lo que define la actitud de algunos medios que buscan artilugios legales para no cumplir con normas que sólo buscan proteger los derechos humanos y reparar históricas desigualdades de género”.