La provincia de Santa Fe está “cerca” de producir misoprostol para proveer a su sistema de salud pública en abortos no punibles (ANP), inducción del parto y otro tipo de usos obstétricos de la monodroga. Desde el gobierno provincial vienen trabajando hace un año en ese sentido, aunque restan definir cuestiones técnicas. La decisión cobra relevancia en la provincia donde el 17 de mayo de 2007 murió Ana María Acevedo, una joven de 19 años con tres hijos pequeños, que padecía cáncer de maxilar pero no pudo acceder a radioterapia ni quimioterapia porque los médicos del Hospital Iturraspe le negaron su derecho a interrumpir el embarazo, como dice el artículo 86 del Código Penal, al correr riesgo la vida de la mujer. Aunque la distribución se limitará al sistema público de Santa Fe, hay quienes se entusiasman con que la medida tenga efectos mucho más allá de los límites provinciales, como puntapié inicial para terminar con el monopolio del laboratorio Beta en la producción de esa droga. Lo concreto es que Santa Fe fabricará misoprostol para garantizar el acceso al ANP. “Nos parece importantísimo que el Estado reconozca que debe resolver los abortos legalizados, y se haga cargo de producir una droga para hacerlo”, expresó Pilar Escalante, de Socorristas en Red, un colectivo de organizaciones de distintos lugares del país que acompañan a las mujeres que deciden abortar y bregan para que el sistema público les dé respuestas. El misoprostol se utiliza para interrumpir embarazos prácticamente sin riesgos para la salud de las mujeres hasta la semana 12 de gestación: en la Argentina sólo lo produce el laboratorio Beta, bajo el nombre de Oxaprost.

La discusión pública sobre la producción estatal se agitó en Santa Fe a partir del proyecto de las concejalas de Rosario María Eugenia Schmuck, de la Unión Cívica Radical, y Norma López, del Frente para la Victoria. La ordenanza aprobada el jueves de la semana pasada en el Concejo Municipal de Rosario “encomienda” a los laboratorios estatales –hay uno municipal y otro provincial– que produzcan este medicamento tanto en su presentación oral como vaginal. La ordenanza se refiere a abortos no punibles (ANP) e inducción del parto. Según las estadísticas brindadas por el director de Atención Primaria de la Salud de Rosario, Ignacio Gómez, el año pasado hubo 350 prescripciones de misoprostol para ANP en los centros de salud rosarinos, casi el doble que en 2012.

Lo cierto es que toda la movida nació de un comentario que la trabajadora social de Buenos Aires Vero Marzano, integrante de la agrupación Macacha Güemes, hizo en una radio rosarina. Marzano había preguntado: “¿Dónde está el movimiento de mujeres de Santa Fe, por qué no reclaman que el laboratorio provincial produzca misoprostol, así como fabrica Viagra?”.

Las concejalas recogieron el guante y elaboraron un proyecto en el que aluden a “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”, publicada en 2003 y reeditada en 2012 por la Organización Mundial de la Salud, así como a las recomendaciones de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog).

Apenas se presentó, la iniciativa generó un cierto malestar del concejal Miguel Angel Cappiello, ex ministro de Salud de Santa Fe, y el funcionario que firmó en abril de 2012 la Guía Técnica de Atención Integral para los Abortos No Punibles que hoy rige en Santa Fe. “La provincia viene trabajando hace un año para producir misoprostol”, dijo entonces Cappiello. El proyecto se aprobó el jueves pasado en el Concejo municipal de Rosario, con el voto positivo de los concejales del Partido Socialista, que gobierna la provincia y la municipalidad. Cappiello no sólo lo votó, sino que ratificó su “compromiso” para que la fabricación estatal sea un hecho.

“Haber podido concretar el proyecto de misoprostol constituye un avance único e histórico en la conquista de calidad de vida y derecho para las mujeres. Acorde con lo establecido en el Código Penal argentino, hay casos donde las mujeres tenemos el derecho de acceder a un aborto seguro, garantía que el Estado debe materializar y no lo estaba haciendo”, consideró Schmuck y López abundó: “Marcamos que desde el Estado se tienen que garantizar los ANP, del modo menos traumático y más accesible, pero también para llegar a una perspectiva de debate para tener en algún momento el aborto legal. A eso hay que sumarle que las mujeres, que todos sabemos que usan el misoprostol, tienen disponible sólo la producción del sector privado. El Estado tiene que tener una incidencia para regular el precio”, agregó López.

“Por supuesto que lo del Concejo me parece bien, pero son manifestaciones políticas, nada más”, afirmó el director de Políticas de Géneros e Interculturalidades, Daniel Teppaz, quien subrayó que “la provincia viene trabajando hace más de un año, que no se haya podido fabricar no ha sido por una decisión política sino porque no es fácil producir un medicamento nuevo, se necesitan requisitos. La provincia puede hacerlo pero se necesitan instalaciones, estamos viendo la posibilidad de fabricarlo en otro laboratorio que sí las tenga, pero con la licencia del LIF”. De hecho, consideró que la producción estatal “no está tan lejos”. “Espero que en las próximas semanas tengamos novedades un poco más claras y que podamos decir que ya estamos muy cerquita”, dijo el funcionario.

El director del Laboratorio Industrial Farmacéutico, Guillermo Cleti, había calculado, en marzo, que faltaba “un año” para empezar a producirlo, por cuestiones técnicas: la principal es la dosificación: los laboratorios municipal y provincial fabrican medicamentos en miligramos y el misoprostol requiere hacerse en microgramos.

Teppaz tomó el tema como una militancia personal. “Si se produce misoprostol desde los laboratorios públicos, tiene dos implicancias. La verdad es que es muy barato fabricarlo y que esté en los circuitos legales. Entonces, que produzcamos un medicamento que se necesita es fundamental. Es un medicamento huérfano, como decimos técnicamente. También creemos que si la provincia de Santa Fe logra fabricar el misoprostol es un avance político pero no solamente para las mujeres de Santa Fe sino para todo el país.” Los medicamentos huérfanos son aquellos no desarrollados ampliamente por la industria farmacéutica que, sin embargo, responden a necesidades de salud pública.

El gobierno de la provincia de Santa Fe cuenta con la asistencia técnica del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) para el fortalecimiento de distintos aspectos de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva. “La provincia tiene una política pública de provisión de los abortos no punibles, para eso necesita un medicamento que en la Argentina no está disponible como tal. Entonces, la producción de esta monodroga es coherente. El medicamento es una de las opciones terapéuticas de primera línea y lo que están tratando de hacer es proveer el mejor servicio disponible”, consideró Mariana Romero, de Cedes.

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe produce cada año 90 millones de unidades de medicamentos (comprimidos, soluciones o pomos) para la salud pública provincial. Además, a través de convenios con el plan Remediar, fabrica entre 45 y 60 millones de unidades para la salud pública de todo el país. Amoxicilina, ácido fólico, dexametasona, diacepan, enalapril son algunas de las drogas que producen, y también el sildenafil, más conocido por la famosa marca Viagra, del que sólo produjeron una partida de 100 mil comprimidos.

Con una perspectiva bien técnica, Cleti adelantó algunos pasos. “Tenemos una legislación que permite que nuestros medicamentos sean habilitados por el Ministerio de Salud provincial y circulen en Santa Fe. Después, lo que hemos venido haciendo es certificar nuestros medicamentos ante la Anmat, para ampliar su circulación a otras provincias”, explicó el director del Laboratorio provincial. De hecho, además de la presentación oral, planifican fabricar la vaginal.

Teppaz aclaró que el uso obstétrico del misoprostol excede la interrupción del embarazo. “No sólo se usa para abortos, la verdad que también sirve para el embarazo con feto muerto y retenido, para inducción del parto. El uso que le podemos dar al misoprostol es muy vasto y facilita un montón de procedimientos. Cuando hay un feto muerto y retenido o lo que se llama comúnmente huevo huero, someter a una aspiración o darle un medicamento a una mujer no es lo mismo. Es un tratamiento médico versus un tratamiento quirúrgico”, detalló.

Ventajas y riesgos

Si se tiene en cuenta que en la Argentina se realizan unos 500 mil abortos anuales, y que desde hace 20 años las mujeres utilizan el misoprostol para interrumpir sus embarazos, no siempre dentro del sistema de salud pública el problema del misoprostol excede la iniciativa de la provincia.

Para Verónica Marzano, cuyo comentario radiofónico movilizó la ordenanza, “cualquier producción pública va a generar más accesibilidad. Pero existe el riesgo de que haya una trampita: que se produzca sólo para el sistema hospitalario, y circule menos en las farmacias. La producción pública tiene que servir para garantizar que esté disponible. Si el efecto va a ser sacarlo de las farmacias, va a ser contrario al que queremos”. Para Marzano, lo más importante es “garantizar que esté en los centros de atención primaria de la salud”, donde concurren las mujeres sin cobertura de obra social.

La noticia fue tomada con suma cautela por Luciana Sánchez, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que desde 2009 sostiene la línea “Aborto: más información, menos riesgos”, en el número 011 156 6647070. “El valor que pueda tener depende de cómo lo produzca y cómo lo distribuya. Si lo administran sólo médicos de hospitales públicos, eso impide que sirva a los fines de reducir los riesgos del aborto inseguro, que es de lo que estamos hablando”, puntualizó la activista.

Para ella, “el valor de la producción pública tendría que estar en producirlo para las consejerías de atención primaria de la salud y unidades básicas de atención primaria y salud comunitaria y en las dosis necesarias para abortar, que es de 200 microgramos cada pastilla”. Lo más importante es que “las condiciones de acceso no sean restrictivas. Una producción pública para 350 casos de aborto no punible, como mencionaba Teppaz, es una producción pública espuria. Nadie hace una fábrica de misoprostol para producir 300 casos. Tiene que ser significativa, tiene que competir con la producción de Beta. Si no, no influye”.

El antecedente que se teme es el de Brasil, que produce la droga bajo el nombre de prostokos, pero sólo lo distribuye en el sistema hospitalario, de manera restrictiva, y lo sacó de circulación en las farmacias.

Cleti aclaró que el LIF produce sólo para el sistema de salud pública. “Como filosofía del Laboratorio queremos siempre apuntar a proveer al sistema público de salud. No tenemos como objetivo proveer a las farmacias privadas.”

Por eso, Sánchez considera necesario garantizar no sólo su provisión en el sistema público de salud sino también para las obras sociales. “En la Argentina cerca del 30 por ciento de las personas sólo depende del sistema público de salud. No olvidemos que además estamos en el contexto de una política nacional de reducción del empleo informal, cada vez más personas ingresarán al sistema de obra social o al sistema privado y dejarán de depender del sistema público. Es necesario pensar la producción pública en relación con las obras sociales. Para eso tiene que ser significativa. En los términos en que se está planteando sería contraproducente producir para tan pocos casos.”

Otra de las redes que acompañan a las mujeres en la interrupción de su embarazo es Socorristas en Red, en la que participan colectivos de diferentes provincias del país, cada uno con su línea telefónica (http://socorristasenred.blogspot.com.ar/). Para Pilar Escalante, integrante de Socorristas en Red, la producción estatal de misoprostol significa un avance, más allá de los riesgos. “Si incide en que las mujeres vayamos a los centros de salud y podamos interrumpir nuestros embarazos con el aborto no punible, desde una perspectiva de salud integral, que implica que cualquier embarazo no deseado significa un riesgo para la salud de la mujer, la producción pública permite mayor acceso”, consideró Escalante. Pero aclaró: “Hoy las mujeres no se animan a concurrir al centro de salud a exigir su derecho a interrumpir el embarazo. Y las que se animan, no siempre encuentran una respuesta favorable. Algunos médicos deniegan el derecho de las mujeres, y no todos tienen en claro cuál es su deber”.

Está claro, para Escalante, que la producción estatal “no resuelve el tema, pero sí es importante que el Estado reconozca que hay abortos legalizados y es su obligación proveerlos. En tanto declaración, es importantísimo. El Estado admite que debe garantizar los abortos y para eso debe producir misoprostol”. La situación de una niña de 13 años a la que le denegaron el aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, demuestra –acotó Escalante– “que no están garantizados en los hechos”. Por eso, cree que la producción estatal sólo servirá si está “acompañada de políticas públicas de acceso amplio para todas las mujeres”.