Sólo cuatro meses. Es el tiempo a contrarreloj para debatir y articular nuevas estrategias con miras a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se espera intensificar una revisión a veinte años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo e introducir acuerdos que posibiliten una apertura con un aire menos opresivo que el que se respiró en el documento final de la 47ª Cumbre de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU (CPD) celebrada en abril último en Nueva York. Las negociaciones de la delegación argentina y los países aliados intentaron sin éxito sostener en la agenda internacional temas clave como derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, familias e identidades de género que finalmente fueron excluidos por la presión de estados con posiciones políticas de un conservadurismo rancio en un escenario hostil, donde sigue teniendo peso propio el Vaticano.

“Sin embargo, la importancia del texto que se consensuó en Nueva York es que posibilita, de aquí a septiembre, seguir discutiendo y ver cómo se van posicionando los distintos estados hacia el documento final. La idea es trabajar para introducir acuerdos con resultados más progresistas, no tan lavados, pero que a su vez esto permita que la evaluación del Plan de Acción de El Cairo no acabe ahí sino que ratifique los tratados internacionales, regionales y locales, y se ligue con la discusión de las Metas del Milenio 2015”, explica la socióloga María Alicia Gutiérrez, coordinadora del Area de Advocacy de la Fundación de la Salud para el Adolescente (FUSA), que integró la delegación oficial junto con representantes de organizaciones articuladas en la Alianza de las Organizaciones de la Sociedad Civil, como Mabel Bianco (FEIM), Lourdes Bascary (CELS), Paola García Rey (Amnistía Internacional), Marcelo Ferreyra (Global Initiative for Sexuality and Human Rights Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights), Victoria Tesoriero (Católicas por el Derecho a Decidir), Mariana Iacono (Mujeres Viviendo con VIH), Mariel Bernal Vilte (KollaEcmiaEnlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas) y Pamela Martín García (Cedem). “Todos veníamos de participar de las reuniones regionales durante 2013, en el proceso de revisión de temas clave de la Plataforma de Acción Cairo+20”, hasta que en agosto los gobiernos de 38 países de América latina y el Caribe, incluida Argentina, firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo en el que “se comprometieron a prevenir y evitar el aborto inseguro, facilitar el acceso a métodos anticonceptivos eficaces, incluir educación sexual y reproductiva, entre otros puntos, que pese a los esfuerzos no pudieron ser incorporados en el documento final de la Cumbre”.

¿Por qué el tema del aborto fue el gran ausente?

–Los que formábamos parte de la delegación sabíamos desde el principio que no entraba. Ya lo había explicitado en reuniones previas la embajadora ante la ONU, Marita Perceval. En términos generales todos acordamos la posición de Argentina y la negociación, y decidimos trabajar con la delegación oficial puntos que tenían que ver con derechos sexuales y otros temas muy resistidos. Durante la Cumbre, sacando algunos países europeos nórdicos, Nigeria y Libia, nadie nombró el aborto. Es un tabú importantísimo. Ningún país de la región lo mencionó, ni siquiera México, donde se sabe que el aborto es legal en el DF, pero que la legislación en el resto del territorio es un horror y además mantiene una posición alineada con el Vaticano. En el caso de Uruguay, como era el país que lideraba el proceso de discusión en Nueva York, se tomó la determinación de no hablar para no entorpecer las negociaciones. Pese a los obstáculos, de la experiencia rescato el alto nivel de conocimiento de los negociadores de la delegación argentina, Luz Mellon y Eduardo Porretti, en una instancia donde se definen los grandes lineamientos de las políticas públicas de los países, y las reuniones con organizaciones de la sociedad feminista para poder pelear el tema tan silenciado del aborto.

Es alarmante la persistencia de un escenario global con discursos y posiciones conservadoras, a veinte años de la Conferencia de El Cairo.

–Se hizo un gran esfuerzo para no retroceder al lenguaje de El Cairo de 1994. Fueron impactantes los posicionamientos conservadores con anclajes en distintas regiones del mundo. Hablo del grupo africano, liderado por Camerún, del grupo árabe y del Vaticano, pero también la Unión Europea era terrible en muchos puntos, tanto por omisión como por lo que se decía y por quiénes se aliaban. En la región fue llamativa la posición de Brasil, que en algunos aspectos ligó con la postura de América latina en apoyo al Consenso de Montevideo, y en otros hizo silencio o pidió resguardo por su alianza con países africanos que tienen una posición conservadora en temas que refieren a cuerpos, sexualidades e identidades de género. No se logró incluir derechos sexuales ni reproductivos en el documento final, pero se intentó reinstalar el concepto de salud reproductiva negando los avances de los últimos años en términos de derechos e invisibilizando conceptos sobre derechos sexuales y reproductivos que ya habían sido incorporados en 1995 en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, por ejemplo.

En ese sentido Argentina lideró una posición de avanzada.

–Es interesante porque había planteado articular estrategias y propuestas con diversos países de América latina y el Caribe bajo la cobertura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para acordar puntos básicos, como la inclusión de derechos sexuales, continuar la revisión de la Conferencia más allá de 2014, sostener la revisión de las Metas del Milenio 2015 y, sobre todo, la incorporación de tratados de avanzada, vigentes en cada región. Se logró un acuerdo básico pero se autoexcluyeron Guatemala, Honduras y Nicaragua, con perspectivas durísimas sobre la vida y la salud de niñas y mujeres, derechos sexuales y reproductivos y aborto terapéutico. Brasil quiso reservarse el derecho de autonomía pese a la convocatoria argentina de presentarse como bloque. Un damero tan complejo lleva a pensar que los cuerpos y las sexualidades están jugando un rol altamente significante en la construcción discursiva del derecho internacional y en los realineamientos geopolíticos del orden multilateral, algo que hace años viene diciendo la antropóloga feminista brasileña Sonia Correa. Este proceso que se inicia a fines de siglo XX y que se puso en la escena global con las diversas conferencias de Naciones Unidas de la década del ‘90 reapareció en los debates recientes y en la necesidad de defender como punto de no retorno la propia Conferencia de El Cairo de 1994. No se trata de nuevos realineamientos, han aparecido en cada una de las revisiones realizadas en este proceso de veinte años.

Cuánto de estos conceptos está atravesado por la colonización del cuerpo de las mujeres como territorios o campos de batalla, al decir de Rita Segato.

–Un debate fuerte giró en torno del concepto de soberanía. Lo propuso el grupo africano, con Camerún de portavoz, y sin embargo Nigeria se pronunció de acuerdo con el aborto y Sudáfrica se manifestó a favor de los derechos sexuales. Con el avance de las regulaciones internacionales se levanta una sospecha, y es si soberanía es autonomía legítima en la toma de decisiones locales o supone regirse sólo por las creencias culturales, religiosas. Para mí tiene un metatexto: “No nos regimos por lo que es el derecho internacional de los derechos humanos”. Si un país africano considera que la homosexualidad es un delito mayúsculo, se rige por su consideración particular. Este es el riesgo entre los relativismos culturales, el respeto por esos relativismos, por esa soberanía, y el desacople de derechos humanos internacionales. Ni qué hablar entonces de lo que Segato dice acerca del cuerpo de las mujeres como territorio contundente del ejercicio de un poder global, que tiene un plus de agresión.

¿A qué se refiere cuando menciona en sus trabajos el retorno de lo reprimido?

–Es una metáfora que tiene que ver con que hay una impronta potente del régimen heteropatriarcal que está presente y que, en un sistema capitalista tan brutal como el actual, persiste a pesar de desarrollos más o menos progresistas. Y eso se expresó en la discusión sobre los conceptos de “familia” o “familias”, este último rechazado por los sectores más conservadores y otro de los puntos que no fue reconocido en el documento final. Al decir “familia” se está hablando de un modelo claro heterosexual compuesto por un sistema binario de conformación de la pareja, cuando la realidad se da de patadas con eso porque, por empezar, aunque constituidas en un régimen heterosexual, la cantidad de mujeres solas que existen integran una forma de familia diferente de la clásica. O las formas de familias que adopta la propia heterosexualidad y los modelos de familias que transitan las diversidades sexuales, como promovió la Argentina junto a sus aliados latinoamericanos.

También se habló de anticoncepción y pobreza, dos variables de disputas que van a volver a instalarse en el encuentro de septiembre.

–El capítulo de anticoncepción se abordó en términos de preocupación por adolescentes y jóvenes, y de formas de incorporar la anticoncepción en la atención integral de la salud; digamos que se dejó sentada esa inquietud. La discusión sobre pobreza fue planteada por el Vaticano y tiene que ver con una antigua preocupación de la Iglesia, una controversia que atravesó El Cairo 1994 y ahora se reflota con viejas argumentaciones acerca de que todo lo referente a políticas de derechos para las mujeres o de las sexualidades en general de franjas vulnerables tiene que ver con un proyecto de eliminar a los pobres y no a la pobreza. Se plantea que “si tengo aborto legal y anticoncepción, estoy haciendo una política de eliminación de los pobres para que no se reproduzcan”. Es un argumento reciclado que no explica ni fundamenta por qué la eliminación de la pobreza va en contra de los derechos humanos básicos de las personas.

Durante el plenario de Nueva York, la embajadora Marita Perceval destacó la necesidad humana de “ser reconocidos iguales en dignidad, igualdad y derechos” en sociedades inclusivas. Los negociadores de la delegación argentina, países aliados y las organizaciones de la sociedad civil intentaron que el derecho a la determinación de la orientación sexual y a las identidades de género quedara expresado en el documento como punto de acuerdo, “pero no fue posible por la resistencia feroz de las alianzas conservadoras. Es una pelea durísima que se sigue dando”, lamentó Gutiérrez.

¿Todavía son pensados como temas de segunda?

–Creo que sí. La sexualidad y el cuerpo siguen siendo caballitos de batalla de intercambio; no sé si son cuestiones centrales en ninguno de los países. Me parece que son clave las relaciones estratégicas, económicas, los acuerdos políticos en términos de desarrollo, pero es bastante difícil visualizar los temas de sexualidad, que sin embargo están ligados profundamente al desarrollo.

¿Piensa que a lo largo de estos últimos veinte años se produjo un retroceso en el campo de las garantías?

–No lo pondría en esos términos. Digamos que sigue existiendo un territorio de disputas muy potentes que pretenden obturar acciones locales progresistas, aun habiendo logrado El Cairo, Beijing y tantísimos otros documentos regionales o globales. Pero no es desesperanzador. El tema ocupa una centralidad en las discusiones internacionales, lo que no era así veinte años atrás; las problemáticas relacionadas con los derechos de autonomía de las personas han tenido un proceso de inserción importante en el mundo público. En todo caso esas negociaciones adversas, para el caso argentino en particular, no impiden que se siga peleando por una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Entre lo global y lo local, en ese campo de disputas que la sexualidad y los derechos conllevan, siguen existiendo espacios donde las demandas y necesidades de las personas puedan ser expresadas. Nada queda anudado. La lucha continúa.