El 25 de octubre de 2013, D.G. fue hasta el Sanatorio Güemes –prestador de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra)– con contracciones. Sabía cuándo el cuerpo le indicaba la inminencia del parto. Ya había dado a luz tres veces y estaba por tener a su cuarto bebé. Sin embargo, la mandaron de vuelta a su casa, en Bella Vista. El maltrato apenas se asomaba. Y terminó cuando, sin registrar la medicación con la que la intervenían en una historia clínica que fue extraviada, la dejaron alumbrar en el baño de su habitación por no contestar a sus pedidos para que la llevaran a sala de parto. “En ese momento me acuestan en la cama y el bebé nace, lo envolvieron con las sábanas que yo había estado usando porque no llegaron a preparar lo necesario para el nacimiento”, criticó y pidió que “estos malos tratos no vuelvan a suceder con otras personas”. Por eso, denunció violencia obstétrica.

La Defensoría del Pueblo de la Nación le dio la razón y exhortó al sanatorio y a la obra social a que arbitren las medidas necesarias para revisar y modificar aquellas prácticas y condiciones que no respetan el derecho a parir dignamente. También le ordenó a la Superintendencia de Servcios de Salud que supervise a las instituciones en falta y les comunicó la decisión al Ministerio de Salud de la Nación, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), el Inadi, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y Osuthgra.

En su investigación en el Sanatorio Güemes, la Defensoría del Pueblo encontró ciento noventa quejas realizadas entre el 4 de septiembre y el 28 de noviembre de 2013 por largas esperas (en la atención y la obtención de turnos y prestaciones), malos tratos, mala calidad de atención, cancelación de turnos, agresiones verbales y comentarios discriminatorios que involucran al personal administrativo y de seguridad y al plantel médico y de enfermería.