Angela tenía cinco años e iba a la parroquia Santa Rosa de Lima, en el barrio porteño de Balvanera, a recibir clases de apoyo. Estaba en primer grado, pero sus renglones no estaban ordenados. Vivía en un conventillo a donde su familia había llegado, desde el norte, en busca de trabajo. Angela tenía mucho miedo y el pis se le escapaba sin que pudiera hacer nada para cerrar su cuerpo. Jugaba a que un lobo perseguía y asustaba a una niña hasta que le contó a Daniela Lezcano que ella era la niña y su papá, el lobo que la asustaba. Lezcano estudiaba psicología, con una beca, en la Universidad Católica Argentina (UCA) y colaboraba gratis para ayudar a las niñas a aprender. De un golpe se enteró de que la violencia más extrema y escalofriante existe. Y que el cuerpo pequeño, todavía sin estirarse a los desafíos de la vida, a veces, está expuesto al mayor abismo. Angela, igual que muchos niños y niñas, no podía defenderse sola. Necesitaba ayuda para poder frenar el abuso. Angela le pidió ayuda y Daniela Lezcano nunca volvió a ser la misma.

Ahora tiene 42 años. Se recibió de psicóloga y está en el cuadro de honor de la UCA. El título se lo entregó, en 1997, Jorge Bergoglio en la Catedral de Buenos Aires. Pero enfrenta un juicio por su intervención en un caso de abuso sexual. Ella cree que no se trata de una causa aislada, sino que tiene que ver con una conducta sistemática de protección a los agresores y descalificación a las víctimas y a quienes las defienden en una serie de casos en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Y, también, que la acusación contra su trabajo es un caso testigo de las embestidas que sufre la mayoría de los y las profesionales de la salud que peritan y certifican las voz de los niños y niñas abusados.

Qué es el backlash

Las denuncias de abuso sexual no suelen tener pruebas físicas. Pero sí la voz de chicos y chicas que relatan su historia y que en la Argentina empezaron a escucharse a partir de 1983, con el regreso de la democracia. Pero los agresores no levantan las manos y se entregan como ovejas mansas. Su mejor defensa es silenciar la voz de quienes revelan ser ultrajados. Por eso, la estrategia de los denunciados es descalificar la voz de sus denunciantes alegando que no es la palabra real de niños y niñas sino la de las madres (en la mayoría de los casos) que les llenan la cabeza a través del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Pero, cuando eso no es suficiente, también invalidan, enjuician, amenazan, golpean o embargan a las psicólogas que peritan o atienden a los niños o niñas.

El backlash es la reacción frente a la mayor visibilización y denuncias de abuso sexual e implica una corriente de retroceso para dejar impunes a los agresores, revincular a las niñas o niños con sus victimarios (en muchos casos sus progenitores), perseguir a las psicólogas comprometidas, desalentar la intervención de otras profesionales en la defensa de niños y niñas abusados y hostigar en redes sociales a víctimas, madres protectoras, profesionales de la salud, organizaciones contra la violencia y periodistas que visibilizan el abuso sexual.

El 17 de noviembre del 2006 Las12 publicó la nota “No denunciarás”, en donde se informaba de la persecución a psicólogas que tenían que contratar seguros por la cantidad de juicios contra su patrimonio por parte de poderosos y adinerados acusados. “De la desmentida de la palabra de los niños se ha pasado a la desmentida de la palabra de quienes trabajan en función de la protección de su subjetividad. ¿Cuál es la consecuencia? La vigencia de un alto grado de visibilidad de la victimización sexual de los niños y sus consecuencias, coexistiendo con el intento de paralizar e impotentizar a quienes deberían seguir siendo los portavoces de la auténtica palabra de los niños”, advertía hace ya ocho años la psicóloga Alicia Ganduglia. La psicóloga Patricia Gordón, presidenta de la ONG enRED, de Mar del Plata, apunta: “El fenómeno del backlash crece paralelamente a todos los avances logrados por la lucha contra el abuso sexual y los derechos de los niños y las mujeres. Los profesionales que se comprometen con su saber pero también con su implicación seguimos siendo denunciados en los colegios profesionales en un claro intento de matar al mensajero”. Ella también apoyó y contuvo a Rocío Girat, la joven que, con veinte años, pudo hablar públicamente en nombre de ella y de muchas niñas abusadas que, por su edad, no tienen acceso a decir su verdad y, por eso, son desmentidas por sus agresores. A Rocío su papá, un suboficial de la Armada, la abusó desde los 14 años. Fue condenado a 14 años de prisión domiciliaria, pero luego del dolor público de Rocío y que se replicara su indignación, la Justicia cambió de idea y lo trasladaron a la cárcel de Batán.

Por su parte, la psiquiatra infanto-juvenil Irene Intebi, ex presidenta de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil (ISPCAN, por sus siglas en inglés) y autora del libro Proteger, reparar, penalizar, de Editorial Granica, promueve un salto de calidad: “No creo que haya un significado único de la persecución de profesionales, creo que puede tener significados diferentes en los distintos contextos en que ocurre. Lo que sí puedo afirmar es que la falta de lineamientos comunes para la toma de entrevistas ante sospechas de abuso sexual infantil y la falta de capacitación dejan abierta la posibilidad de que la parte acusada impugne o cuestione el trabajo de quien confirma y que, eventualmente, pase a la persecución. Habría menos posibilidades de persecución si la evaluación se hiciera de manera similar en Buenos Aires, La Pampa o Córdoba y si el Poder Judicial o el Ministerio Público ofreciera capacitaciones obligatorias para sus profesionales, peritos externos y aspirantes”.

Lxs chicxs no mienten

La propuesta es un paso adelante en la defensa de niños y niñas. Mientras tanto, Daniela Lezcano, psicóloga con especialización en maltrato y abuso infantil y perito forense (que también intervino en el juicio contra Alberto Juárez Villegas, ex ministro de Economía de Santiago del Estero y sobrino del ex gobernador Carlos Juárez que fue condenado, a fines de septiembre, a seis años de prisión por abusar de su hija), enfrenta un juicio porque el dibujo de una nena a la que ella atendió apareció (sin que estuviera con cadena de custodia) con una mueca de tristeza y una sanción administrativa del Colegio de Psicólogos de Azul, que intenta obligarla a no ejercer por dos años. Ella apeló y considera que su caso es un escarmiento para alejar a otras profesionales de la escucha a chicos y chicas abusados/as.

¿Cómo fue tu intervención en el caso del sobrino del ex caudillo santiagueño Carlos Juárez?

–Evalué al abusador a pedido de él y le hice un psicodiagnóstico que muestra que era compatible con el abuso. La mamá de la nena pide que me llamen como testigo y presento el informe en el 2002. Ahí me persiguieron judicialmente. Pero, igualmente, en el 2014 hay juicio oral y mi declaración lo pone en jaque. La lucha es grande y nos toca, como en el caso de Juárez Villegas, pasar catorce años hasta que se logra justicia. Pero, al final, se logró romper la impunidad y la niña, que ahora tiene 17 años, va a poder empezar una vida más normal sabiendo que se le creyó aun después de tantos años.

¿Qué te pasa después de escuchar un relato de abuso sexual?

–Se siente el compromiso. Los chicos hablan, dibujan o usan títeres y plastilina. Cuentan desde el cuerpo, la voz, las palabras, y para ellos dejaron en una el problema. Es muy difícil desprenderte de eso. No podés no comprometerte. Confían en que dijeron la verdad y que los van a proteger, están sufriendo y tienen miedo, mientras que el abusador utiliza mecanismos de coerción, como amenazas de que les va a pasar algo a ellos o a su mamá o el cuentito de “esto es un secreto y no se lo digas a nadie”. Los niños no mienten. Nuestro trabajo es que el/la niño/a se reorganice, decirle que no tiene culpa por lo que está contando, que él no es malo. Nuestro rol es tratar de que sane. Y en el caso de las pericias, poder llevar el testimonio cuando se nos cita. Aunque nos encontramos con escollos.

¿Qué es lo que más te marcó en tu experiencia con chicas abusadas?

–Justo veía en la televisión el caso de la chica violada en el colegio de Avellaneda y me acordé del caso de Sofía, que hoy tiene ocho años y tenía cuatro años cuando la vi, a mediados del 2010, después de un abuso. El padre denunció que su hija era abusada por la madre y su pareja. La Justicia obliga a que se haga un proceso de revinculación con la madre mientras que seguía el proceso penal. Un día a ella le tocaba la visita y el papá me llama que, al salir, la nena le dijo que había sido abusada nuevamente. Los fui a ver a la comisaría de la mujer. La carita de esa nena, colorada, llorosa, pero con lágrimas pegadas en las mejillas, que les veías los surquitos, esa cara de recién abusada, fue impactante.

¿Este caso demuestra que los varones también pueden ser protectores?

–La mayoría de las denuncias son realizadas por mujeres. Es el único caso que conozco de un padre protector.

¿La actuación sobre este papá denunciante muestra que no se trata de una persecución a varones sino de un modus operandi de abusadores sexuales?

–Se trata de invisibilizar el abuso y no verlo como delito. Hay un poder muy grande de los pedófilos. Es sistemática la persecución, el descrédito y la invisibilización del relato del niño y de los mensajeros que seríamos los psicólogos que validamos el relato. Siempre te dicen que estás paga y que estás mintiendo. El descrédito no está fundamentado en mi trabajo. El efecto es que los familiares que quieren proteger a las víctimas no consiguen psicólogas porque se replegaron a partir de la condena social.

¿Esta embestida contra las psicólogas genera que haya menos profesionales que quieran peritar o atender a chicos y chicas abusadas?

–Sí, por eso es importante que haya colegios como el de Córdoba, el de Bahía Blanca, el de Mar del Plata y el de La Plata, que se pronunciaron contra el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y alertan a los profesionales que no utilicen el SAP.

¿Por qué te sancionaron?

–En Tandil estaba el caso de Sofía y otros quince casos. Por eso se autoconvocó un grupo de familiares que fueron buscando justicia y respaldo e hicieron denuncias públicas al Ministerio de Justicia de la Nación, a Madres de Plaza de Mayo y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Pero ante cada pasito adelante había una embestida. Hubo un caso en el que se les sacó los niños a la madre porque era pobre y los dieron en adopción, también a una abuela el asesor de menores le fisuró dos costillas porque ella le decía que no iba a permitir que revincularan a sus nietos con el abusador. A mí me cortaban los cables de mi casa y llamaban a mis hijos. Pero no me intimidaban hasta que lograron armarme una causa. Yo tengo mi título y fui el orgullo de mis viejos y es terrible salir en los diarios como la psicóloga cuestionada.

¿Cuál es la acusación?

–En el 2010 una nena, M., de cuatro años, que era paciente mía, después de un año de terapia, viene con un hematoma a la altura de la cadera y me cuenta que se había golpeado en una situación de forcejeo. Me dice que no quería que el padre “le chupe el pilun”. Le cuento a la mamá y ella hace la denuncia. Yo no hago el diagnóstico. El equipo técnico del Juzgado de Familia evalúa a la nena, dicen que hay indicadores de abuso sexual y le ponen una restricción de contacto al padre. En el 2011 me notifican que el fiscal Marcos Eguisquiza me investiga por falso testimonio y falsificación de instrumento privado como si yo hubiera tergiversado o tocado el dibujo de la nena. La acusación no dice que se cambiaron las partes sexuales, sino que en la cara se le hizo una mueca hacia abajo como si estuviera triste.

¿Qué pasó con ese dibujo?

–En julio del 2010 yo le entrego ese dibujo a la madre y ella lo deja en la Comisaría de la Mujer, pero nunca tuvo una cadena de custodia. Un año después dicen que pude ser yo la que tocó el dibujo y que la nena pudo denunciar al padre porque la induje.

¿Alegan que la terapeuta le metió en la cabeza que fue abusada?

–No pueden decir que no dijo lo que dijo, entonces dicen que yo la induje. Hay una historia clínica completa, hay testimonios de las maestras del jardín en el que ella tenía cambios de conducta sexualizados y la costumbre de dar besos como sapo. Y un diario donde la mamá contaba día a día lo que la nena iba diciendo. Ahora puedo ir a un juicio oral por esta denuncia. Estoy tranquila porque tengo una buena defensa con mi abogado Carlos Zimerman. Pero, a su vez, el juzgado manda la investigación al Colegio de Psicólogos del Distrito Ocho de Azul, que me arma un tribunal y me imponen, en febrero del 2012, una sanción administrativa: el bloqueo de matrícula y la inhabilitación para ejercer por dos años, dando por hecho que pude inducir a la niña y falsificado el dibujo. Yo no dejé de ejercer porque estoy apelando judicialmente la sanción administrativa, aunque sí me afectó muchísimo el ánimo la condena de algunos medios interesados en defender intereses de los poderosos.

¿Qué implica este proceso?

–Si no hay psicólogas que validen las palabras de los niños y niñas se terminan las denuncias de abusos. Si instalan que las madres están locas, las cansan y las invisibilizan y acallan a la psicóloga, también quedan más indefensos los niños y niñas. El fin es acallar las denuncias de quienes queremos proteger a los más débiles.