Al salir de una audiencia de un caso por abuso sexual infantil, el acusado se acerca amenazante a la doctora en Psicología Bettina Calvi, que trataba a la víctima, de 4 años, y le dice: “Usted a mi hijo no lo va a atender nunca más, porque por su culpa él no me quiere ver”. El tratamiento se interrumpió, el niño empeoró y hoy otra psicóloga conmina a retomar el trabajo terapéutico con urgencia. En los Tribunales, las profesionales que atienden a niñas y niños víctimas de abuso sexual y violencia familiar viven toda clase de intimidaciones. La amenaza de ser denunciadas es una de las herramientas más comunes de los abusadores y sus abogados. De hecho, dos profesionales cuestionadas ante el Colegio de Psicólogos evitaron contar su caso con nombre y apellido porque su proceso está en marcha. “Mi situación es muy delicada. La denuncia está en manos del Tribunal de Etica”, fue la respuesta calcada de dos psicólogas. Una de ellas actuó en un caso de abuso, la otra en uno de maltrato. Las denuncias tienen una intención ejemplificadora: impedir que las profesionales tomen los casos. Y surten efecto.

Por eso, un grupo de psicólogas rosarinas comenzó a reunirse para organizar acciones colectivas, en el marco del programa de la UNR ProTeGer (tendiente a generar responsabilidad social en el cuidado de niños, niñas y adolescentes). El primer reclamo de las participantes de esas reuniones es que el Colegio de Psicólogos de Rosario rechace el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), como ya lo hicieron los colegios de Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca y La Plata. Ese falso síndrome es utilizado, aunque no siempre se lo nombre como tal, como estrategia defensiva de los acusados de abuso. Es una de las caras de la reacción contra la revelación del abuso sexual infantil. La otra es el backlash, contra profesionales intervinientes. “Venimos escuchando desde hace bastante tiempo sobre psicólogxs que hacen su informe, que es lo que deben hacer, sobre la situación de abuso y luego son demandadxs por los acusados, que fueron sobreseídos. Estos hombres la emprenden contra el psicólogo, la psicóloga, con amenazas terribles”, relató Calvi sobre la génesis de esta acción colectiva. La profesional aclaró que la tarea de lxs psicólogxs en estos casos no se basa en “una opinión, sino en una práctica científica”.

Natalia Amatiello es una de las psicólogas que participa de las reuniones de este incipiente colectivo. “Somos muchos los colegas que estamos recibiendo este tipo de amedrentamientos y amenazas. La idea es generar un marco de protección de las personas que trabajamos con niños y niñas, porque quedamos en el fuego cruzado. Por un lado, no se cree en la palabra del niño, cuyo relato es un indicador específico de abuso sexual en la infancia. En general, llega al sistema judicial por la denuncia de la madre o el profesional que lo escucha, y ahí entra en juego nuestra mayor problemática: al escuchar esto en el consultorio, como es un delito, quedamos eximidos del secreto profesional, tenemos que denunciar, acompañados de un adulto protector”, desglosa la profesional. La defensa del sospechado no ataca directamente al niño, sino a los adultos que lo están defendiendo. Y eso tiene un efecto. “Estamos preocupados porque trabajo a full en mi consultorio y a veces necesito derivar, pero no puedo conseguir profesionales que tomen estas derivaciones. Los más jóvenes porque son jóvenes; los más grandes, porque ya han tenido problemas. El mecanismo es atacar a la voz de la víctima”, agregó Amatiello, quien señaló la obligación de los profesionales de denunciar, que no sólo es ética sino también legal.

Otra de las participantes del colectivo, Natalia Palma, si bien no fue denunciada, recibió amenazas. Para ella, el problema es la “indefensión” de lxs psicólogxs. “Desde lo público, una tiene un marco para abordar las situaciones de abuso. Desde lo privado, si el Colegio de Psicólogos no te acompaña, estás sola. El Tribunal de Etica dice que uno se puede amparar en el secreto profesional para no hacer informes o no denunciar, pero así se queda por fuera del sistema de protección integral para la infancia”, apuntó Palma.

De hecho una de las psicólogas denunciadas ante el Tribunal de Etica se amparó en el artículo 27 de la ley provincial 12.967, de protección integral de la infancia, que indica que “todo miembro de establecimientos educativos o de salud públicos o privados” que tenga conocimiento sobre la vulneración de derechos de niños o niñas tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades.

Consultada la presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción (Rosario), Susana Olcese, afirmó que antes de 2010 hubo una denuncia y entre 2010 y 2014 hubo sólo dos denuncias “que rocen el abuso sexual infantil”. Las 12 contactó a dos personas denunciadas que aseguran conocer a otras colegas en la misma situación.

Para la abogada Eliana Squiro, del Area de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Integración y Desarrollo Comunitario de la Universidad Nacional de Rosario, “el tema va más allá de la persecución que están sufriendo los profesionales. Es el estado de vulnerabilidad en el que quedan los chicos que sufren el abuso. Muchos profesionales están optando por no intervenir en estos casos, por la persecución que sufren permanentemente. Las denuncian en el Tribunal de Etica, les mandan cartas documentos alegando falsas denuncias, las amenazan con iniciarles un juicio por falso testimonio”, describió Squiro.