“La clínica del horror”, alertó, el 10 de diciembre, el epígrafe de C5N, que, en realidad, no alertó del horror de la clandestinidad del aborto, sino que le puso el mote de horror a las interrupciones de embarazos. Las cámaras de un canal de televisión no llegaron solas, sino por aviso de fuentes judiciales o policiales que suelen avisar de procedimientos importantes. Así que a alguien en la Justicia o la policía se le ocurrió que haya cámaras y a algún responsable periodístico le pareció atinado filmar el momento en que sacaban a mujeres en camilla mientras a la derecha de la pantalla se podía leer (por si quedaba alguna duda) “las mujeres que abortaban” y el GPS del escrache del derecho a decidir en Ciudadela.

Se generó más escándalo porque se trataba de un local político y anunciaban: “dos médicas presas, tres pacientes aprehendidas”. La sola exposición mediática de víctimas de la clandestinidad de un delito que –hasta ahora– no era generalmente perseguido, ya es una forma de violencia simbólica hacia las mujeres por parte de la televisión y de violencia institucional y a los derechos sexuales y reproductivos por parte de las fuerzas de seguridad.

En este contexto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil reclamaron que se cumpla con los abortos legales (en casos de violación, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es inviable) en múltiples acciones legales presentadas en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero. Tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) le reclamaron al Ministerio de Salud de la Nación que incorpore, obligatoriamente, la atención en el sistema de salud de los abortos legales ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.