La vulnerabilidad económica es un aspecto central de la dominación patriarcal sobre las mujeres, que junto con la constante y sutil construcción social de una minusvalía en su autoestima las prepara para ser “las víctimas adecuadas” de las violencias de género.

El Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación incorpora a las mujeres víctimas de violencia de género y, seguramente, ayudará a muchas que quedan como jefas de hogares monomarentales después de la separación a insertarse laboralmente, alimentar a su prole y no morir en el intento. Los subsidios son fundamentales para ayudar a las sobrevivientes y sus hij@s a rehacer su vida e independizarse económicamente de quien les agredió, y así el Estado cumple con parte de sus obligaciones para con sus ciudadanas.

Sin embargo, el Estado también debe ocuparse de perseguir a los agresores, aquellos padres que una vez separados no pasan alimentos para manipular a sus ex parejas y castigarlas por haberlos dejado. Este es un mal grave, invisibilizado y documentado en todo el mundo. Se trata, nuevamente, del patriarcado, donde los agresores son invisibles y, por lo general, resultan impunes. En la prostitución los “proxenetas/clientes” son caballeros anónimos, en el debate sobre el aborto toda la atención está en las mujeres y no se menciona a los violadores que embarazaron a niñas de 10 a 15 años. Los varones violentos que intencionalmente tratan de provocar abortos están invisibles en el Código Penal, en los discursos pro-vida y eclesiásticos. En la violencia en la pareja también el acento está puesto en la mujer: ella debe denunciar, seguir un tratamiento, notificar la orden de no acercamiento.

En el Seguro de Capacitación y Empleo la mujer también tiene que denunciar a su agresor como requisito para poder recibirlo. La violencia patrimonial por falta de pago de alimentos causa pobreza a las familias monomarentales. Por ello es necesario que el Estado coloque la lupa sobre los padres incumplidores e impida su impunidad. Así se lo exigen la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos de l@s Niñ@s y la Cedaw.

La cuota alimentaria es un derecho y su no pago constituye violencia económico-patrimonial (Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer contra las Violencias). Las políticas de subsidios deben ser acompañadas por la voluntad política y judicial de sancionar a los incumplidores alimentarios pues si faltan se invisibiliza al agresor y se garantiza su impunidad. No pagar alimentos a un hij@ es un delito contra la familia que raramente se conoce y que debiera ser tratado como un delito grave, ya que la violencia patrimonial hipoteca el desarrollo de l@s hij@s, genera pobreza y perpetúa la violencia contra las mujeres que han podido separarse de sus agresores.

El patrón de impunidad en el pago de alimentos nos habla de un Estado patriarcal que se resiste a cambiar.

* Abogada, doctora en Políticas Sociales y master en Género.