El 17 de agosto de 2013 salieron tres personas de una casa de un barrio de Derqui: Lulú, Yanina González y Alejandro Fernández. La nena de 2 años no volvió más. Tampoco su mamá: en el centro de salud al que llevó a socorrer a la chiquita le comunicaron que la niña había fallecido por los múltiples golpes, y de ahí, a la cárcel. Recién en diciembre pasado dejó la Unidad 33 de Los Hornos, La Plata, con prisión domiciliaria. No la imputan por el femicidio de la pequeña sino por “no protegerla”, sin considerar la cadena de violencias que la azota desde su infancia. Así, el lunes pasado comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, promovido por la fiscal Carolina Carballido Calatayud, de la Unidad Funcional Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial local, el proceso oral y público que se niega a buscar justicia para la niña y su madre.

Durante la primera audiencia, la abogada de Yanina, Gabriela Conder, exigió –sin éxito– la nulidad del proceso por no tratarse de un delito de acción el que se investiga, porque los hechos no sucedieron tal como la Fiscalía los presenta y por haber violado los derechos de González al ocultársele que había otra causa paralela que investigaba la muerte de su hija Lulú. La fiscal abrió una causa por el femicidio de la nena pero no se lo informó a la defensa de la joven. El acusado es Fernández, quien no pudo declarar en el debate.

Mientras, afuera y adentro del tribunal, resonó un reclamo: justicia. Organizaciones e independientes agitaban por la libertad de la joven y de Tiziana, la beba que parió en cautiverio –estaba embarazada de 6 meses al ser detenida– y por el esclarecimiento del femicidio de Lulú. “Cuando la vi en el cajoncito pensé que podía ser mi nene”, declaró una ex pareja del femicida, el macho que no dejó de hostigarla y que llegó a amenazar a una vecina del Barrio Obligado, en San Miguel, que se acercó al juicio para acompañar a quien injustamente fue sentada en el banquillo. “Vos tenés una hija, le puede pasar lo mismo”, le deslizó Fernández.

En la segunda jornada un perito relató con detalles abrumadores que el cuerpo de Lulú estaba lleno de golpes. Cecilia Raspeño, integrante del Centro Comunitario Gallo Rojo del Barrio Obligado, al que asistían madre e hija, contó que la nena no estaba bien en los días previos a su muerte. Y la fiscal cargó contra ella. “Hacerle frente a un violento no es fácil”, ilustró a la especialista. Y siguió, contundente: “Al cabo de meses (Yanina) comenzó a relatar que él había querido tener relaciones sexuales con ella, a lo que se negó, y que cuando se levantó a la madrugada a hacerle la leche a Lulú, él le estaba pegando”.

Según la médica generalista que testimonió el tercer día, Fernández culpó al padre biológico por los golpes de la chiquita y luego, al caerse esa coartada, acusó a Yanina. ¿Puede decirse que la joven abandonó a Lulú? ¿Acaso los intentos desesperados por devolverle el aliento pueden juzgarse como un desentendimiento? ¿La fiscal tuvo en cuenta que la autopsia, la que reveló que la pequeña murió a causa de traumatismos craneoencefálico y torácico, demostraba que fuera de esos golpes la nena estaba en óptimas condiciones de salud? Esas son preguntas que aún no pueden responderse porque la Justicia sigue ciega de género.