Durante el mes de marzo, el debate sobre la criminalización de la transmisión del virus de VIH/sida cobró relevancia en los medios a través de diversos reportajes. Sonia Corrêa, investigadora asociada de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida (Associaçao Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA) y cocoordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política (Sexuality Policy Watch; SPW, sigla en inglés), afirma que la falta de información sobre el tema y la falta de preparación de los medios brasileños contribuyeron a crear un clima de pánico moral que afectó a la sociedad brasileña. Para Sonia Corrêa, el hecho de desplazar el foco de la atención hacia un pequeño grupo con prácticas sexuales disidentes (tales como el barebacking) oculta las condiciones y factores que están en el centro del debate sobre el aumento de la epidemia de VIH/sida.

ABIA: –¿Cómo evalúa esta ola de criminalización de la transmisión del VIH en el Brasil?

Sonia Corrêa: –Las propuestas de criminalización de la transmisión del VIH no son recientes en este país. Desde la década de 1980 se han aplicado los artículos existentes en el Código Penal de 1940 (referentes a la transmisión de una enfermedad contagiosa) para criminalizar personas que supuestamente transmitieron el VIH a otras. El primer proyecto de ley específico de criminalización de transmisión del VIH es de 2001. Ya en 2012, la ABIA produjo un informe sombra sobre el problema de la criminalización de la transmisión del VIH en el país, presentándolo en la Revisión Periódica Universal (RPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH - ONU). El informe identificó y analizó críticamente casos en marcha, en los cuales había personas acusadas que estaban siendo juzgadas con base en el Código Penal de 1940. Tal vez lo que ahora sea nuevo es que esta ola actual se da en un momento político problemático, porque el nuevo presidente de la Cámara Federal, diputado Eduardo Cunha, es evangélico y se declaró en contra de los homosexuales, el aborto y la prostitución. Ya empezó a promover proyectos de ley de corte conservador en relación con varios temas, inclusive en lo que respecta a la criminalización de la transmisión del VIH. Más allá de esto, existe una enorme desinformación sobre este tema en nuestro país. Los medios deberían reflexionar más sobre el papel que vienen desempeñando, porque lo que han hecho hasta ahora ha sido promover el pánico moral. Por ejemplo, en el Brasil no han sido divulgados análisis críticos que están disponibles (producidos por agencias de las Naciones Unidas, instituciones académicas o redes globales que trabajan con VIH/sida, y que abordan la ineficacia y los efectos negativos de esas leyes penales. Uno de ellos es el Manual de la Onusida (Unaids) sobre Criminalización (2009) y, más específicamente, el “Informe de la Comisión Global sobre el VIH y la Ley” (2012), publicado en portugués el año pasado. Algunos de estos análisis señalan que en varios países en donde las leyes criminalizan la transmisión del VIH, tal fenómeno tuvo lugar como efecto de situaciones de pánico moral creadas alrededor de casos específicos de transmisión. Principalmente, este vasto conjunto de materiales destaca reiteradas veces que aquellas legislaciones no tienen efectos positivos desde el punto de vista de la salud pública, o sea, de las medidas de prevención.

ABIA: –¿Cuál es la situación actual de las leyes que criminalizan la transmisión del VIH en el panorama mundial?

Corrêa: –Siempre que se habla sobre este tipo de legislación, se hace una asociación con las políticas globales de VIH y del sida implementadas por la administración de George Bush al comienzo de la década del 2000. Esa asociación no es incorrecta en función del tono moralista de las políticas norteamericanas de aquel período; de hecho, influyeron directamente en la adopción de legislación criminal específica en los países del Africa Subsahariana. No obstante, un gran número de estados en los EE.UU., Canadá y varios países europeos aplican los artículos de sus códigos penales (es decir, leyes penales generales) para criminalizar a personas acusadas de transmitir el VIH y el sida. El ejemplo más conocido y debatido es el de Suecia, país que también criminaliza a los clientes de sexo comercial. Este es un dato importante y paradójico, porque los países del Norte, supuestamente desarrollados y vistos en general como “modelos de democracia y de bienestar”, en este caso no ofrecen un buen parámetro. Mapas recientes de esas leyes criminales muestran que a pesar de que en Africa y en otras regiones del Sur Global se han adoptado recientemente leyes específicas de criminalización de la transmisión del VIH/sida, no han sido efectivamente implementadas. Pero en Canadá, Estados Unidos y Europa (especialmente Suecia), la criminalización de hecho se implementa a partir de leyes no específicas, muchas veces de forma draconiana. Por este motivo, las redes internacionales que trabajan con el tema hacen críticas severas y sistemáticas a las políticas criminalistas de esos países.

ABIA: –¿Cómo debería orientarse a la sociedad sobre este tema?

Corrêa: –Desde hace algunos años, la ABIA viene realizando acciones para informar a la población y ampliar la discusión sobre la criminalización. En el 2010, organizamos un seminario en conjunto con la Orden de los Abogados del Brasil (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) y el grupo Pela Vidda Niterói. Ese seminario dio origen a una publicación, editada en el 2011. En cuanto al informe sombra que mencioné anteriormente, la ABIA demostró cómo el uso aplicado por la policía y el Poder Judicial sobre los artículos existentes en el Código Penal para criminalizar la transmisión del VIH puede constituirse en una violación de los derechos humanos. El caso emblemático fue el de una mujer condenada en Río de Janeiro por la transmisión del VIH y la muerte de un hombre. El fallecimiento había sido antes de la investigación. Podemos decir que esa mujer fue condenada y encarcelada con base en el “me dijo que le dijo”. Aunque ella pueda haber tenido relaciones sexuales con el hombre que falleció, éste también puede haber tenido relaciones con otra persona con VIH positivo. O sea, en esas condiciones, era prácticamente imposible la prueba de una transmisión. El año pasado la ABIA también promovió la diseminación del “Informe de la Comisión Global sobre el VIH y la Ley”, documento que al día de hoy constituye un parámetro fundamental para este debate.

ABIA: –¿Cuáles son los efectos negativos más relevantes de la criminalización de la transmisión?

Corrêa: –Quisiera citar otro documento importante en el debate global sobre este tema: la Declaración de Oslo sobre la Criminalización de la Transmisión (2012), que a su vez trae varios artículos sobre cómo y por qué, en términos de la salud pública, la criminalización genera más daños que beneficios. Por ejemplo, el documento afirma que las medidas que permiten a las personas tener acceso a testeos y a medidas de prevención (tales como preservativos y, actualmente, nuevas tecnologías) son siempre mucho más eficientes en términos de salud pública que la adopción de una ley penal. Esto es lo que la ABIA ha defendido. La ley penal puede tener un efecto espectacular en los medios, pero no impacta sobre los factores estructurales que explican la transmisión del VIH en un sentido amplio, determinada por factores tales como desigualdad de clase, género y raza, falta de acceso a la información, servicios e insumos. ¿Qué sucede en la práctica cuando se adopta una ley penal de este tipo? Se identifica a alguien considerado culpable. Esto moviliza pasiones sociales relacionados con esa persona, que pasa a ser vista como “la” responsable por la transmisión de un virus que mata, porque tiene una sexualidad “irregular”. Y cuando el foco (de la ley, de la política, del debate público) aísla a esa persona o a un grupo pequeño, son retirados del debate otros aspectos más relevantes que sí explican la ampliación de la epidemia. Por ejemplo: el VIH continúa siendo transmitido y la epidemia crece o se estabiliza porque un número significativo de personas no realiza tests, o porque esas personas no toman las medidas de prevención necesarias, o porque cuando son VIH positivas no se tratan. El foco en las sexualidades disidentes como los barebacking nos hace olvidar que la transmisión entre hombres y mujeres continúa como un efecto de la desigualdad de género, especialmente en el campo de la sexualidad. Fue lo que le pasó a Talita, la participante del Gran Hermano (Big Brother Brasil) que se transformó en la Geni –este nombre hace referencia a la famosa canción de Chico Buarque, “Geni e o Zepelim”, atribuido en el Brasil a personas que, en determinadas circunstancias sociopolíticas, se vuelven blanco de repudio público (N. de la T.) de las redes sociales porque no se cuidó como debía, mientras su compañero había tomado todas las medidas de prevención. También están los jóvenes que tienen sexo con hombres (o aquellos que se autodenominan gays), y que de alguna manera dejaron de cuidarse porque las campañas –mostrando que la epidemia no desapareció– fueron abandonadas. El tema del riesgo, particularmente entre hombres, es un tema poco debatido. ¿Por qué las personas no están usando preservativos? ¿Por qué no los encuentran? ¿Dónde están los preservativos? Aquellas personas que son VIH positivo, si no se están tratando, ¿por qué no lo hacen? En fin, hay varias preguntas de carácter social y cultural que quedan en el olvido cuando se pone el foco en 3, 10, 15 personas envueltas en prácticas sexuales disidentes de transmisión deliberada del VIH.

ABIA: –¿Cómo debería lidiar con esa nueva ola el movimiento Sida?

Corrêa: –Es necesario tener mucho cuidado con el tema de las prácticas sexuales, sean cuales fueren, desde que se realicen con consentimiento. Más allá de esto, ante cualquier debate realizado por el movimiento Sida (o cualquier iniciativa que sea tomada en relación con el pánico moral creado alrededor del barebacking en el contexto de esa nueva ola de criminalización de la transmisión del VIH) es vital correlacionar ese tema con todas las otras cuestiones que entran en la bolsa de la criminalización, tales como el aborto, la criminalización de clientes de prostitución y la criminalización de drogas. En este momento, todos estos temas están a la orden del día en el Congreso. Por ejemplo, existe un proyecto de ley llamado el “Estatuto del niño por nacer” (Estatuto do Nascituro), cuya tramitación y eventual aprobación puede implicar la eliminación de los tres permisos de aborto en el Brasil: casos de violación, riesgo para la madre y anencefalia. Considerando las condiciones políticas del Congreso, puede suceder que el proyecto del diputado Joao Campos sobre la criminalización de clientes de prostitución también salga del cajón para oponerse a la ley Gabriela Leite, presentada por el diputado Jean Wyllys. De la misma forma, existen proyectos draconianos que tienden a ser promovidos sobre el aumento de la criminalización del uso de drogas, colocando a Brasil a contramano de la tendencia mundial. En el exterior, incluyendo los EE.UU., se ha repensado críticamente la “guerra a las drogas”. Un debate informado y plural sobre la criminalización de la transmisión del VIH –pensada en ese contexto más amplio– puede contribuir para una reflexión crítica sobre el recurso fácil de la ley penal como instrumento de pedagogía social. Porque tal como ha sucedido en otros países, esta perspectiva ha sido adoptada actualmente en Brasil sin demasiado cuidado por varios movimientos sociales que luchan por la igualdad entre los géneros y los derechos sexuales.

Entrevista publicada originalmente en la página web de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida (Associaçao Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA)