El embarazo adolescente es un grave problema de justicia social y salud pública absolutamente descuidado. Tenemos leyes como la de educación sexual (ley 26.150 del año 2006) cuyo cumplimiento no se monitorea ni se jerarquiza en los establecimientos educativos. En la práctica las escuelas brindan clases en forma irregular y limitada.

Tampoco existe un monitoreo sistemático sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673 del año 2002) que incluye, entre sus objetivos, la prevención del embarazo no deseado y la promoción de la salud sexual de los adolescentes.

Por ello no puede sorprender que se obtengan datos preocupantes sobre el incremento de la maternidad adolescente en un 15 por ciento en esta década, lo que implica una constante regresión en el respeto y goce de los derechos de las niñas. El resultado es la profundización de la desigualdad: son las que van a abandonar más rápido la escuela, las que van a engrosar la lista de jóvenes que no estudian ni trabajan (aunque están en el hogar criando a sus hijos y cuidando a sus hermanos). Se profundiza así el rol materno de única responsable de la crianza de los hijos, aumentando la desigualdad frente al varón que no asume el cuidado compartido ni la crianza de quienes también son sus hijos. Esta realidad determina que cuando decida buscar un empleo sea parte del lote de desocupados y que sólo encuentre empleos precarios y de baja remuneración, con lo que se consolida su pobreza y su exclusión.

Muchas son las tareas pendientes para implementar soluciones concretas que aseguren los derechos humanos de nuestras niñas y adolescentes víctimas en muchos casos de embarazos producto de violación, cuya impunidad refuerza el círculo de violencia que las adolescentes no pueden romper. Se estima que sólo se denuncia uno de cada diez delitos contra la integridad sexual y que sólo uno de cada diez llegará a tener condena. Por eso se deben implementar cambios en la investigación y el juicio y crear y fortalecer la actuación de fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, con la participación de equipos interdisciplinarios que atiendan la salud de las víctimas y la preservación de las pruebas. Un antecedente fue la fiscalía especializada en Mar del Plata, cuya actuación integral y respetuosa de los derechos de las víctimas tuvo como resultado que las denuncias se quintuplicaran. Lamentablemente actuó durante menos de un año y fue cerrada sin explicación alguna.

Es hora de emprender acciones integrales para no seguir lamentando el retroceso de los derechos de las niñas y adolescentes. Proponemos la creación del Ministerio de la Igualdad que implemente un Programa de Igualdad de Oportunidades que comprometa a todos los ministerios para llevar adelante acciones con perspectiva de género.

* Ex diputada nacional por el Partido Socialista y actual directora de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (F.A.C.A.).