En Argentina, piso que por ley obliga a la administración pública a ejercer la discriminación positiva, para revertir los efectos de mecanismos tradicionales que aseguran una mínima presencia femenina en lugares de decisión. En líneas generales, diríase que por norma alcanza el generosísimo y abundante 30 por ciento del total de cargos, y que recién en los últimos años comenzó a cumplirse de manera efectiva. La última demostración fue la postulación con posterior nombramiento de dos juezas para la Corte Suprema, lo cual en términos estrictamente estadísticos implica un 18 por ciento y no explica por qué, tras la llegada de dos mujeres, empiezan a barajarse nombres de señores.